Las cuentas de las eléctricas durante el primer semestre de 2017 han mostrado una caída media de sus beneficios de dos dígitos, mientras la demanda eléctrica sigue plana. Según han explicado las propias compañías, se debe en parte al elevado precio del mercado mayorista. La menor producción hidráulica y eólica ha aumentado la generación con carbón y con gas y, en consecuencia, se han encarecido los costes de las compras de energía.
Un precio mayorista tan elevado ha demostrado la pérdida de rentabilidad de la energía convencional. La generación hidráulica ha caído más de un 51% debido al descenso hasta el 44% de la capacidad de los embalses, la más baja en veinte años, y ha demostrado también que la hidraulicidad del sistema eléctrico es un mal que perdura desde el siglo pasado, igual que la pertinaz sequía, sin que nadie haya querido corregirlo.
Tendencias estructurales del sistema eléctrico
Desde la moratoria de 2012 la nueva inversión renovable ha desaparecido de España, la eólica en tierra no ha crecido, la eólica marina ha sido excluida y la energía solar ha seguido vilipendiada para impedir su acceso a los consumidores. Mientras España permanece al margen de la primera y más barata inversión energética del mundo, la electricidad generada con carbón ha crecido en 2017 un 72% y la generada con gas un 30%.
La consecuencia es que este modelo energético empobrece al país al tener que pagar los hogares y las Pymes la energía más cara de Europa y al aumentar las emisiones del sector eléctrico un 41% en lo que va de año, según REE; demostrando también que el CO2 sube y baja en España en función del clima, el régimen de lluvias o la disponibilidad de renovables y no por la acción de los gobiernos.
El error ha sido considerar que nos encontramos ante problemas coyunturales. La excesiva hidraulicidad del sistema eléctrico, la dependencia energética del gas y el carbón, la falta de potencia renovable, la falta de gestión de la demanda, el descontrol de las emisiones energéticas o el descenso de la demanda eléctrica desde 2007 no son fenómenos estacionales sino estructurales. Marcan tendencias que en otras partes del mundo ya han provocado cambios en la inversión energética hacia la electrificación con renovables y almacenamiento, la eficiencia energética y la generación distribuida, porque son más rentables que el modelo fósil y nuclear.
España necesita más renovables para resolver los estrangulamientos del sistema eléctrico y cumplir sus compromisos internacionales de reducción de emisiones. Por el contrario, pese a que el 77% de las centrales de carbón planificadas por las eléctricas europeas se han cancelado, que Francia ha anunciado el cierre de 17 centrales nucleares antes de 2025 o que las agencias Moody´s y Standard & Poors han advertido al sector gasista que la transición hacia la descarbonización pone en duda su calidad crediticia, la política oficial insiste en proteger del cierre a las centrales de carbón, gas y nucleares.
La transición energética de las directivas europeas
No solo faltan renovables para abaratar el precio de la energía sino para cumplir los objetivos climáticos de la UE. En 2020 las renovables deberán alcanzar el 20% del consumo final de energía y en 2030 las emisiones habrán de reducirse un 40%. El impacto negativo de la moratoria renovable de 2012 sobre estos objetivos ha provocado las subastas de renovables de 2016 y 2017 que solo tratan de evitar un expediente de la Comisión Europea.
Las subastas han dejado en evidencia todas las falsedades vertidas contra las renovables: el Gobierno las necesita para abaratar el precio de la luz y cumplir con Bruselas y las eléctricas para elevar la rentabilidad de su mix de generación, porque son más rentables que los combustibles fósiles o la nuclear. Pero hasta ahí llegan las novedades, porque se ha tenido especial cuidado en dejar fuera la microgeneración renovable, la generación descentralizada, el autoconsumo o el almacenamiento local.
Las subastas solo han admitido las renovables a gran escala que complementen el mix energético del gas, el carbón y las nucleares. El concepto de transición energética que contempla el Ministerio de Energía nada tiene que ver con la transición energética que contemplan las directivas europeas vigentes y la propuesta de revisión del “paquete de invierno”.
La transición energética que ha diseñado la Comisión Europea trata de transformar el modelo energético centralizado, basado en la oferta de las grandes centrales térmicas, en un modelo de generación descentralizada basado en la gestión de la demanda, es decir, en las decisiones de los consumidores a través del autoconsumo con renovables, autoconsumo compartido y microrredes, almacenamiento local, contadores de balance neto, edificios 100% renovables y vehículos eléctricos, con el fin de descarbonizar la economía europea.
Por el contrario, el concepto de transición energética que proponen las autoridades españolas se centra exclusivamente en garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, que es lo mismo que garantizar la rentabilidad del sector eléctrico convencional. Las alegaciones que España ha presentado a las nuevas directivas que propone Bruselas son la expresión de la política contra las renovables de la última reforma energética y llama la atención que un gobierno ultra liberal sea tan intervencionista, tan contrario a los reguladores independientes y a abrir la competencia de los mercados energéticos.
Sin estrategia contra el cambio climático
El concepto europeo de transición energética está vinculado a la eliminación de los gases de efecto invernadero; sin embargo, España sigue oficialmente anteponiendo la sostenibilidad económica a la sostenibilidad ambiental con cierta irracionalidad. En pleno agosto el Ministerio de Energía ha abierto una consulta pública para aprobar un decreto que impida el cierre de centrales de carbón o nucleares, aunque no sean rentables, contaminen el medio ambiente o no cumplan las directivas europeas. Es la respuesta a Enel, que quiere cerrar las centrales de carbón de Endesa, y a Iberdrola que ha confirmado la ruina de sus nucleares para no reabrir Garoña.
En este contexto es en el que hay que entender la designación a dedo del elenco de expertos que participarán en la comisión que ha de fijar las líneas del plan integrado de energía y clima que exige Bruselas y la ley de cambio climático. El punto de partida es que todas las fuentes de energía son necesarias; algo desmentido todos los días por el trasvase que se está produciendo desde los combustibles fósiles a las renovables en las inversiones energéticas mundiales y en la depreciación de activos de los balances de las eléctricas europeas.
La comisión de expertos revela que España carece de estrategia contra el cambio climático y que la reducción de emisiones queda supeditada a los intereses de la política económica y energética; por eso tendrá el mismo futuro que en 2005 tuvo el informe de Pérez Arriaga. Los contaminadores ganarán un tiempo y dinero que perderá toda la sociedad. A medida que los impactos del clima avancen o se sucedan nuevas olas de frío y calor, sus costes caerán sobre los consumidores finales y no se podrán cargar en la cuenta de los ideólogos del “renovables sí, pero…”.
