Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
Cuando el presidente Putin se dirigió a las dos cámaras parlamentarias rusas en mayo de 2006, expresó con meridiana claridad su estrategia para conquistar los mercados energéticos de Asia y Europa con dos ideas: las energía es poder y la energía no es un problema económico sino de seguridad. A partir de ahí y con Gazprom como primera empresa energética del mundo, Putin se ha hecho con el control de suministro por el norte y sur de Europa llegando hasta China. Sus últimos movimientos en Argelia, Nigeria y los Balcanes siguen acrecentando su posición de manera inquietante y deja en entredicho la poca preocupación que han merecido estos pasos a las autoridades españolas pensando que no suponen riesgo para nuestro abastecimiento.
A finales de 2007 la Agencia Internacional de la Energía ha anunciado para 2015 una crisis de suministro de petróleo al constatar que para esa fecha el incremento de la demanda mundial va a superar la oferta de crudo, por lo que los excedentes van a ir reduciéndose en un escenario de precios altos y escasez. La OPEP, en su primera reunión de este año, ha acordado no incrementar la oferta de crudo ante el riesgo de recesión en EEUU para que el precio del barril no baje de 90 dólares y no ver así reducidos sus ingresos que, a través de los fondos soberanos, van a salvar muchos bancos afectados por la crisis hipotecaria americana, provocada a su vez por “los regalos fiscales a los plutócratas y la desregulación” del presidente Bush, como de manera magistral ha denunciado recientemente el premio Nobel de Economía Paul Samuelson. Paradójicamente, en esas fechas el regulador español envía a la CNE una revisión de la planificación energética previendo un precio del crudo a 48 dólares.
Pero el año 2007 ha sido el de la definitiva caída del mito de la inexistencia del cambio climático. Los informes del Panel de la ONU y de Nicholas Stern han confirmado la evidencia de la responsabilidad del hombre en el daño al planeta y su coste económico. De no actuar podemos estar caminando hacia una gran depresión económica sin precedentes que puede alcanzar hasta una pérdida del 20% del PIB mundial, sólo evitable si dedicamos un 1% a evitar que se eleve la temperatura del planeta. El 80% de ese esfuerzo corresponde al sector industrial y energético.
Podemos concluir que la energía es lo que está cambiando el mundo, que las políticas económicas vigentes no valen para garantizar el suministro energético en el futuro ni para afrontar la reducción de emisiones contaminantes, que por lo tanto es preciso cambiar el actual modelo de crecimiento económico basado en el consumo masivo de hidrocarburos y que estamos ante una urgencia ética por todos los seres humanos que hoy habitan el planeta y por las futuras generaciones.
Políticas del cambio climático
Pero ante este diagnóstico llama la atención la impasibilidad de los gobiernos para adaptar sus políticas económicas y energéticas a este nuevo escenario en el que la seguridad de abastecimiento y los efectos del cambio climático van a modificar drásticamente la sociedad en que vivimos. Los países que antes se anticipen a una economía baja en carbono liderarán el mundo en el futuro y venderán su tecnología a todos los demás. El informe de N. Stern avanza cuáles pueden ser las políticas a aplicar desde este momento: asignación de precios al carbono vía impuestos o regulación, apoyo a las tecnologías bajas en carbono y eliminación de las barreras a la eficiencia, creando una nueva cultura de la energía basada en menos consumo y emisiones de CO2.
El regulador que tenga clara esta política deberá procurar, ante todo, reducir la incertidumbre para que las inversiones se hagan en esa dirección e inducir el desarrollo de tecnologías energéticas bajas en carbono, deberán informar a todos los consumidores a través de un sistema de etiquetado y certificación energética obligatorio para toda clase de actividad y producto y, finalmente, sustituir los sistemas de ayudas por la internalización de costes de todas las fuentes de energía.
En esa dirección van dos decisiones que son la esperanza de que otra política energética es posible. En primer lugar, los acuerdos del Consejo Europeo de marzo de 2007, calificados de revolución energética, para en 2020 reducir un 20% las emisiones de CO2, con un 20% de ahorro de energía y un objetivo de consumo de energías renovables del 20% y del 10% de biocarburantes. El pasado mes de enero se presentó ya la propuesta de directiva de renovables que, con carácter vinculante, obligará a multiplicar por tres todo el esfuerzo hecho hasta ahora por España en renovables, que reconoce sus externalidades como beneficiosas para la competitividad de la economía y no un sobrecoste, que defiende el sistema de primas y permite exportar nuestra industria nacional a toda Europa y va a obligar a que los biocarburantes estén disponibles en todas las gasolineras. Esta directiva va a constituir una gran oportunidad económica para España, el país con la industria mejor preparada para cumplir sus objetivos.
En segundo lugar, el Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA), gestionado en sus dos fases por el Ministerio de Medio Ambiente, es la decisión de política energética más importante que se ha tomado en España en los últimos años. Aunque los resultados han sido hasta ahora insuficientes, constituye la senda por donde debe transitar la política energética en los próximos años, en la que la reducción de emisiones de CO2 ha de ser la principal prioridad. Para ello el PNA tiene que tener un reflejo claro en las políticas regulatorias y fiscales.
