La Comisión Europea presentó en noviembre de 2016 su propuesta de revisión de directivas, conocida como “paquete de invierno”, con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos por la UE en el Acuerdo de París de reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y la hoja de ruta acordada en 2011 para reducirlas entre un 80% y 95% en 2050.
La propuesta de Bruselas para reducir las emisiones parte de la participación de los consumidores en el sistema eléctrico para gestionar su propia demanda de energía a través del autoconsumo, del autoconsumo compartido, del almacenamiento y del vehículo eléctrico para que los consumidores puedan generar, almacenar, usar y vender su propia energía renovable en condiciones justas.
El objetivo final es sustituir los combustibles fósiles por renovables en el urbanismo y el transporte a través de edificios de consumo casi nulo de energía con autoconsumo e infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos en edificios y aparcamientos.
La crítica de España al "Paquete de Invierno"
El pasado mes de abril España presentó sus comentarios a este nuevo diseño del mercado eléctrico que destacan por su oposición a que Bruselas tenga competencias en estos asuntos, su negativa a discriminar positivamente al autoconsumo por ser oneroso para la red y más al autoconsumo comunitario, que se considera un paso atrás en la liberalización eléctrica.
España defiende la continuidad de los pagos por capacidad, la tarifa regulada y que el reparto de los objetivos de renovables y eficiencia energética para 2030 tengan en cuenta los costes incurridos en el pasado. Lo más sorprendente es su oposición a los reguladores independientes e, implícitamente, a la independencia de la CNMC, a pesar del expediente que Bruselas ha abierto a España por ello.
La posición de las autoridades españolas de renacionalizar la política energética y de rechazo a los reguladores independientes es la más euroescéptica que hoy se puede encontrar en la UE-27 y responde a la única voluntad de garantizar los ingresos del sector eléctrico convencional, oponiéndose al autoconsumo y la eficiencia energética porque reducen los ingresos del sistema eléctrico y crean déficit de tarifa.
El Ministerio de Asuntos Exteriores debería mirar la falta de coherencia entre las posiciones de España ante el “paquete de invierno” y la propuesta que ha enviado a Bruselas un mes después para refundar el euro con un verdadero gobierno económico europeo. Es incomprensible cómo se puede ser europeísta para la economía y euroescéptico para la energía.
La asignatura pendiente del Acuedo de París
La consecuencia directa es que España, que ratificó el Acuerdo de París en diciembre de 2016, no está haciendo nada para cumplirlo. El último informe del Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la Cátedra BP de la Universidad de Comillas lo deja claro. La evolución de la sostenibilidad en España es muy negativa, crecen significativamente las emisiones, la demanda de energía primaria, la intensidad energética y las importaciones de combustibles fósiles, mientras las renovables permanecen estancadas. España se comporta como kamikaze de autopista en comparación con la UE y la OCDE.
Pero aún es peor. La decisión de la italiana ENEL de cerrar las centrales de carbón de Compostilla y Andorra, de la no menos italiana Endesa, ha provocado la irritación del Ministro de Energía en defensa del carbón por la seguridad energética y el empleo en España. Y prácticamente todo el arco parlamentario ha salido en defensa del carbón, a pesar de que Bruselas le ha puesto fecha de caducidad y ser la principal fuente de emisiones.
El proyecto de presupuestos del Estado para 2017 ratifica la ausencia de estrategia para cumplir con los compromisos climáticos. Mientras se reduce un 30% el gasto destinado a combatir el cambio climático y se descarta elevar la fiscalidad ambiental, se mantienen las ayudas al carbón y al diésel, se incrementa el gasto destinado a la compra de derechos de emisión y se crean nuevas subvenciones a los grandes consumidores por soportar el coste de las renovables.
Nadie paga por emitir CO2 y nadie es incentivado por no hacerlo
Según la Cátedra BP, si se incorporara el coste climático, el valor añadido del sector eléctrico se reduciría en un 45%. Así se comprende mejor la política contra las renovables. Las cuentas del sector eléctrico del primer trimestre de 2017 empiezan a demostrar que la falta de renovables eleva el precio mayorista de tal manera que sus beneficios se reducen porque la mayor producción térmica con gas y carbón se encarece.
España necesita más renovables y menos CO2. La Unión Europea ha establecido el Acuerdo de París y la hoja de ruta para 2050 como estrategia climática que pretende desarrollar a través del “paquete de invierno”. Mientras Europa se descarboniza, España se carboniza. Es urgente salir de esta contradicción, defender el Acuerdo de París y conseguir que la revisión de las directivas sea instrumento útil para una economía sin carbono.
Hay una lección pendiente que ningún gobierno ha aprendido y es que la economía ha de supeditarse al medio ambiente. Para ello son imprescindibles reguladores independientes que vigilen que no haya abusos de posición dominante para que los consumidores puedan gestionar su propia demanda con la energía más limpia y más barata.
Este artículo ha sido publicado orignialmente en La Oficinad e JGB
