Hace un mes comenzó la movilización de Anpier “Camino del Sol” como iniciativa de la sociedad para cambiar el modelo energético y la política contra la energía fotovoltaica. Esa política comenzó con el RD 1578/2008 que consideró la fotovoltaica “un grave riesgo a corto plazo para el sistema por razones técnicas y económicas”, prejuicio que un año después se extendió a todas las renovables en el RD 6/2009.
Después vinieron la retroactividad en 2010 y la moratoria en 2012. Siete años más tarde comprobamos cómo todo ha sido una gran manipulación de los últimos gobiernos del PSOE y del PP y del sector eléctrico convencional que la inspiró. La banca alemana y suiza ha anticipado que la fotovoltaica será la primera fuente de generación eléctrica en el mundo antes de 2050. China e India han aprobado sendos objetivos de 100 GW para 2022. Reino Unido ha fijado 20 GW para 2020. EEUU ha alcanzado los 20 GW este año y tendrá 40 GW en 2016. En Alemania el autoconsumo FV crece al 35% y en Holanda al 100% en 2015. La fotovoltaica va a crecer un 177% hasta 2019.
La caída de costes, el almacenamiento y la seguridad jurídica están detrás del boom del autoconsumo en EEUU y Alemania. Hay 11 mercados en el mundo en los que la fotovoltaica crece a más de 1 GW anual. España ni está ni se la espera. La eliminación de la inversión fotovoltaica ha llegado al ridículo de ver cómo países de nuestro entorno con menos sol (Reino Unido, Bélgica, Holanda o Francia) tienen mayor atractivo para la energía solar.
La razón de este ridículo es que la generación convencional no puede competir con la fotovoltaica porque hunde los precios del mercado mayorista, reduce la demanda punta, abre la competencia a miles de pequeños productores y se puede instalar en cualquier sitio. El margen de reducción de sus costes la hace imbatible también por razones económicas.
Hay otra razón. La fotovoltaica es imprescindible para reducir las emisiones de CO2. En la prospectiva de PWC para 2033, el único escenario que permite a España reducir sus emisiones exige instalar 50 GW más de renovables, de los que 21 GW han de ser de fotovoltaica para 2033 y 12 GW para 2020. Esta expansión de la fotovoltaica solo será posible a través de la generación descentralizada. No solo se necesita una política contra el cambio climático, sino también una política energética para descarbonizar la economía. España carece de ambas y desde 1990 ha aumentado sus emisiones un 30%.
Mientras Europa insiste en las mejores prácticas de autoconsumo, España establece el último prejuicio contra el autoconsumo con los mismos argumentos de hace siete años. Por eso, la iniciativa más reciente del propio sector eléctrico (Iberdrola y Endesa) para crear su propia oferta fotovoltaica resulta surrealista. Es un último intento de aumentar la facturación a los clientes ante el próximo cambio de gobierno y un más que seguro fin a la inseguridad jurídica que han impuesto a las renovables.
El problema es que el modelo de generación centralizada de las eléctricas convencionales es incompatible con el modelo descentralizado de la fotovoltaica. Mientras el primero sólo persigue garantizarse los ingresos a través de facturar al consumidor, el modelo descentralizado se basa en reducir los costes energéticos con la participación de los consumidores.
La fotovoltaica es un derecho. Como tal ha de ser restituido a los 62.000 pequeños productores que creyeron en el Estado que les animó a invertir y luego les arruinó retroactivamente. Para el futuro, se habrá de garantizar a todos los consumidores el acceso a la fotovoltaica.
