Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
En los últimos doce meses el precio del crudo se ha revalorizado un 90% sin que se haya frenado la demanda. Nos aproximamos rápidamente al equilibrio mundial entre la oferta y el consumo de petróleo en el que el precio de 110 dólares por barril todavía es barato. En el mercado de futuros de EEUU ya ha alcanzado los 200 dólares y el banquero tejano Matt Simmons anuncia que llegará a los 300 dólares. Aunque las políticas económicas no han variado ante este escenario, EEUU se ha lanzado a promover los biocarbnurantes, China a diversificar sus fuentes de energía y Rusia a ser el primer suministrador.
¿Qué ha hecho Europa? El Consejo Europeo de marzo de 2007 acordó una revolución energética basada en objetivos vinculantes para 2020, fecha en la que la UE deberá haber reducido un 20% sus emisiones de CO2, con un 20% de ahorro de energía y un aumento de las renovables hasta un 20% del consumo final de energía y un 10% de biocarburantes. El pasado mes de enero se presentó la propuesta de directiva de renovables que, en palabras del Comisario de Industria, Gunter Verheugen, supone una oportunidad económica que hará que los países que primero innoven tendrán ventajas competitivas y venderán su tecnología a todo el mundo.
La directiva nace por la urgencia de definir una nueva política energética global y ambiciosa que pasa por incrementar la cuota de renovables, reconociendo que constituyen un factor de competitividad de Europa frente a EEUU y, como tal, se incluye en los objetivos de la Agenda de Lisboa. Por eso se propone como marco que asegure estabilidad y seguridad a los inversores, valorando expresamente los beneficios económicos, ambientales y sociales que su crecimiento aporta a la economía de la Unión.
La política energética de España ha ido a remolque de las directivas europeas, por eso son muchos los aspectos de esta directiva que va a obligar a clarificar parte del barullo normativo y la incertidumbre que padece el sector. Basta citar la homologación de equipos y formación de instaladores, las directrices a arquitectos y urbanistas, el reparto de los costes de conexión incluyendo los beneficios para la red de las renovables, la importancia de las interconexiones, el comercio entre estados de las garantías de origen, el apoyo a los biocarburantes de segunda generación y su distribución en todas las gasolineras.
Pero lo más destacable es el carácter obligatorio y mínimo de los objetivos que se asignan a los estados miembros, el 20% para España, y el respaldo a los actuales sistemas de apoyo. Precisamente la defensa del sistema de primas que han hecho los gobiernos de España y Alemania merece un reconocimiento; pero la redacción actual no es suficiente para garantizar el sistema de primas y el debate que se va a producir en las instituciones europeas los próximos meses habrá de contar no sólo con el apoyo del nuevo gobierno sino con el respaldo de todo el sector.
Conseguir un 20% de consumo de renovables requerirá una fuerte inversión privada y el sistema de primas asegura el apoyo financiero a los productores de renovables. Además, si lo comparamos con el sistema de certificados, es más barato, menos volátil e incentiva a todas las tecnologías, no sólo a las más maduras. Habrá que defender también que cada país decida el sistema de apoyo que crea adecuado y el intercambio entre estados de su cuota de generación renovable. De esta manera, al no armonizar ni alterar los sistemas de apoyo existentes no se creará incertidumbre regulatoria y garantizará el cumplimiento de los objetivos.
España debería definir con urgencia un modelo energético sostenible para 2020. Este modelo está concretado en el Plan Nacional de Asignación de emisiones. Hace falta trasladarlo a la Planificación y a la política económica para dar certidumbres a las empresas españolas y consolidar su liderazgo industrial y tecnológico.
