Cada paso que da la reforma eléctrica es una complicación más para el consumidor. A la subida del 100% del término fijo de potencia el consumidor se ha defendido rebajando la potencia contratada y el Ministro de Industria ha reaccionado anunciando un nuevo atropello para gravar aún más la potencia contratada. Para facturar por horas el recibo de la luz se exigen unos contadores inteligentes que no existen, por lo que el consumidor seguirá sin saber qué paga, sin poder defenderse de la volatilidad del mercado mayorista ni gestionar su demanda. El ahorro del 4% que los consumidores iban a disfrutar por la eliminación de las subastas CESUR quedará en nada y ni siquiera se les devolverá los 1.160 M€ de sobreprecio que han pagado a las eléctricas desde 2009.
Cada vez está más claro que la reforma se hace en contra de los consumidores y exclusivamente para proteger los ingresos del sistema eléctrico en contra del interés general. El cambio de contador debería servir para reducir la factura de la luz al consumidor y que éste pueda controlar su consumo de energía en tiempo real accediendo directamente a su contador. La normativa vigente no obliga a ello y las eléctricas han dicho con claridad que es imposible, por lo que al final el control del contador seguirá estando al servicio de las compañías eléctricas y los usuarios seguirán indefensos cada vez que les llegue la factura de la luz.
El contador es una herramienta por la que el consumidor debería disponer directamente de la máxima información para poder controlar, planificar y modificar su consumo. A nivel de hogares y empresas es un poderoso instrumento de eficiencia energética y reducción de costes energéticos. La complejidad y precipitación con que se está desarrollando la modificación del método de facturación de la luz, algo no previsto al inicio de la reforma, hace pensar no solo en una improvisación más sino en un enorme embrollo cuando está en marcha desde 2007 un plan de cambio de contadores para 2018. Más valdría que el Gobierno paralizase el cambio de contadores que se está haciendo e investigara la verificación de su calidad para exigir que el cambio se atenga a las funciones que ahora se pretende que cumplan; de lo contrario, no solo se estará permitiendo un despilfarro de dinero sino que se cargue a las espaldas del consumidor injustamente y con la trampa de unos contadores que nadie ha homologado y a los que solo tiene acceso la eléctrica.
El próximo 5 de junio finaliza el plazo de transposición de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética que dedica dos artículos a los contadores y a la facturación de la luz. Los contadores deberán reflejar el consumo real sobre el tiempo real de uso. Los contadores inteligentes deberán proporcionar información horaria y funciones mínimas para cumplir objetivos de eficiencia energética, así como dar cuenta de la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones del cliente final. La información de los contadores sobre entrada y salida de electricidad le será facilitada al mismo cliente o a un tercero que actúe en su nombre en un formato comprensible para poder comparar ofertas.
Con respecto a la información sobre la facturación, la Directiva 2012/27/UE establece que la información se basará en el consumo real y podrá hacerse a través de un sistema de autolectura por parte del consumidor, garantizándose el acceso del cliente final a la información sobre su consumo histórico que incluirá información diaria, semanal, mensual y anual a través de internet o en el interfaz de su contador. Toda esta información estará disponible también para el suministrador de servicios energéticos que designe el cliente. Al consumidor se le ofrecerá la opción de información electrónica sobre su facturación y una explicación clara y comprensible de los conceptos y costes incurridos. También se facilitará información sobre el coste de la energía en un formato comprensible que se pueda utilizar para comparar ofertas.
El tratamiento que da al consumidor la Directiva de eficiencia energética y el que le da la reforma eléctrica es diametralmente opuesto. Mientras la Directiva europea coloca al consumidor en el centro del sistema como dueño de su contador y de la gestión de su demanda, el Gobierno lo despoja de sus derechos de acceder al contador y de ahorrar energía, y además se lo cobra.
La reforma eléctrica incumple flagrantemente la Directiva 2012/27/UE ya que debería partir de la transposición al ordenamiento jurídico de las normas europeas de eficiencia energética, de contadores y de facturación de la luz; porque el problema de fondo es que no se puede garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico a través de una reforma que atropella a los consumidores y que no prioriza la gestión de la demanda sobre cualquier otro interés; eso pasa porque el cliente final tenga el control sobre su contador.
