Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables
jgb@fundacionrenovables.org
A finales de julio se debatieron las conclusiones de la Subcomisión del Congreso que ha estado trabajando desde hace más de seis meses sobre la prospectiva energética hasta 2035, la misma que lleva anunciando el Ministerio de Industria desde 2006. De momento se ha evitado lo peor, pero en este mes de septiembre, el Congreso podría certificar el freno a las renovables tan perseguido por el propio Ministerio y las grandes compañías energéticas.
En lo que va de año Industria ha modificado su propuesta de mix energético tres veces y todavía se anuncian nuevos cambios para diciembre en el PER. Entre el avance comunicado a Bruselas en enero, el mix de Zurbano de marzo, el PANER de junio y la propuesta de la Subcomisión, el objetivo de renovables para 2020 se ha reducido de 74.547 a 64.441 MW y su cuota global baja del 22,7% al 20,8% que ahora se considera objetivo máximo en contra de lo establecido por la Directiva de renovables; de la misma manera, la participación de las renovables en el balance eléctrico baja del 42,7% al 35,5%, mientras el gas natural crece del 29,2% al 37,8%. Por tecnologías se reducen los objetivos de eólica marina un 90%, de termosolar un 25%, de fotovoltaica un 20% y de biomasa un 20%; no hay objetivos de renovables en calefacción y refrigeración y se reducen en el transporte. Sorprende que con un sector tan internacionalizado no se haga ninguna previsión de utilización de los mecanismos flexibles de la Directiva con otros países ni se haga un balance de los beneficios de las renovables en cuanto a importaciones evitadas y ahorro de emisiones de CO2, sobre las que tampoco se establecen nuevos objetivos. Como guinda, se abre la puerta a medidas retroactivas para todas las tecnologías a través de auditorias para la potencia ya instalada.
Este frenético vaiven es toda una incongruencia, ya que no se explican ni relacionan tales cambios, ni se corresponde con otras propuestas como las de la Ley de Economía Sostenible de la que ya nadie habla, ni en el Congreso. Lo más grave es que se está incumpliendo el espíritu y la letra de la Directiva de renovables, en vigor desde 2009, que obliga al Gobierno a eliminar las barreras económicas, administrativas y técnicas que impiden el crecimiento del mercado de renovables; por el contrario, cada nueva propuesta del Ministerio de Industria sólo persigue frenar la conexión de nueva potencia renovable. De hecho, la reducción de objetivos por tecnologías deja a todo el sector en un estado de crecimiento tendencial o vegetativo con el que se pretende que hasta 2020 no se haga más de lo que ya está autorizado, con el daño que eso hará a la industria renovable.
Para aumentar la confusión y la inseguridad, desde junio revolotea el pacto entre Sebastian y Montoro, basado demagógicamente en la congelación de la luz y que ha sumido al sistema en un caos energético que consolida el permanente estado de inestabilidad regulatoria, que es la mejor manera de ganar tiempo sin que nada cambie. Porque ese es el hilo conductor, mantener un modelo energético dependiente, con emisiones de CO2 y poco eficiente.
Los intereses del gas, del petróleo, del carbón y la nuclear han encontrado en la incongruencia del Ministerio de Industria el mejor instrumento para aprovecharse de la estupidez de todos aquellos que no aciertan a comprender la necesidad y la urgencia de cambiar de modelo energético. Entre todos, y esperamos que el Congreso cambie la prospectiva del Ministerio, se están acumulando todos los ingredientes para una crisis energética de costes incalculables, muy superiores a los de un modelo basado en las energías renovables.
