El 24 de mayo, las urnas han confirmado que existe una mayoría a favor del autoconsumo fotovoltaico y de la generación distribuida. A partir de ahora hay un mandato para que la nueva representación política surgida de las elecciones, en coherencia con sus programas electorales, haga realidad en los municipios una nueva manera de generar y usar la energía más barata, más limpia y más libre.
Este resultado representa el fracaso del castigo contra la fotovoltaica iniciado en 2010 por el gobierno del PSOE y continuado por el gobierno del PP desde 2012, con el único objetivo de sostener los ingresos del sector eléctrico convencional. Se llevó a la ruina a los productores fotovoltaicos, se destruyeron miles de empleos, se deslocalizó la industria, la tecnología y España pasó a ser líder mundial en pleitos e inseguridad jurídica.
Las elecciones confirman el fracaso de la reforma energética y de las presiones de las eléctricas para paralizar las renovables. La reacción de última hora en Murcia o Baleares para autorizar el autoconsumo, incluso cargando los peajes a la administración autonómica, ha sido una reacción desesperada. Desde el propio PP se señala al ministro Soria como responsable de la pérdida de votos.
Ha surgido una nueva mayoría política en las corporaciones locales que está más cerca tanto de la realidad global como de las personas, con una concepción de la energía distinta y más avanzada que se sitúa por delante de la iniciativa del Estado. El futuro va a estar determinado por un modelo energético al servicio de las necesidades de los consumidores y de su participación en el sistema. No podrán seguir siendo considerados como sujetos pasivos de peajes disuasorios, sin acceso a su contador. Todo lo que no se atenga a este nuevo escenario está llamado al fracaso.
El contexto de este resultado electoral es paradójico. Mientras el Gobierno ha publicado su Ley de hidrocarburos para incentivar el fracking y la exploración de gas y petróleo, la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado la Ley de Transición Energética para reducir el consumo de combustibles fósiles, rebajar la cuota nuclear, elevar la de renovables y rehabilitar todas las viviendas antes de 2030 para reducir a la mitad el consumo de energía. Se suma al crecimiento verde de Alemania y Dinamarca.
Mientras se acumulan informes de institutos tecnológicos y centros financieros de todo el mundo que advierten del mejor potencial de la fotovoltaica para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad o de su crecimiento exponencial en la próxima década por la paridad de red, España está a la cola del autoconsumo por la mala regulación y el riesgo regulatorio. La sociedad española ha demostrado estar por delante de un Estado anclado en el atraso y el coste de la dependencia energética.
A partir de ahora habrá que terminar con el anacronismo de la prohibición de la energía solar en el centro de Madrid para salvaguardar la estética de sus tejados o de que la mayoría de los paneles solares instalados en las ciudades estén desconectados o de que la mayoría de los edificios no tengan certificación energética. Porque de estas elecciones salen victoriosos el autoconsumo y la rehabilitación de edificios. Parece mentira cómo se ha podido despreciar un yacimiento de empleo tan grande en plena recesión económica.
A partir de ahora los ayuntamientos tienen que recuperar la autonomía municipal y las Comunidades Autónomas las competencias en energía que la reforma energética les ha arrebatado. El uso de la energía determina la ordenación del territorio y la generación descentralizada es un factor de cohesión social. El ejercicio de las competencias municipales, que ampara la Constitución, puede modificar la forma de generar y consumir energía y quebrar así la reforma energética y la reforma local.
La ciudad sostenible es el reto para sustituir la pérdida de soberanía debida al consumo de combustibles fósiles por la autosuficiencia energética que favorezca el desarrollo local y elimine la pobreza energética. La habitabilidad de las ciudades depende hoy de que la iniciativa de los municipios vaya por delante de la inacción del Estado para afrontar los riesgos de la contaminación atmosférica y del cambio climático.