La paradoja energética de España
La situación de España en este contexto se puede definir como paradójica. La factura del petróleo supone más del 4% del PIB (40.000 millones de euros) y casi duplica la media europea y mientras en Europa el consumo de petróleo se ha incrementado un 10% en los últimos veinte años en España lo ha hecho en un 50%. Cada dólar que sube el precio del barril supone 200 millones de euros más de déficit comercial. El impacto del petróleo en nuestra economía ha sido repetidamente advertido por el Banco de España sin que el ahorro de hidrocarburos se haya priorizado en la política económica. Somos el país con mayor dependencia e intensidad energética de Europa y el más alejado de Kioto; sin embargo, nuestras mejoras dependen más de la suavidad de las temperaturas que de incentivos para mejorar esos ratios. Y mientras, nuestras puntas de demanda se cubren con carbón y el coste de nuestras emisiones será de 2.500 millones de euros al año hasta 2013.
La política energética no ha sido considerada estratégica sino sólo como política de precios. Por eso, teniendo una industria nacional de renovables con liderazgo mundial se ha tenido al sector sumido en la incertidumbre. Valga como ejemplo el ya olvidado RDL 7/2006 que dejó la retribución de las renovables en el limbo durante un año, o la actual situación de la fotovoltaica o los biocarburantes.
La economía española sufre un grave riesgo al no situar la energía como un cuello de botella ni considerarla una prioridad. Reducir la política energética a la tarifa eléctrica es un error. El PP no sólo lo hizo sino que ignoró la existencia del CO2 y dejó una herencia que es, en realidad, un tremendo engaño a todos los consumidores: el déficit tarifario. Y dicha herencia se ha convertido en una bola de nieve cuando a partir de agosto de 2004 empezó la escalada del precio del crudo como consecuencia de la invasión de Irak. Es urgente anticiparse a los cambios de la geopolítica de la energía impulsando una economía baja en carbono. Lo que no se puede es seguir con una política económica que todavía contempla la sostenibilidad energética como un sobrecoste y no como una inversión beneficiosa para el país, cuyas externalidades contribuyen a una mejora de la renta nacional y de la renta disponible.
La revolución renovable
El primer instrumento para empezar a cambiar el modelo de crecimiento basado en los hidrocarburos son las energías renovables, tanto para la producción de energía como para introducir eficiencia en sectores como el residencial y el transporte que representan la mayor debilidad medioambiental de nuestra economía.
España ha impulsado un modelo de desarrollo en determinadas tecnologías renovables (eólica, solar, ahora biomasa) que sería motivo de un estudio más amplio. Con un recurso natural gratis (entra a coste cero en el sistema) y un marco económico estable se ha creado una industria y una tecnología nacional que con el incremento de la demanda y del mercado empieza a ser competitiva, exportadora y líder. Este modelo ha sido reconocido como un éxito por la Comisión Europea y la CNE; sin embargo, se sigue descalificando a las renovables por ser caras, cuando para España la verdadera amenaza en precios, seguridad de suministro y emisiones es el petróleo. Por eso, la manera correcta de ver las renovables es desde su aportación a la competitividad de la economía. Cada kilovatio renovable ahorra combustibles que importamos, evita emisiones de CO2, incorpora tecnología nacional, beneficia a nuestra industria, mejora nuestro sistema de innovación, la eficiencia energética de nuestros productos y diversifica nuestro sistema energético con fuentes autóctonas. En definitiva, las renovables son también un modelo de cambio tecnológico y su mayor competitividad sólo depende de que se acelere el incremento de su demanda; por eso es importante la nueva directiva europea. Centrar la cuestión en la tarifa es la excusa de todos aquellos que defienden las renovables con un sí, pero…
En los próximos años se debería dar una mayor coherencia a la política energética a partir de las nuevas directivas que está diseñando la Unión Europea y el Plan Nacional de Asignación de Emisiones como instrumentos para una economía más supeditada al cambio climático y con medidas prioritarias y vinculantes para todas las administraciones:
1. Elaborar una nueva Planificación Energética que además de las redes e infraestructuras incluya las energías renovables, eficiencia energética y directivas europeas, definiendo un modelo energético a medio y largo plazo de acuerdo con los objetivos del PNA y los adoptados por el Consejo Europeo para 2020.
2. Ley de Renovables para impulsar el desarrollo de la industria nacional y el mercado de fuentes limpias y autóctonas refundiendo la normativa actualmente dispersa, armonizando la de las Comunidades Autónomas y garantizando un marco económico estable a los inversores, dando a las renovables el carácter de fuente estratégica.
3. Ley de Eficiencia Energética y Gestión de la Demanda que dé carácter vinculante a las medidas de ahorro de energía y un mayor rango a la gestión de la demanda como prioridad de la política energética. Deberá establecer las medidas adecuadas de etiquetado e información a consumidores, empresas y administraciones para impulsar mercados más competitivos a través de productos y servicios eficientes energéticamente.
Si la energía está transformando el mundo, mejor será anticiparse con políticas sostenibles a largo plazo.
