En marzo de 2012, el Gobierno aprobó el RDL 13/2012 que en su preámbulo describía el desastre de la planificación gasista, justificando la reconsideración y paralización de las inversiones por la bajada de la demanda de gas y la infrautilización de las infraestructuras gasistas por debajo del 40% de su capacidad. Con respecto a los almacenamientos de gas, consideraba su coste inasumible por la bajada del consumo que contribuiría a aumentar el déficit en la tarifa del gas que se trasladaría a los consumidores.
Año y medio más tarde, después de quinientos seísmos, la paralización del almacenamiento gasista Castor en las costas de Tarragona y Castellón por no haber considerado el riesgo sísmico, así como la paralización judicial de la regasificadora del Musel en Gijón por estar a menos de dos kilómetros de la población, demuestran que la realidad es peor. Si el consumo general de gas ha descendido, el destinado a generación se ha hundido. Es consecuencia de la crisis económica iniciada en 2008, ignorada en la reforma eléctrica, que se pretende resolver obligando a los consumidores finales a consumir más gas y más caro. Por eso ha ido nuestro particular Tea Party eléctrico a Bruselas a exigir el fin del carácter preferente y no discriminatorio de las renovables que establecen las directivas europeas para que sus inversiones gasistas, ejecutadas en régimen liberalizado, no se cierren.
Lo más absurdo es que el cierre de esas infraestructuras gasistas no afectaría al sistema eléctrico; como se reconocía en el citado RDL 13/2012, no son necesarias. No hay ningún riesgo de apagones como han ido a contar a Europa. ¿Por qué entonces se han seguido ejecutando desde 2008 infraestructuras gasistas, centrales de gas, almacenamientos y regasificadoras que no eran necesarias? ¿Por qué bajando la demanda de gas se ha seguido importando y aumentando la dependencia del gas argelino? ¿Por qué España lidera la exportación de gas de la UE? ¿Por qué se ignoran reiteradamente los criterios ambientales y de seguridad en energías de riesgo como el gas, fracking o nucleares? ¿Por qué se ha estado cinco años mirando para otro lado por unos y otros gobiernos?
La falta de transparencia que caracteriza al sector del gas hace difícil encontrar una respuesta. Lo que está claro es que de la misma manera que a través de un recargo en la tarifa del gas los consumidores están pagando los 1.400 millones de euros del laudo arbitral que condenó a Gas Natural ante la argelina Sonatrach, los consumidores pagarán también los 1.700 millones de euros de Castor. Es la consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo que entiende que de lo contrario el Estado se estaría enriqueciendo. El mundo al revés.
Las erróneas decisiones empresariales se van a diluir en la futura reforma gasista para mantener un precio mayorista alto de la electricidad, en un mix con mayor presencia del gas que excluya las renovables y la eficiencia. El déficit se cargará a los peajes automáticamente, como establece la nueva Ley del sector eléctrico, porque se ha decidido que el consumidor lo aguante todo. Y nada de criterios ambientales ni cultura de seguridad; la responsabilidad civil se carga a la sociedad.
Las puertas giratorias de cierta clase política y el sector energético y la disolución de la CNE eran condición necesaria para seguir engordando la bola de nieve del gas. Pero en Castor la naturaleza se ha encargado de poner al descubierto la irracionalidad de nuestra política energética y de que la sociedad tome conciencia de que el verdadero problema no son los terremotos sino la codicia.
