La Cumbre climática de Bonn (COP23) ha terminado como todas las anteriores, dejando para la cumbre de Polonia en 2018 el desarrollo del Acuerdo de París de 2015. La novedad, a última hora, vino con la propuesta de Canadá y Reino Unido para cerrar todas las centrales de carbón en 2030 en los países de la OCDE. La Unión Europea se ha retratado y se ha producido la división entre los gobiernos que tienen un calendario de cierre y los que no quieren prescindir del carbón. Una fractura similar a la que está teniendo lugar en las discusiones entre los ministros de energía sobre las directivas del Winter Package (Paquete de Invierno).
España no se ha sumado a la declaración y ha mantenido el doble lenguaje de descarbonizar la economía manteniendo los combustibles fósiles en el mix energético. Es la consecuencia de enviar a unos responsables de medio ambiente que no tienen ninguna competencia en energía y un ministerio de energía que no acude a ninguna cumbre climática porque el CO2 no es de su competencia.
La posición de España ha coincidido en un momento en el que las grandes eléctricas han pedido al Gobierno cerrar sus centrales de carbón por falta de rentabilidad. Si se tiene en cuenta que el carbón solo representa el 9,5% de la potencia instalada, que el 83% del suministro es importado del exterior, que fija con el gas el precio más elevado de la energía, que emplea a menos de 3.000 trabajadores, que representa el 16% de las emisiones totales, que tendrá que hacer grandes inversiones para reducirlas y cumplir los límites de la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales, la decisión de mantener el carbón es solamente política.
Pero parece que en esta ocasión el Gobierno y la oposición se hubieran puesto tácitamente de acuerdo en el apoyo al carbón. La falta de coherencia con respecto al cambio climático no solo hay que cargársela al Gobierno ya que es una constante en casi todo el arco parlamentario español. A partir de la COP23 es evidente que la política española no es consciente del riesgo que supone mantener una economía carbonizada ni de lo que representa cumplir los compromisos del Acuerdo del clima de París.
Casualidad o no, coincidiendo con la Cumbre de Bonn, la política energética española se ha alejado, una vez más, de la dirección que marcan los mercados en todo el mundo:
• El Gobierno ha enviado a la CNMC su proyecto de decreto para impedir que los propietarios de centrales de fuel, gas, carbón o nucleares las cierren. Esa decisión empresarial queda en manos exclusivamente del Gobierno en un intervencionismo impropio de un socio de la Unión Europea y en contradicción con los compromisos internacionales ya adquiridos para 2030. La razón esgrimida por el Ministerio de Energía, no justificada, es que el cierre del carbón aumentará el precio de la luz un 15% y el cierre nuclear un 25%. Todo el mundo reconoce estos días que la extrema sequía está encareciendo la luz por la mayor producción con carbón y con gas y por la falta de renovables.
• Al PSOE este proyecto de decreto le ha parecido insuficiente y ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para garantizar la presencia del carbón en el mix energético como energía de reserva e impulsar la captura y almacenamiento de CO2, que es como un guiño a los contaminadores para seguir contaminando.
• El Ministerio de Energía y el sector gasista han renovado su apuesta para convertir España en un centro de conexión e intermediación en el mercado mundial de gas (GNL) en el XIX Encuentro Especializado del Sector Gasista Español. Se trata de aprovechar la sobrecapacidad gasista y las infrautilizadas regasificadoras para cargar y enviar buques metaneros a todo el mundo desde una posición geográfica clave. Es la solución para superar así el déficit estructural del sistema gasista que describe la Ley 18/2014.
• El BOE ha publicado el RDL 16/2017, de 17 de noviembre, sobre seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. Con dos años y medio de retraso, para evitar multas de Bruselas, se transpone por decreto la Directiva 2013/30/UE sobre seguridad en operaciones de petróleo y gas mar adentro. Se trata de evitar otro Castor y priorizar el interés general, la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente como premisa básica y previa a cualquier otra. Pero mientras las operaciones atendidas no sean seis o más, el órgano que tomará las decisiones seguirá siendo el Ministerio de Energía. ¿Si hasta ahora las prioridades han sido otras, cambiarán para las futuras autorizaciones y declaraciones de impacto ambiental en las instalaciones energéticas?
La única esperanza que queda es que, por primera vez, las grandes eléctricas están más cerca de la descarbonización que el Gobierno; porque han comprobado que su excesiva exposición a los combustibles fósiles, al coincidir con variaciones extremas del clima, reduce sus beneficios y su rentabilidad. Se suman así a la tendencia global de invertir en renovables y desinvertir en activos fósiles y nucleares.
La política energética no puede seguir con el fraude de la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014 que cargan automáticamente todos los déficits del sistema eléctrico y gasista a los peajes; como no puede seguir sin internalizar los costes ambientales y de mala gestión política o empresarial para cargárselos también al consumidor. Una política energética tan negacionista e intervencionista como la de España no solo está fuera de mercado sino fuera de la realidad.
