Antes del comienzo de la Cumbre del clima de Bonn, la ONU ha repetido la advertencia de que los compromisos de los países que firmaron el Acuerdo de París de 2015 apenas suponen una tercera parte del esfuerzo necesario para evitar que la temperatura del planeta supere los 2ºC y ha criticado las vacilaciones políticas para cerrar las centrales de carbón y multiplicar la inversión en renovables y eficiencia energética. La Organización Meteorológica Mundial ha constatado que en 2016 se alcanzó el récord de crecimiento de las emisiones de CO2 en un solo año y que la temperatura en 2017 está siendo un 1,1ºC, superior a la media de la última década.
Con la tendencia actual la temperatura superará los 3ºC en este siglo y los riesgos para España y su litoral se encadenarán de forma creciente por la velocidad de crecimiento de las emisiones. Las variaciones climáticas que se han sucedido este año, con olas de frío, calor y sequía extrema, combinadas con una regulación energética que no ha permitido instalar nueva potencia renovable en los últimos cinco años, han disparado las emisiones energéticas en España.
Según los datos de REE, las emisiones derivadas de la generación eléctrica de 2016 se situaron en 69,5 millones de toneladas de CO2, un 18,3% inferior al registro de 2015 y un 43% menor que el de 2007, debido a la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables durante la última década. En los diez primeros meses de 2017 ya se han superado los 60 millones de toneladas de CO2 y se espera llegar en diciembre a los 72 millones por falta de renovables, sobre todo solar distribuida. Según los informes de la patronal de las renovables APPA, la generación renovable evitó más de 40 millones de toneladas de CO2 en 2015 y 36,5 millones en 2016.
Los impactos de las emisiones energéticas en España
Un mix energético que ha paralizado la inversión renovable para rentabilizar la generación con gas y carbón no solo tiene un impacto en el crecimiento de las emisiones energéticas; además, impide gestionar las puntas de demanda de electricidad provocadas por los fenómenos meteorológicos. Los impactos también afectan a la renta nacional y a la renta disponible:
• España tiene la electricidad más cara de Europa, ya que el precio mayorista lo fijan el carbón y el gas. Tal es el poder de los combustibles fósiles en la fijación de precios que después de más de una década de legislación contra las renovables, el Ministerio de Energía ha acabado reconociendo que la falta de renovables ha elevado el precio de la luz.
• En los ocho primeros meses de 2017 el déficit comercial energético se ha incrementado un 35,5%, hasta 14.693 millones de euros, y se ha producido un aumento del 43,1% de las importaciones energéticas. Es el coste energético más importante.
• La sequía ha producido pérdidas a las eléctricas por más de 1.000 millones de euros. La caída de la producción hidráulica y su sustitución por generación con carbón y con gas han ocasionado una reducción media del 8,6% del beneficio bruto en los nueve primeros meses de 2017.La pérdida de rentabilidad de las grandes eléctricas convencionales va unida a su mayor exposición a los combustibles fósiles.
El futuro no es más halagüeño. Según PWC el crecimiento de las emisiones energéticas en España ha sido del 29% en el periodo 1990-2012 y se espera que lo hagan entre el 72% y 83% para 2033 con la actual política energética. El único escenario en el que se puede prever una reducción de emisiones es el que contempla los criterios de consumo de energía casi nulo con autoconsumo para todo el parque edificatorio y más de un 50% de vehículos eléctricos, sin centrales de carbón ni nucleares.
Más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España proceden del suministro y consumo de energía y existe una relación directa entre la utilización de los combustibles fósiles y el cambio climático. Pero existe una relación más directa aún entre las emisiones y la regulación energética. La ausencia del CO2 o de criterios de sostenibilidad ambiental ha sido una constante en los cambios regulatorios que se han producido desde 2008. La prioridad de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y gasista ha conducido a socializar los costes medioambientales y no internalizar los impactos asociados al consumo de hidrocarburos.
Los cambios regulatorios necesarios
La regulación eléctrica deberá incorporar una visión de largo plazo que entienda que los costes de no adaptación al cambio climático duplicarán en 2020 los costes de adaptación y se triplicarán en 2050. Los cambios regulatorios deberán tomar en consideración:
• Las renovables son la energía de la transición energética. Ni el gas ni el carbón pueden ser energía de respaldo porque el almacenamiento permite la integración masiva de renovables y gestionar las puntas de demanda.
• Las variaciones del clima y su impacto en la elevación de precios de la energía solo se pueden afrontar multiplicando la capacidad renovable instalada con generación inteligente y distribuida.
• Los objetivos de emisiones en los sectores difusos requieren extender a todo el parque edificatorio los criterios de los edificios de consumo de energía casi nulo y una cuota superior al 50% de vehículos eléctricos. La eficiencia energética hace viable un modelo urbano 100% renovable.
• La fijación de precios de la electricidad dependerá, cada vez más, del clima y de la disponibilidad de energías renovables.
El problema no son las cumbres del clima. El problema del CO2 somos nosotros y una sociedad que consiente un CO2 de quita y pon. En la política y la economía españolas el CO2 es una muletilla que se saca a pasear según convenga; pero se excluye en la planificación y en la regulación.
Es la misma indiferencia sobre el debate de las nuevas directivas europeas que proponen el derecho de los ciudadanos a generar, almacenar, usar y vender su propia energía renovable en condiciones justas.
Reconocer ese derecho es la única alternativa para disponer de energía limpia, segura y barata.
Este artículo ha sido publicado originalmente en La Oficina de JGB.
