Con un mes de diferencia, el Presidente de Iberdrola y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han coincidido en afirmar que es muy difícil bajar el precio de la electricidad y que es la regulación la que impide bajar las tarifas de la luz. Por el contrario, el Ministro de Industria no cesa de repetir que la luz ha bajado en 2014 y lo seguirá haciendo en 2015, contradiciendo los datos del Instituto Nacional de Estadística y de los consumidores.
Coinciden en culpar a las renovables y los costes regulados del encarecimiento de la energía. Lo que no cuentan es que los costes regulados son costes reconocidos a las eléctricas; que éstas, a través del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), han ingresado más de 23.000 M€ del déficit de tarifa; que el Gobierno ha renunciado a reformar el mercado mayorista en el que las energías más caras, el gas y el carbón, fijan los precios; y que la revisión automática de los peajes prevista en la ley del sector eléctrico garantiza los ingresos al sector eléctrico para sus operaciones corporativas en el extranjero.
La respuesta a esta gran contradicción la ha dado Bruselas. La nueva Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha abierto procedimiento de infracción a España por el incumplimiento de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE que exigen la total independencia de los organismos reguladores de la competencia de cualquier interés público o privado, incluida la implicación gubernamental en el ejercicio de las competencias exclusivas de la autoridad regulatoria nacional.
Entre los costes reconocidos, la Comisión Europea también va a investigar los pagos por capacidad a las centrales de gas por su posible ilegalidad y freno a la competencia. En España pueden ser cerca de 900 millones cobrados todos los años. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella por los 3.400 millones cobrados de más por las eléctricas por los costes, también reconocidos, de transición a la competencia (CTC).
La captura por el poder ejecutivo de los organismos reguladores de la competencia ha sido una práctica común tanto de los gobiernos del PSOE como del PP que colocaron a personas afines en los órganos reguladores de la competencia, Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Comisión Nacional de Energía (CNE). El actual Gobierno ha ido más lejos en la Ley 3/2013 que disuelve dichos organismos y los refunde en la CNMC. En sus disposiciones adicionales octava y novena traspasa las funciones que antes ejercía la CNE al Ministerio de Industria y los asuntos relativos a operaciones de compra-venta de activos energéticos al propio ministro.
Para que no haya duda, los diez consejeros de la CNMC se nombran por decreto a propuesta del Ministro de Economía y sus informes no serán vinculantes. Las reclamaciones ahora del Presidente de la CNMC exigiendo sus funciones no tienen sentido pues el Gobierno se las arrebató en la Ley 3/2013. España carece de un regulador independiente de la competencia y ése es el origen del encarecimiento de la luz, el gas y los carburantes.
Consecuencia de la falta de competencia es la mala calidad de la regulación que protege mejor los intereses de unas pocas empresas que los de la inmensa mayoría de consumidores. Esta asimetría se demuestra en múltiples sentencias como la que ha anulado la multa de 61 millones a las eléctricas por fijar precios e impedir el libre mercado.
Sin competencia, los monopolios dictan los precios de los mercados de bienes y servicios y se apropian del Estado. Pero nadie ha pedido todavía derogar o modificar sustancialmente la Ley 3/2013 de creación de la CNMC. ¿Será aún posible?
