Causa perplejidad una reforma que el mismo Gobierno que la ha aprobado modifica en una Ley de metrología para intervenir más el precio de la luz y rebajarlo selectivamente a ciertos colectivos o cuando las propias eléctricas piden subastar el déficit de tarifa de 2013 que por ley deberían pagar ellas para que lo paguen los consumidores. La reforma energética se reforma sobre sí misma con más intervencionismo y discrecionalidad administrativa.
Pero los fundamentos de la reforma están cuestionados. En el Informe de 13 de octubre sobre el mercado interior de la energía, la Comisión Europea reclama más inversiones en redes y contadores inteligentes para que los consumidores tengan un papel activo en la gestión de su demanda y que la bajada de precios de la energía se vincule a precios más bajos en el mercado mayorista. El efecto de la reforma eléctrica en España es justo el contrario.
La banca ha reclamado más seguridad jurídica a fin de que los plazos para refinanciar la deuda de 20.000 M euros en proyectos renovables alcancen toda la vida útil de las plantas y que se garanticen las liquidaciones no pagadas a través de derechos de cobro o reconocimiento de deuda. Los bancos exigen al Gobierno una estabilidad inamovible de la retribución durante toda la vida útil regulatoria de los proyectos. El sistema financiero reclama para las renovables la seguridad jurídica que la reforma les ha negado.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto otra investigación a las eléctricas sobre posibles anomalías en las subidas de la luz en el mercado mayorista entre agosto y septiembre al registrar los precios más altos desde diciembre por entrar más gas y carbón en el sistema. La CNMC va más allá y ha pedido al Gobierno, en el informe sobre el decreto de cesión del déficit eléctrico de 2013, que desarrolle de inmediato el autoconsumo sin restricciones, como ha hecho Cataluña, y que colocar en el mercado los 3.600 Me del déficit de 2013 aumentará en 300 Me al año hasta 2028 los costes del sistema que pagarán los consumidores. La CNMC ha detectado un déficit de tarifa de 525 M de euros hasta agosto de 2014 y ha abierto otra investigación sobre posible fraude de las distribuidoras en los contadores de luz, lo que evidencia los errores de la reforma.
La captura de las funciones del regulador independiente por el Ministerio de Industria, según la Ley 3/2013, ha provocado que la CNMC ya no informe el precio de la luz ni decisiones trascendentales como la venta de activos latinoamericanos de Endesa a Enel o la indemnización del almacén de gas Castor; decisiones ambas que equivalen al 2% del PIB, es decir, a todo el crecimiento previsto para España en 2015 sin dictamen previo del regulador. La reforma merma la competencia y la transparencia con el efecto de encarecer la energía al consumidor.
España es el sexto país de la UE que más contamina y ha aumentado sus emisiones de CO2 un 20% desde 1.990. Pero eso no es inconveniente para impulsar la rehabilitación de edificios con gas natural y subvencionar los vehículos de gas. En la reforma fiscal se ha desdeñado la fiscalidad ambiental a pesar de que, según Ecologistas en Acción, un 36% de la población respira aire contaminado por encima de los límites legales, 16,8 millones de personas. Con respecto a las energías de riesgo, como las exploraciones de fracking e hidrocarburos, el criterio de seguridad es que “si llega la fase de explotación, ya veremos los riesgos y cómo solucionarlos”.
El déficit democrático y el desprecio al consumidor quitan toda credibilidad a la reforma energética; así como la idea de que el crecimiento es incompatible con las medidas para combatir el cambio climático.
