La revisión de las directivas que ha propuesto la Comisión Europea destaca por dos novedades: los objetivos de renovables, eficiencia y emisiones para 2030 se abordan de forma conjunta y se establece una jerarquía al situar la eficiencia energética en primer lugar. Un mayor objetivo de ahorro de energía facilitará porcentajes más elevados de renovables y reducción de emisiones.
Si las directivas vigentes de renovables, edificios y eficiencia energética han definido un modelo de generación distribuida a través de la integración de renovables en los edificios, el edificio de consumo de energía casi nulo y el contador de balance neto, las nuevas directivas definen un modelo energético basado en la gestión de la demanda a través del autoconsumo compartido, microrredes, almacenamiento e infraestructuras de recarga para integrar el vehículo eléctrico en la gestión energética de los edificios.
El objetivo vinculante del 30% de eficiencia energética es lo primero. Ahorrar energía y eliminar el consumo de energía fósil en edificios y transporte es la meta más exigente de la Unión de la Energía aprobada en 2015. Su impacto en la creación de empleo, ahorro de importaciones energéticas y abaratamiento de la energía es para Bruselas un factor de competitividad.
Nada comparable con la realidad de España. Aún no se han transpuesto por completo las directivas vigentes y se hace parcialmente a base de advertencias de Bruselas. La política oficial es anti renovables, el CO2 no existe y el ahorro de energía está penalizado. El modelo de gestión de la demanda que proponen las nuevas directivas supone una revisión completa del sistema eléctrico español y acabar con conceptos como energía de respaldo o pagos por capacidad, más propios de un modelo que se sostiene incentivando el consumo y la facturación al consumidor.
Los efectos de la ola de frío de enero no han llevado a una reflexión sobre las limitaciones de un modelo basado en el uso de combustibles fósiles, en contradicción con el propuesto por Bruselas. Todo lo contrario, se insiste en seguir culpando a las renovables del alto precio de la electricidad, en defender la energía nuclear como la más barata y el gas argelino como la energía más limpia y segura.
En 2012 España aprobó una moratoria renovable sine die y votó contra la Directiva de eficiencia energética con el argumento de que más objetivos de ahorro obstaculizarán la recuperación económica. En el Plan Nacional de eficiencia energética 2014–2020 se afirmaba que en 2013 España alcanzó los objetivos de Europa para 2020. El pasado mes de junio, el Gobierno trasladó a la Comisión Europea su opinión contraria a los objetivos para 2030 de renovables y eficiencia energética porque serían incompatibles con la creación de empleo y la competitividad de las empresas.
La explicación la dio el Gobierno el pasado mes de octubre en su informe sobre la proposición de ley de autoconsumo presentada por Ciudadanos, en el que dejó claro el rechazo a cualquier medida que haga bajar el precio de la electricidad o que fomente el ahorro de energía por el impacto negativo en la recaudación, confundiendo los ingresos del sector eléctrico con la competitividad del país.
Se entiende así que el único mensaje ante el elevado precio de la luz de enero haya sido el de “acostumbrarse”. Eso reduce la política energética a consumir mucho y consumir la energía más cara que es el gas. Bruselas, por el contrario, ha propuesto el consumo de energía casi nulo y consumir solo energías renovables.
El lastre de la energía cara no son las renovables sino las políticas energéticas en contra de toda forma de ahorro de energía y de generación distribuida para que los consumidores puedan gestionar su propia demanda.
