En marzo de 2012, el RDL 13/2012 paralizó todas las nuevas inversiones en infraestructuras gasistas ante la falta de demanda de gas que las hacía innecesarias y el déficit estructural del sistema gasista que causaba la infrautilización de las centrales y regasificadoras existentes.
Con el conflicto de suministro entre Ucrania y Rusia en 2014, el gobierno de Rajoy y el sector gasista, ante la persistente caída de la demanda, inician una huida hacia adelante y lanzan el proyecto de convertir a España en proveedor de gas para Europa; hasta se incluye en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2015. El gasoducto con Francia es la infraestructura imprescindible y, por si acaso, se aprueba la Ley 18/2014 para garantizar que todos los déficits del sistema gasista se cargarán a los consumidores.
El gobierno de Mariano Rajoy acordó en marzo de 2018 levantar la suspensión para tramitar el proyecto de gasoducto con Francia (MIDCAT, ahora llamado STEP) y en mayo aprobó el RD 335/2018 que levantó la suspensión para nuevas regasificadoras; en ambos casos sin informe de la CNMC ni justificación de sus costes ni de su necesidad.
El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre Gobernanza de la Unión de Energía y la Acción por el Clima, publicado en el DOUE el 21 de diciembre, establece en el artículo 2 el objetivo no vinculante del 15% de capacidad de interconexión para 2030 y 10% para 2020; pero el artículo 4 establece que toda nueva interconexión será objeto de un análisis coste-beneficio, socioeconómico y ambiental, y solo se construirá si los beneficios superan los costes.
La decisión común de los reguladores de Francia y España (CRE y CNMC) del 22 de enero pasado fue de rechazo al proyecto de interconexión gasista presentado por Enagás y Terèga por no cumplir con las necesidades del mercado y carecer de madurez. Las razones de tal decisión son claras: no hay ningún interés comercial del mercado, la actual capacidad de interconexión no está totalmente utilizada, no demuestra que los beneficios superen a los costes, la nueva capacidad de interconexión no es firme, su coste es elevado y no se han tenido en cuenta los objetivos europeos de reducción de emisiones.
La sensatez de la CNMC
La sensatez de la CNMC abre numerosos interrogantes sobre cómo se puede defender un proyecto de infraestructura gasista con Francia deficitario, sin mercado, sin demanda y con la única garantía de que lo pagarán los consumidores. Como si no se hubiera aprendido nada del “modelo Castor”, ahora se repite con nuevas infraestructuras gasistas innecesarias y sin que la demanda de gas haya dado señales de vida; sigue siendo la misma de hace diez años.
MIDCAT es una fantasía, sin ningún fundamento real, para dar salida a la sobrecapacidad gasista que han pagado todos los consumidores durante la última década. En vez de parar, como hizo el sector nuclear en los años ochenta, se ha preferido la huida hacia ninguna parte pensando que algún día el consumo de gas se disparará. Y si no, siempre quedarán los peajes para cargar con todo.
La decisión de los reguladores de España y Francia deja al descubierto la falta de rigor de Enagás en este proyecto y siembra la duda de que se haya aplicado de la misma manera en otras inversiones gasistas. Las nuevas competencias que el actual gobierno ha devuelto a la CNMC en el RDL 1/2019 incluyen el control de las inversiones de Enagás y bien haría la CNMC en auditar las razones del déficit estructural del sistema gasista que se carga a los peajes.
El texto de la decisión de la CNMC y la CRE deja otra duda sobre el futuro del gas al recomendar que en el análisis coste-beneficio se tenga en cuenta el papel del gas tras la aprobación del paquete de energía limpia acordado por las instituciones europeas. En las nuevas directivas de renovables, eficiencia energética de edificios y en el reglamento que define los planes nacionales integrados de energía y clima el papel del gas en la transición energética no aparece por ninguna parte.
La conclusión más relevante para la política energética es la importancia de la existencia de reguladores independientes en el mercado de electricidad y gas para vigilar la competencia y las decisiones irracionales de las empresas. El exministro Álvaro Nadal llegó a calificar a la CNMC de organismo antidemocrático para dejarla sin competencias, cuando ha sido la única instancia preocupada por los costes que representan para los consumidores estas decisiones.
Solo cabe esperar que tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Comisión Europea respeten la decisión de los reguladores independientes, aunque solo sea por coherencia con la Gobernanza que ellos mismos han aprobado para la Unión de la Energía y la Acción por el Clima.
Este artículo se publicó originalmente en la Oficina de JGB
