Las elecciones regionales alemanas, celebradas en Baviera y Hesse en octubre, anticipan lo que puede suceder en las elecciones europeas de 2019. La caída de los partidos democristiano y socialdemócrata y el ascenso de Los Verdes y la extrema derecha de AfD configuran el debate sobre el futuro de Europa; más acuciante por la pésima gestión que los grandes partidos han hecho de la crisis de la Eurozona y el bajo perfil de sus candidatos para sustituir al presidente de la Comisión, J.C. Juncker.
Si preocupante es que la derecha se haga más euroescéptica para evitar la fuga de votos a la extrema derecha, más preocupante es ver cómo se debilita la posición de los socialdemócratas frente a la visión más europeísta, abierta y cosmopolita de Los Verdes. La alternativa está definida entre el europeísmo que defiende una Europa supranacional o la renacionalización de todas las políticas para disolver el proyecto europeo.
La diferencia entre una Europa dividida y excluyente y una Europa con liderazgo mundial y como proyecto vinculante para sus miembros es la misma que existe entre el nacionalismo y el cosmopolitismo a la hora de afrontar los problemas globales, como el cambio climático, la contaminación o los costes de la energía. Por eso debería preocupar mucho más cómo la eurofobia se extiende con una inexplicable complacencia institucional y el apoyo de los presidentes de EEUU y Rusia.
Hace tiempo que la estrategia energética de Europa se hizo euroescéptica. En la Comunicación de 2015 sobre la Unión de la Energía se estableció que cada Estado miembro podía determinar libremente el mix energético que quisiera. La consecuencia es que no existe política energética común y ello hace difícil alcanzar los compromisos del Acuerdo de París. Los Consejos de Ministros de energía son un buen ejemplo de las resistencias nacionales en este sentido y de cómo las élites ciegas de la UE, representadas por eléctricas y petroleras, alientan futuras crisis por su euroescepticismo energético.
La política energética española, a través del exministro Álvaro Nadal, propuso renacionalizar la política energética en los debates de las directivas del “Paquete de Invierno”. El negacionismo climático de la política energética de los últimos gobiernos es responsable de que el año 2017, mientras la economía mundial redujo la intensidad de emisiones un 2,5%, la economía española la aumentó un 2,7% por el mayor consumo de gas y carbón.
España es el país con más incumplimientos de las normas europeas sobre medio ambiente y gracias al “Paquete de Invierno” deberá presentar, por primera vez, un plan integrado de energía y clima que obligará a supeditar la política económica a los objetivos climáticos. Solo así se conseguirá extender la conciencia sobre el daño que supone la dependencia de los combustibles fósiles y haber excluido el CO2 de la política económica.
La mayor demostración de euroescepticismo de nuestros gobiernos ha sido el incumplimiento sistemático de las directivas europeas o su transposición tarde, mal y de forma parcial. Lo poco que se ha avanzado ha sido gracias a las directivas europeas y a los expedientes de Bruselas. Las resistencias al progreso de las renovables y la eficiencia energética, consideradas solo como sobrecostes, expresan las prioridades equivocadas de los últimos diez años, como ahora los ataques al vehículo eléctrico o el apoyo al gas, la nuclear y la captura de CO2.
Aunque la ONU (IPCC) ha advertido que dentro de diez años los efectos del cambio climático serán irreversibles, la conciencia sobre el clima sigue ausente en nuestras instituciones y aún es difícil encontrar una evaluación rigurosa de sus impactos. Las elecciones europeas van a ser cruciales para la lucha contra el cambio climático y para que se implante en las instituciones europeas la visión menos nacionalista y más cosmopolita de Europa.
