En los últimos días de noviembre, el Ministro de Industria en funciones propuso un recargo retroactivo en la tarifa del gas por el que Gas Natural ingresará 157 millones de euros para pagar a la empresa argelina Sonatrach la deuda correspondiente a la sentencia del laudo arbitral internacional que condenó a la gasista española a pagar 1.500 millones a los argelinos por una revisión de precios desde 2005. Lo que pocos sabían es que precísamente desde 2005, a través de otro recargo impuesto por el Ministerio de Industria, los consumidores de gas han estado pagando a Gas Natural cientos de millones sin que lo supieran. Pero la ocultación es de mayor gravedad cuando nadie sabe cómo se han calculado dichos recargos, ya que los precios de los contratos entre GN y Sonatrach son secretos. Tan secretos que la Comisión Nacional de Energía ha tenido que reclamarlos a través de los tribunales de justicia. Tampoco se conoce lo que ya han pagado los consumidores por el primer recargo y si este segundo será suficiente porque tampoco hay datos ciertos sobre la deuda resultante del laudo arbitral. Solo conocemos que Sonatrach va a entrar en el capital de GN con un 3,8% con la finalidad de rebajar esa deuda, pero como los acuerdos entre ambas empresas tampoco se conocen, todo indica que estamos ante un ejemplo de opacidad y falta de transparencia que impide saber cuánto más va a costar a la economía española y a los consumidores la creciente dependencia del gas.
No deja de ser curioso con qué diferente criterio ha aplicado el Ministerio de Industria la retroactividad para aumentar los ingresos del gas y para reducirlos a las renovables, como ya ha hecho con la fotovoltaica. Con una notable diferencia y es que mientras las renovables son fuentes transparentes porque todo el mundo conoce sus precios, del gas contaminante nadie los conoce porque son secretos. Cuando las empresas gasistas se meten a destajo contra las renovables en el fondo lo que persiguen es llamar la atención sobre las fuentes limpias y autóctonas para que nadie se fije en los secretos mejor guardados de las fuentes fósiles contaminantes y que importamos de fuera. Nadie cuenta que los precios del gas seguirán subiendo porque los determinan fuera de España y bajo secreto.
Una semana antes de conocerse este nuevo recargo a la tarifa del gas, Gas Natural anunció un acuerdo con la empresa estadounidense Cheniere para comprar gas no convencional durante veinte años a mil millones por año. Supone un 15% del gas que consumimos en la actualidad pero que GN podrá vender por todo el mundo. Todo suena a operación especulativa con activos futuros e intangibles a muy largo plazo. De libro: la burbuja del gas no convencional ha empezado y España ya está comprometida sin que ningún regulador haya abierto la boca; para eso están los recargos secretos y echar permanentemente la culpa a las renovables.
Este sólo es el penúltimo capítulo de una política energética apoteósica que traerá cola. El Ministerio de Industria ha comprometido cerca de tres millones en la defensa contra los recursos internacionales por aplicar recortes retroactivos a la fotovoltaica por 600 millones, ha dejado fijada la retribución al gas en 3.470 millones, ha incrementado en 335 millones los pagos por disponibilidad a las centrales de gas y gran hidráulica que en 2010 ascendieron a más de 1.600 millones, ha mantenido los beneficios extraordinarios de las nucleares e hidráulicas por 3.478 millones al retribuirlas como la generación más cara que es la del carbón y el gas, no ha impedido que las subastas de la tarifa de último recurso en dos años hayan supuesto un sobrecoste de 1.400 millones a los consumidores, el precio mayorista de la luz ha crecido más de un 34% en 2011 por la mayor generación con carbón, aprobada por decreto en 2009, siendo la fuente más cara y subvencionada al 100%. Pero el mensaje que más se ha repetido es que las renovables, cuyas primas en 2010 ascendieron a 5.266 millones, son las culpables de que suba el recibo de luz y por eso se las ha dejado en la incertidumbre y sin regulación a partir de 2012.
Pero la realidad es más tozuda y nos recuerda constantemente que los costes más importantes de nuestro sistema energético no son los que repiten sin cesar el Ministerio de Industria y las eléctricas. Hasta el pasado mes de septiembre las importaciones de gas y petróleo han ascendido a 40.000 millones y su valor ha crecido un 30% en 2011. Las perspectivas indican que, como ha anunciado Goldman Sachs, las materias primas energéticas van a encarecerse un 15% en 2012 y el crudo llegará a su nivel más alto desde 2008. Los acontecimientos en Rusia, Irán, en el Magreb y Oriente Medio son indicadores del enorme coste y riesgo de suministro que supone para la economía española unas importaciones energéticas que suponen dos terceras partes de su déficit comercial.
Si España equiparase su intensidad energética con la media de la UE-15, el diferencial supondría un ahorro equivalente al 1,5% y 3,5% del PIB, en función de los precios del crudo; es decir, que el mayor consumo de energía nos cuesta cada año entre 15.000 y 35.000 millones de euros más que aquellas economías con las que competimos. Estos datos, reflejados en los informes de “Economics for Energy” presentados recientemente en la CNE, indican que el coste de nuestra ineficiencia energética es tan significativo como el de nuestra dependencia energética y, entre ambos, hacen imposible el control de nuestra inflación y de los déficits de nuestra economía. Si se mantiene el actual modelo energético parando las renovables, consumiendo cada vez más gas, petróleo y carbón importados y sin incentivar el ahorro de energía, España avanza inexorablemente hacia una futura crisis energética.
De espaldas a este escenario, UNESA ha vuelto a insistir en el viejo modelo energético, rechazando el mix aprobado por el Congreso de Diputados y el PER 2011-2020, que ya era muy restrictivo con las fuentes renovables, y proponiendo otro mix con menos renovables, paralizando el mercado de la energía solar fotovoltaica, la termosolar y la eólica para que no se instale ningún kilovatio más de los ya autorizados, paralizando de paso una de las pocas industrias nacionales que pueden ayudar a superar la crisis, y basando nuestro futuro energético en el gas y la energía nuclear. Ahora ya sabemos que la moratoria renovable que proponen es, sencillamente, para comprar y vender más gas especulando con precios secretos.
¿Demostrará ahora la CNE que sirve para algo? Porque los responsables de un modelo energético que se fundamenta en las mayores importaciones energéticas y el mayor consumo y despilfarro de energía no pueden ser ahora los que vengan a arreglarlo. Es legítimo que cada uno defienda lo suyo, pero ¿quién defiende lo que es de todos?
