Los elevados precios de la electricidad en España son una amenaza injusta para empresas y consumidores que contrasta con los avances que se están produciendo en la competitividad de las tecnologías renovables y de almacenamiento que abaratan la energía. Los nuevos modelos de negocio energético que crecen en todo el mundo por su mayor rentabilidad no existen en nuestra regulación eléctrica, ni en los códigos de edificación, ni en el transporte. Se impide de esta manera que la sociedad se beneficie de la innovación energética, limpia y barata.
El modelo energético convencional, basado en la oferta de generación centralizada con combustibles fósiles y energía nuclear, se ha sostenido mediante una regulación que ha protegido exclusivamente los ingresos suficientes para garantizar su viabilidad, cerrando el mercado a la competencia y derivando sus costes a los consumidores. Esa regulación impide en España una energía barata y un mercado abierto, sin monopolios.
Aplicando el método de los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países, publicado en 2012, el sector energético convencional se puede incluir entre las élites extractivas, aquellas que anteponen su interés corporativo al interés general, detrayendo rentas de los consumidores en beneficio propio. Para ello se sirven de instituciones políticas que apoyan a las instituciones económicas extractivas. “La razón más común por la que fracasan los países hoy en día es porque tienen instituciones extractivas”. Esa misma conclusión es la que se debe aplicar a los modelos energéticos.
La diferencia entre un modelo energético extractivo y otro inclusivo la determina su posición ante tres factores:
• La existencia de instituciones y reguladores independientes
• Estabilidad regulatoria y seguridad jurídica
• Economía de mercado y reglas que faciliten la apertura de la competencia”
El modelo energético convencional
La política energética se ha caracterizado en España por reguladores y órganos de la competencia capturados por el poder político o por las propias compañías energéticas, una inestabilidad regulatoria que ha penalizado y paralizado las inversiones en renovables, eficiencia energética y generación descentralizada y un abuso de posición dominante que ha reducido el mercado a un pequeño oligopolio.
Este modelo extractivo necesita mantener un precio elevado de la energía (pool) y un consumo derrochador (la eficiencia perjudica el crecimiento económico) para hacer frente a los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles y obtener la rentabilidad del dividendo comprometido con los inversores extranjeros, propietarios de la mayor parte del sector energético, que actúan como instituciones extractivas.
Así se detrae parte de la renta nacional para pagar el coste de la dependencia energética y parte de la renta disponible con la que los consumidores garantizan los ingresos del sistema eléctrico y gasista. La falta de reguladores independientes facilita que los déficits del sistema, sin transparencia alguna, se trasladen a los peajes.
La pobreza energética del país determina el empobrecimiento de los consumidores.
Las 4 razones por las que en el modelo energético extractivo se excluye a los consumidores y al medioambiente:
• Cerrar la competencia y la entrada a nuevos actores en el mercado energético.
• Responsabilizar a las renovables y al autoconsumo de los déficits del sistema, al considerarlos un sobrecoste y riesgo sistémico.
• Un negacionismo climático en la práctica para impulsar el mayor derroche de combustibles fósiles, derivando los costes de la contaminación a la sociedad.
• Rechazo a la innovación energética en eficiencia, almacenamiento y gestión de la demanda por implicar menos ingresos para el sistema y el final de la figura del consumidor pasivo, en la que se basa la viabilidad de la energía convencional.
¿Cómo se define un modelo energético inclusivo?
El modelo energético inclusivo consiste en abrir la competencia a millones de consumidores a través de la generación descentralizada y distribuida con renovables, baterías de almacenamiento, agregadores y aplicaciones inteligentes que les facilite la gestión de la demanda y su participación en el mercado eléctrico”
El objetivo es el mínimo consumo de energía, con fuentes autóctonas, sin emisiones, e innovación tecnológica.
En la presente década se ha producido un cambio trascendental en todo el mundo: el modelo inclusivo es más eficiente y rentable que el modelo convencional o extractivo.
• El almacenamiento hace innecesario el concepto de energía de respaldo para la integración masiva de renovables.
• El incremento del precio de la tonelada de CO2 acelerará la pérdida de valor de las energías convencionales.
• El intento de trasladar el coste del CO2 a los peajes y no a los contaminadores o de recuperar el valor de las nucleares, representa un coste económico, social e intergeneracional incalculable.
El cambio a un modelo energético inclusivo exige reformar las instituciones, como los reguladores de la energía, de la competencia y las propias empresas energéticas; así como, políticas coherentes en materia de eficiencia energética, edificios, movilidad, planificación urbana y formación.
Las 4 claves de una nueva relación de la energía con los consumidores, la competencia y la innovación:
• Los consumidores han de participar directamente, o a través de agregadores de demanda, en el mercado eléctrico, generando, almacenando, consumiendo y vendiendo su propia energía renovable en condiciones justas.
• Apertura de la competencia a nuevos actores para el desarrollo de los usos de la energía que se están expandiendo por todo el mundo, como las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento, contadores y aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda y microrredes de autoconsumo con almacenamiento.
• Incentivar la innovación energética para aproximar la generación a los centros de consumo por los beneficios que supone en eficiencia, flexibilidad de las redes, ahorro de costes e inversiones y abaratamiento de la energía.
• Desarrollar el principio de quien contamina paga a través de la generalización de los presupuestos de carbono vinculados a la fiscalidad (tasas o cuotas de carbono) y la contratación pública para impulsar un cambio de hábitos de consumo.
La falta de competencia y de más renovables es lo que encarece la electricidad. En estos días de luz cara se ha producido otro cambio: casi nadie cuestiona las renovables y casi nadie se cree que sea el CO2 el causante del encarecimiento de la energía; todo el mundo acusa a un modelo energético caro, opaco, contaminante y obsoleto.
Este artículo se publicó originalmente en La Oficina de JGB
