javier garcía breva

El Premio Príncipe de Asturias, para APPA (ER 59)

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Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com

Se ha producido en junio la última amenaza argelina sobre el gasoducto Medgaz, que añade más incertidumbre a nuestra seguridad de abastecimiento y pone de manifiesto las carencias de España en cuanto a energía se refiere. Y es en el contexto de la seguridad de abastecimiento en el que hay que analizar el nuevo Real Decreto 661/07, que establece la retribución de las energías renovables y que se ha aprobado tres años después de que se anunciara por primera vez la revisión del Real Decreto 436/04.

El nuevo Decreto mantiene la injusticia que estableció el Real Decreto-Ley 7/2006, al sustituir la referencia de la Tarifa Eléctrica para las energías renovables por el IPC, con lo que el precio de las renovables va a seguir la senda del precio de las patatas y no el de la luz, como sería más lógico. Además, incluye mecanismos para que las renovables paguen el coste de las infraestructuras necesarias para su conexión a red, inversiones que deberían de haber hecho otros y que los consumidores ya hemos pagado en el recibo de la luz.

Dicho esto, cabe felicitar al Gobierno porque, finalmente, el decreto aprobado modifica y mejora los borradores conocidos anteriormente y hace caso a las recomendaciones de la CNE, que pedían la mínima incertidumbre regulatoria, a pesar de que se había anunciado que no se iban a tener en cuenta. Del proceso vivido durante el último año cabe extraer algunas conclusiones que marcan el avance irreversible de las energías renovables en España:

– El sector de las energías renovables sale enormemente fortalecido como agente de primer orden de la política energética y como sector económico beneficioso para España. Ello es consecuencia de la aparición de un fuerte lobby de las renovables. La carta con la que las tres principales asociaciones empresariales (APPA, AEE y ASIF) reaccionaron ante el RD-L 7/2006, y la presión ejercida posteriormente, han puesto de relieve la oportunidad de un asociacionismo fuerte con un mensaje unívoco. A partir de ahora se tendrá que contar con él.

– El diálogo con la Administración ha sido fructífero en lo esencial, que no era la retribución, sino garantizar la financiabilidad frente a la retroactividad, y la estabilidad frente a la discrecionalidad. Con ello se favorece que hasta 2010 se puedan evitar más de 77 millones de toneladas de CO2 al hacer viable la financiación de las inversiones en energías renovables. Sólo por esto, APPA, como defensora de todas las tecnologías, sería merecedora del premio Príncipe de Asturias.

– A partir de ahora, cuando se hable de renovables, no se hablará sólo de eólica, sino que habrá que hablar de todas las tecnologías que, como las solares, las biomasas o los biocarburantes, van a ser ya protagonistas de la política energética.

– La publicación del RD 661/07 desmiente todas las consideraciones negativas que se han dicho sobre las renovables: “caras”, “imposibles”, “prostituidas”, “se forran”, “responsables de la subida de la luz”, etc. Igualmente, supone una señal a los mercados para impulsar la demanda de renovables, el I+D en estas tecnologías y, sobre todo, alcanzar el 12% del consumo primario con ellas en 2010.
– En estos momentos, en cuanto a los objetivos de renovables, ya hay varias comunidades autónomas que van por delante de la iniciativa del Estado. Por ello, a partir de ahora, hay que pensar en un nuevo Plan de Energías Renovables que multiplique los objetivos para alcanzar el 20% de consumo en 2020. También en una Ley de Renovables que fije su marco económico y administrativo, armonice la diversa normativa autonómica y sea el reflejo del apoyo del Estado a las energías limpias, como ya han hecho muchos estados del mundo.

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