Frente a quien dice que las explosiones de los reactores nucleares de Fukushima van a suponer un frenazo al renacer nuclear en el mundo hay que decir que la energía nuclear lleva tiempo en situación de freno y marcha atrás. En EEUU, desde 1979 (accidente de Harrisburg) no se ha construido ninguna nueva central y en España, desde 1991, año en el que el Ministro Claudio Aranzadi terminó con la moratoria nuclear, nadie ha querido hacer ninguna central nuclear. Es más, en los últimos diez años, mientras en la UE-27 se han instalado 118.000 nuevos MW de ciclos combinados de gas y 111.000 MW de energías renovables, la energía nuclear ha perdido 7.594 MW; y en los cuatro últimos años la primera inversión energética en el mundo han sido las renovables. Y cuando se pregunta por qué EEUU lleva tres décadas sin nueva inversión nuclear, la respuesta que dan los economistas americanos es su elevado coste y la necesidad de fuertes ayudas públicas para las nuevas centrales.
El modelo energético mundial está cambiando hacia lo que Jeremy Rifkin define como tercera revolución industrial a través de las energías renovables y la generación distribuida, lo que supone un nuevo modelo económico y energético. Los estados no compiten por la nuclear sino por las renovables y esa es la clave de fondo en la competencia económica entre EEUU y China que, no por casualidad, son ya las primeras potencias del mundo en las tecnologías limpias, después de haber desbancado a la UE en ese liderazgo.
Lo que está pasando en Japón tampoco es nuevo. En 2007 hubo otro terremoto de nivel 6,8 que afectó a la central de Kashiwasaki-Kariva y la dimensión de la fuga radioactiva que se produjo fue ocultada por sus propietarios, dando lugar a un conflicto con el gobierno japonés y creando graves dudas sobre la gestión de la seguridad nuclear en ese país. La desconfianza internacional desde entonces existe y la reacción de gobiernos como EEUU, Francia y Alemania tiene su justificación en esos antecedentes. El propio sector nuclear se ha ganado esa desconfianza a pulso.
En España es un error pretender minimizar lo que está pasando porque aquí la seguridad tampoco ha sido una prioridad en la gestión de nuestras centrales. Se ha antepuesto el ahorro de costes de gestión a las inversiones en seguridad. Las declaraciones que acaba de hacer el Gobierno son correctas, pero generan algunos interrogantes: ¿Por qué ahora se revisan los stándares de seguridad y, en concreto, los de actividad sísmica? ¿Qué stándares se han aplicado, pues, hasta ahora si hay que revisarlos? ¿Por qué ahora los municipios nucleares piden simulacros? ¿Es que no se han hecho? ¿Si han fallado los sistemas redundantes en Japón no pueden fallar aquí? ¿Por qué nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena?
La conclusión es que la tecnología nuclear no es madura y no está preparada para los impactos externos no previstos. ¿Esta España inmunizada para impactos imprevistos? Si lo correcto y urgente es anticiparse a los riesgos, el Gobierno tendrá que ser mucho más exigente con los propietarios y con el propio CSN.
Pero la seguridad es un coste que nadie parece querer tener en cuenta y que no está internalizado en los costes de generación nuclear: costes de los planes e infraestructuras de emergencias, costes de desmantelamiento, costes de gestión de residuos, costes de cultura de seguridad. Frente a ello, la política de los propietarios de las centrales ha sido la optimización de la producción ahorrando costes de gestión. ¿Por qué? Porque, como alguien me dijo hace tiempo, las nucleares son una hucha de ingresar dinero. Y no es de extrañar, pues como ya ha puesto de manifiesto la CNC, la conformación de precios del pool hace que los beneficios para las nucleares ya amortizadas sean enormes y sin que el consumidor se beneficie en nada y sin que ninguno de los partidos políticos mayoritarios se hayan planteado cambiarlo.
Para España las consecuencias de un parón nuclear pueden ser positivas debido al exceso de generación en el sistema, muy superior a los 7.000 MW nucleares. En 2010, frente a una punta de demanda de 44.000 MW había 103.000 MW instalados. Esa sobrecapacidad permitiría elevar mucho más los objetivos de renovables en generación distribuida para mejorar los malos ratios de dependencia energética y de eficiencia energética.
El problema no es la nuclear sino el modelo energético que queremos y la estrategia para alcanzarlo. El problema es cómo avanzar hacia un sistema energético menos dependiente del exterior, que incentive el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO2.
España carece de una planificación energética que establezca la estrategia de una transición energética hacia un modelo basado en las energías renovables. Visto lo visto en este mes de marzo, los costes de los combustibles fósiles y de la nuclear son mucho mayores que los costes de las renovables con una característica: las tecnologías renovables tienen todavía un gran margen de reducción de costes y su desarrollo tecnológico en los últimos cinco años ha sido mucho mayor que el de la nuclear en cincuenta años y frente a un escenario de precios altos del petróleo y del gas que importamos, las renovables pueden ser competitivas en solo un lustro.
El error del Gobierno es frenar y reducir el mercado de renovables en un escenario en el que el valor de las fuentes energéticas autóctonas crece en todo el mundo frente a los riesgos de depender de la importación de materias primas energéticas y de fuentes que comportan riesgos inasumibles para la sociedad.
Las renovables constituyen el cambio tecnológico más importante del siglo XXI por su rápida maduración, por ser la fuente de aplicación más rápida, por ser la fuente más eficaz para reducir las importaciones de petróleo (11 millones de tep al año en España) y las emisiones de CO2 (25 millones de tn. al año) y porque constituyen un instrumento de innovación tecnológica imprescindible para cambiar nuestro patrón de crecimiento y crear empleo. España tiene la mejor tecnología renovable y la mejor industria renovable, copiada por chinos y americanos, y no tiene sentido que las empresas españolas inviertan en renovables en el exterior más que en su propio país.
La hucha se ha roto y es el momento de aplicar la ética de la energía que consiste sencillamente en no dejar derivar los problemas a las futuras generaciones.
