El autoconsumo ha entrado en el cambalache político, donde los problemas más importantes se banalizan. Es un grave error porque cualquiera que lea un poco puede conocer su rápido desarrollo por todo el mundo. La razón es simple. El autoconsumo tiene la clave para resolver los principales objetivos de la política energética: abaratar los costes de la energía a hogares y empresas y eliminar las emisiones contaminantes.
El Foro Económico Mundial, en su informe The Future of Electricity afirma que la generación distribuida, el almacenamiento local y el vehículo eléctrico ahorrarán a los países de la OCDE hasta 2,2 billones de euros en 10 años. Después de analizar 60 millones de edificios en EEUU, Google ha constatado que la viabilidad económica del autoconsumo se consigue en 4 de cada 5 edificios. La Comisión Nacional de Infraestructuras del Reino Unido estima en un ahorro de 10.325 millones de euros la revolución de la energía inteligente. Finalmente, la AIE y el IRENA han calculado que la transición energética hacia las renovables supondrá ahorros de entre 2 y 6 veces la cantidad invertida.
Todos los informes coinciden en que la combinación de las renovables, el autoconsumo y el almacenamiento tienen un impacto directo en ahorros significativos, viables tecnológica y económicamente. El artículo 16 de la Directiva 2009/28/CE de renovables, insta a los gobiernos a que garanticen que las tarifas aplicadas a las instalaciones renovables reflejen los beneficios en materia de costes que aportan por su conexión a la red.
Nuestra regulación no reconoce las externalidades positivas de las renovables ni de la eficiencia energética. Se ha diseñado un sistema eléctrico en el que cualquier forma de ahorro de energía, como la que representa el autoconsumo, se considera un sobrecoste porque reduce los ingresos del sistema y crea déficit tarifario. La sostenibilidad del modelo energético exige consumir cada vez más la energía más cara, que es el carbón y el gas. Cualquier alternativa se penaliza económicamente y con inseguridad jurídica.
Se ha acusado al autoconsumo de depredador del sistema, a las renovables de capricho caro e ideológico y al vehículo eléctrico de inmaduro y contaminante. El ahorro de energía molesta, y mucho, ante una sobrecapacidad gasista que hay que pagar como sea, un carbón en retroceso y una nuclear quebrada en todo el mundo. “Ninguna autoridad habla del primer coste energético de España, que es la dependencia de los combustibles fósiles que importamos en un 98%. El modelo energético impide cualquier ahorro ante la pérdida de rentabilidad de las energías convencionales”.
La transición política en España ha bloqueado la transición energética que debería haber superado el capitalismo concesional y rentista que está en el origen del negocio energético convencional. Con mercados cautivos, y la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula de socialización de pérdidas, se ha disfrazado de liberalización un modelo de negocio que requiere para su sostenibilidad el intervencionismo del Estado.
Se entiende así mejor la pereza negligente en la transposición y cumplimiento de las directivas europeas. Ahora mucho más, porque el “paquete de invierno” que presentó la Comisión Europea el pasado noviembre es una enmienda a la totalidad del RD 900/2015 de autoconsumo. Las nuevas directivas se basan en el autoconsumo, individual y compartido, para dar al consumidor el poder de mercado que hoy solo tienen las eléctricas.
Es hora de que España deje de estar de espalda al mundo entero en la regulación del autoconsumo. Es hora de sumar esfuerzos y argumentos para, en el Parlamento Europeo primero y en el Congreso de los Diputados después, confirmar esa enmienda a la totalidad y cuando las nuevas directivas se aprueben exigir su cumplimiento en plazo y presentar las demandas correspondientes ante la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque lo que reconocen las directivas europeas es el derecho al autoconsumo en condiciones justas.
La historia interminable del autoconsumo en España puede suponer un atraso de veinte años en nuestra transición energética. Veinte años más con la energía más cara, la mayor dependencia energética y la mayor contaminación atmosférica. ¿Quién paga eso?
