Cuando en diciembre de 2019 los 28 Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el Pacto Verde europeo, en plena resaca de la COP 25 de Madrid, dejaron la puerta abierta para que, pocos días después, sus gobiernos acordaran los criterios para determinar qué inversiones serían etiquetadas como sostenibles, permitiendo que la energía nuclear y el gas fósil fueran consideradas como verdes.
En julio de 2020, el Reglamento (UE) 2020/852, sobre el marco para facilitar las inversiones sostenibles, antepuso la neutralidad tecnológica a la neutralidad climática para que cualquier actividad económica que facilite a otras actividades contribuir a un solo objetivo de sostenibilidad pueda considerarse actividad sostenible, aunque contamine o perjudique al medio ambiente.
A partir de aquí cualquier actividad contaminadora puede ser considerada a la vez como sostenible. El gas fósil, la energía nuclear, el fracking, la captura de CO2, el hidrógeno azul, etc. no quedan excluidas de la taxonomía de Bruselas para determinar las inversiones sostenibles, ni tampoco están excluidas del acceso a los fondos europeos.
Decepción europea en la COP 26
En 2021 no ha habido que esperar a la resaca de la COP 26 de Glasgow. En la misma cumbre, Francia y Alemania defendieron sus posiciones sobre la sostenibilidad de las nucleares y del gas fósil, respectivamente. En plena crisis energética por los elevados precios de la electricidad en toda Europa y con la tensión creciente con Rusia por la dependencia de Gazprom y los preparativos bélicos en la frontera de Ucrania, Europa consagra el gas como la energía de la transición energética y mantiene su secular indefinición sobre la energía nuclear, que deja libertad para que cada gobierno haga lo que quiera.
Todo apunta a que el Consejo Europeo decidirá seguir jugando a la ambigüedad climática y a blanquear el gas fósil y la nuclear para superar la división entre sus miembros. En la mayor crisis energética de Europa en las últimas décadas, la Comisión Europea no ha ejercido liderazgo alguno ni ha dado ninguna respuesta a los elevados precios de la electricidad, ni a la dependencia del gas fósil. Todo lo contrario, si la Unión Europea entró en la COP 26 como líder mundial de la lucha contra el cambio climático, salió de la cumbre como líder global del inmovilismo frente al clima.
La falta de liderazgo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y de su comisaria de Energía, Kadri Simson, amenaza con echar por tierra el enorme caudal de propuestas para descarbonizar y electrificar la economía que se aprobaron en el anterior mandato de la Comisión, presidida por Jean Claude Juncker y su comisario de Energía Miguel Arias Cañete, que sacaron adelante las directivas del “Paquete de Invierno” en las que no se cita ni una sola vez a la energía nuclear ni al gas, ni siquiera como energías de respaldo, y que, por el contrario, persiguen la protección de los consumidores a través del autoconsumo, los contadores inteligentes, la eficiencia y las comunidades energéticas para abaratar la luz, reducir las emisiones y la dependencia energética.
¿Por qué Bruselas incumple sus propias directivas?
En esta decepción europea la única voz que se ha alzado contra el inmovilismo de Bruselas ha sido la de España, a través de la vicepresidenta y ministra del gobierno Teresa Ribera, al pedir a la Comisión Europea un cambio en las reglas del mercado eléctrico para desligar el recibo de la luz del mercado mayorista y de los precios del gas y proteger a los consumidores para que puedan beneficiarse del crecimiento de las energías renovables.
La posición de España fue la más clara en la COP 26, al pedir la exclusión tanto del gas fósil como de la nuclear de la taxonomía europea sobre inversiones sostenibles y también la más europeísta, al defender el espíritu de las directivas sobre la protección de los consumidores.
La respuesta de la Agencia de reguladores europea (ACER) y de la propia Comisión Europea ha sido la de no cambiar nada para no socavar la seguridad de suministro ni desviar los principios competitivos del diseño de mercado de luz y gas.
Aunque los Estados miembros están divididos ante la petición de España, no debe interpretarse como un nuevo enfrentamiento de los países del norte frente a los del sur sino entre quienes protegen la posición dominante de las grandes eléctricas y los que respetan los derechos de los consumidores reconocidos en las directivas europeas.
Los principios competitivos de la actual regulación del mercado eléctrico son los que fijan muy pocas empresas por su posición de dominio de mercado; por el contrario, la Directiva (UE) 2018/2001, de renovables, y la Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, lo que pretenden es abrir la competencia en el mercado eléctrico a nuevos actores y a millones de autogeneradores a través de la flexibilidad energética que proporcionan los recursos energéticos distribuidos, como el autoconsumo, almacenamiento, comunidades locales de energía, agregadores independientes, los contadores inteligentes, contratos a largo plazo de compra de energía renovable, etc.
Cuando la Comisión Europea se niega a reformar la tarifa eléctrica y la metodología de conformación de precios del mercado mayorista, está incumpliendo sus propias directivas y cometiendo una indignidad contra los consumidores europeos. El Pacto Verde europeo nació mal y se desarrolla aún peor, porque no ha dejado de ser desde el principio un ejercicio de “greenwashing”, un engaño climático.
Las instituciones europeas han iniciado la revisión de las directivas para adaptarlas al nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 mediante el nuevo paquete “Fit for 55”. Ese esfuerzo requerirá la integración masiva de eficiencia energética y renovables en los sectores difusos, que no necesita ni de gas fósil ni de nucleares ni de grandes plantas de generación sino de mucha energía distribuida y gestión inteligente de la demanda, con el control del consumidor en cada centro de consumo.
En ese sentido es en el que se deberá mejorar la directiva del mercado interior de la electricidad que aún hoy se incumple en la mayoría de los Estados miembros. Lo menos que cabe exigir a las instituciones europeas en esta difícil coyuntura es que sean coherentes con las directivas y recomendaciones que ellas mismas han propuesto y aprobado.
Este artículo se publicó primero en La Oficina de JGB.
