Cuando la semana pasada se votaba la Ley de Economía Sostenible en el Senado no pude dejar de pensar en un buen número de parlamentarios que son conscientes del atropello – que con su voto- se estaba cometiendo contra miles de pequeños propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Cuando escuché al Presidente del Gobierno comparar la burbuja fotovoltaica con la burbuja inmobiliaria concluí que ésta es la culminación de una estrategia bien elaborada para construir una realidad ficticia sobre la auténtica verdad de la cuestión energética de España.
Para empezar, la burbuja inmobiliaria surge de una liberalización total del suelo fomentada con bajos tipos de interés y una codicia del sistema financiero, también liberalizado, implicando a toda la economía española en un monocultivo productivo con las nefastas consecuencias que ahora estamos pagando. Por el contrario, el sector renovable ha estado y sigue intervenido al 100%, de forma que todo lo que se ha hecho en fotovoltaica, se ha hecho cumpliendo la normativa aprobada y publicada en el BOE. Esa es la seguridad jurídica que ha convencido a miles de pequeños inversores para instalar fotovoltaica en la creencia de que, con la garantía del BOE, la seguridad se amparaba en la apuesta por el cambio de modelo energético hacia “más renovables y menos nuclear” como anunció en su primer debate de investidura en 2004 el Presidente del Gobierno, este Presidente del Gobierno.
Con la crisis financiera de 2008, el modelo inmobiliario y bancario se derrumba destrozando el futuro a toda una generación de jóvenes por carecer de otra especialización productiva. Al final, se ha encontrado un culpable y, en consecuencia, las cajas de ahorros desaparecerán y serán los bancos los que harán que el sector que originó la crisis, emerja como protagonista en el nuevo reparto del poder económico que se está gestando.
Pero la crisis de 2008 nació mucho antes con la subida de precios del petróleo que, desde 2004 a 2008, pasó de 20 a 147 dólares por barril. Esa es la causa de la subida de tipos de interés y la ruina de las hipotecas basura. La recesión económica tiene en España un efecto inesperado, como es la disminución de la demanda energética, hasta tal punto, que el exceso de generación cuestiona la rentabilidad de todas las inversiones realizadas desde 2002 en las tecnologías convencionales, especialmente ciclos combinados de gas que son tecnologías totalmente liberalizadas, es decir, realizadas libremente por las personas físicas o jurídicas que quisieron hacerlo sin ningún tipo de control.
Cuando se inicia el año 2011, asistimos a una nueva escalada del petróleo con el agravante de una crisis revolucionaria en todo el norte de África y Oriente Medio de consecuencias imprevisibles para nuestra seguridad de suministro. El precio de los combustibles fósiles amenaza la recuperación económica. Lo han dicho ya la Agencia Internacional de la Energía y el Banco Central Europeo; y la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) ha acordado no aumentar la oferta y mantener los precios altos, con lo que se dan todos los ingredientes para una crisis por el encarecimiento de las materias primas energéticas. Para España, con unas importaciones de gas y petróleo en 2010 de más de 31.000 M€ y unos sobrecostes de 14.000 millones más por los desvíos en las previsiones presupuestarias de 2010 y 2011, realizadas con precios más bajos, la dependencia de los combustibles fósiles –como bien decía Mariano Marzo en un artículo reciente- está en estrecha correlación con la deuda soberana.
Llegados a este punto, lo más sensato sería aprovechar la oportunidad de impulsar otro modelo energético más seguro y sostenible y lo más razonable sería apostar por una menor dependencia de las fuentes energéticas que importamos de fuera y fomentar la producción con las renovables, que son autóctonas, desarrollando una nueva especialización productiva. Por el contrario, se ha decidido defender los intereses de la parte liberalizada del sistema: petróleo, gas, carbón, gran hidraúlica y nuclear y frenar en seco el mercado de las tecnologías renovables, que es la parte intervenida del sistema. Y en esa parte también se ha encontrado un culpable: la fotovoltaica. Si eso fuera cierto se debería haber comunicado ya que ni va a subir la luz ni a crecer el déficit de la tarifa. Pero no va a ser así porque la fotovoltaica no está en el origen de ninguna de las dos. Mientras no se modifique la conformación de precios del pool eléctrico y el método de subastas que fijan el precio de la tarifa de último recurso, los consumidores seguirán pagando nuevas subidas. Siempre es bueno encontrar a quién echarle la culpa y repetirlo machaconamente hasta convertirlo en verdad irrefutable.
Frente a la realidad energética que atraviesa el mundo parece que el Gobierno se hubiera inventado otra realidad que nadie hasta ahora nos había contado: no se habla de los riesgos del petróleo y del gas y sólo de la fotovoltaica, como si ésta fuera la culpable de la subida del crudo. Reducir el mercado de renovables y arruinar la fotovoltaica con medidas retroactivas sólo es un ejemplo de incompetencia, porque va a perjudicar más la posición de nuestra deuda soberana y porque va a incrementar los costes más gravosos del sistema energético: las importaciones energéticas y las emisiones de CO2. Y esto pasa porque se ha carecido de estrategia energética desde que hace quince años, cuando la fotovoltaica no era nada, alguien decidió que la única política válida era la de bajar el recibo de la luz y que la diferencia con su coste real la pagasen los consumidores futuros.
El único delito de la fotovoltaica ha sido ser la tecnología de generación más accesible a rentas medias y, por lo tanto, incontrolable por los grandes grupos energéticos. Hay un paralelismo entre la crisis financiera y la crisis energética y la fotovoltaica tan solo es una cortina de humo para no hablar de las causas de nuestros problemas energéticos. En el fondo estamos ante un capítulo más del nuevo reparto del poder económico en el vendaval de la crisis.
