El diario francés Le Monde titulaba el pasado 1 de agosto: “Gracias a Putin, Europa existe”. Alababa así las primeras sanciones que la Unión Europea ha tomado contra Rusia por su intervención en el conflicto secesionista del este de Ucrania, después del derribo del vuelo de Malaysia Airlines. Tal optimismo carece de fundamento si analizamos la respuesta en su conjunto, es decir, el Plan de Seguridad Energética que la Comisión Europea presentó el 30 de mayo para reducir la dependencia del gas ruso y las sanciones aprobadas en julio.
Las medidas de seguridad energética que aprobó la Unión Europea en mayo son de estudiar y ya veremos: un test de estrés a los Estados miembros este invierno para identificar los riesgos de suministro, aumentar y coordinar las reservas de gas, ampliar los vínculos con el Caspio y el corredor meridional del gas, ejecutar las interconexiones que faltan y elevar su capacidad hasta el 15% de la demanda, aumentar las importaciones de GNL, reducir el consumo de gas en los edificios y el transporte y elevar la producción de energía autóctona con renovables, nuclear o fracking según decisión de cada país.
El plan tendría un coste anual de 33.000 M€ y tanto su financiación como la de las interconexiones, otros 10.000 millones, no tienen presupuesto. El caso de las interconexiones es revelador de la escasa voluntad para cumplir estas decisiones. El Consejo Europeo ya acordó en 2002 una capacidad de interconexión del 10% que, en el caso de España, doce años después no llega ni a la mitad. Los objetivos de reducción del consumo de gas en edificios, como los de energía autóctona, son meramente indicativos y deja su aplicación a la voluntad de cada Gobierno.
La sanción más efectiva adoptada en julio contra Rusia es cerrar su acceso a los mercados financieros europeos; por el contrario, el embargo de venta de armas solo afecta a contratos futuros y no a los ya firmados y la prohibición de vender a Rusia tecnología para exploración de hidrocarburos excluye el gas. Sanciones, pues, a la medida de Francia y Alemania.
El impacto de las sanciones va a afectar tanto a Rusia como a la UE. Rusia está al borde de la recesión y la salida de capitales supera los 75.000 M€, aunque tiene unas reservas de 355.000 M€. Para la UE supone rebajar las previsiones de crecimiento, ya bajas, en un 0,5% y un descenso de sus exportaciones a Rusia que ya han disminuido más de un 16,5%. Las previsiones no auguran tanto una guerra comercial como una economía europea estancada.
Europa está ensimismada. Mientras crece la inestabilidad en el mundo, su mayor preocupación es el reparto de cargos en sus instituciones. De la misma manera que la política de austeridad está debilitando la economía europea, la ausencia de una política energética común está impidiendo una respuesta adecuada a los graves riesgos de suministro y la imposibilidad de contar con alternativas reales al gas ruso.
Las medidas se pueden resumir en que no se van a modificar las relaciones con Gazprom y que cada Estado miembro decidirá por su cuenta su mix energético y su estrategia de suministro, el resto lo decidirá el general invierno.
La falta de voluntad para establecer una política energética supranacional, vinculante para los Gobiernos, hace que la respuesta europea carezca de credibilidad. Mientras la decisión sobre el mix energético no sea una política europea y se mantenga en el ámbito nacional, al margen de la competencia y de los procedimientos democráticos, la dependencia energética del gas y del petróleo acabará asfixiando a Europa.
