El informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre Energía y cambio climático, ante la Cumbre de París reclama a los estados más esfuerzos para que la temperatura del planeta no supere los dos grados. Las medidas pasan por el establecimiento de objetivos claros, su medición y rendición de cuentas cada cinco años y una estrategia puente usando tecnologías de probada eficacia para aumentar la eficiencia energética en edificios y transporte, reducir el consumo de carbón, aumentar un 48% la inversión renovable, eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y las emisiones de metano del gas y el petróleo.
La política energética de España está dirigida hacia todo lo contrario. La inversión renovable se ha paralizado y la Comisión Europea pone en duda que se alcancen los objetivos de 2020 por la incoherencia entre los objetivos climáticos, la moratoria renovable y las barreras al autoconsumo. Mientras las emisiones de CO2 se redujeron de media en Europa un 5% durante 2014, España sólo lo hizo un 2%, debido a su política de dar más peso en el mix energético al carbón y al gas. Los pagos por capacidad y la ley de hidrocarburos son una apuesta decidida por el fracking, el carbón, el gas y el petróleo, sin exigencias medioambientales.
La eficiencia energética es de imposible acceso para los consumidores debido a la subida de lo que se factura por potencia contratada. Según datos del presidente de ANAE, Francisco Valverde, los consumidores pagan por potencia contratada no utilizada del orden de 10.000 Me al año. Se cobra al consumidor por algo que ni utiliza ni necesita. Es la frágil e injusta sostenibilidad económica del sistema eléctrico.
Las compañías del sector han propuesto la creación de un fondo nacional para el clima, que grave las fuentes de energía contaminantes, sacando del recibo de la luz las renovables y los costes regulados, excepto los que cobra el propio sector eléctrico. Se trata de que los consumidores paguen con impuestos los costes del cambio climático, sin tocar el mercado mayorista referenciado al gas y el carbón y sin que perciban los beneficios de las renovables y del ahorro energético en el recibo de la luz.
Los riesgos del cambio climático ponen en evidencia el carácter ruinoso del modelo energético convencional, así como la resistencia negacionista e hipócrita de los gobiernos y las compañías energéticas, que desprecian el clima porque afecta a los ingresos de un modelo energético obsoleto y derrochador de recursos naturales.
El problema es carecer premeditadamente de una gobernanza del cambio climático. Tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han separado siempre las competencias de medio ambiente de las de energía, transporte y urbanismo. Las innumerables medidas contra el cambio climático se han propuesto desde el Ministerio de Medio Ambiente, que no tiene ninguna competencia para llevarlas a cabo, mientras los ministerios de Industria y Fomento, que sí tienen competencias, han excluido el CO2 de sus políticas.
El cambio climático ha puesto fecha límite a esta manera de gobernar y de hacer negocios. La presión por eliminar las emisiones va a condicionar el crecimiento futuro de cualquier país. “Si sabe aprovechar sus recursos, España será líder en innovación energética”. La frase la ha dicho en Madrid el presidente de Google y vuelve a poner en evidencia cómo en la agenda de la política energética se prescinde de las tecnologías más eficaces para combatir el cambio climático con la única justificación de preservar los ingresos y la posición dominante, sin competencia, de las fuentes de energía más contaminantes y caras.
