Dos años y medio después de las explosiones de los reactores nucleares de Fukushima el mundo sigue asistiendo desconcertado a la incapacidad de Japón por evitar que se siga vertiendo agua radiactiva al mar y cómo la empresa propietaria TEPCO sigue mintiendo al mundo entero. La comisión que investigó aquellas explosiones llegó a la conclusión de que la connivencia del Gobierno con la compañía titular de la planta y la Autoridad de Regulación Nuclear nipona para relajar las condiciones de seguridad en las centrales nucleares de Japón estaba en el origen del accidente. Lo más grave es que esta circunstancia era conocida por todo el sector nuclear.
Hoy nadie conoce con exactitud la contaminación radiactiva real de Fukushima, lo único cierto es que los costes de seguridad de la energía nuclear se han disparado y se ha convertido en la fuente de energía más cara. Por eso, separar la economía de la energía nuclear de la cultura de seguridad es una aberración moral porque no afecta únicamente a los balances de las empresas sino al conjunto de seres humanos.
En la cascada de normas con las que el Ministerio de Industria pretende reformar el sector eléctrico, se ha incluido la segunda versión de un decreto sobre la gestión de los residuos radiactivos que en su nueva redacción ha añadido una disposición final que permite la prórroga del permiso de explotación a cualquier central nuclear siempre que el cese de actividad no esté motivado por razones de seguridad; para ello se crea la figura del cese temporal de actividad durante un año en el que volverá a solicitar la renovación del permiso de explotación.
La disposición se hace para prorrogar la central nuclear de Garoña, pero se aplica a todo el parque nuclear y con carácter retroactivo. Se crean dos situaciones diferenciadas entre el cese de explotación temporal por razones económicas y el cese definitivo por razones de seguridad cuando, hasta ahora, el cese de explotación se ha considerado como un periodo para enfriar el reactor y planificar su desmantelamiento y cierre definitivo. Es evidente que se trata de facilitar la prórroga de todas las centrales nucleares separando los motivos económicos de los de seguridad.
Las explosiones de Fukushima obligan a hacer grandes inversiones en seguridad y esa fue la primera razón que los propietarios de Garoña esgrimieron para cerrarla. Uno de los efectos que tendrá la reforma eléctrica que prepara el Gobierno es la reducción significativa de la inversión en todo el sector eléctrico. El coste más importante de la gestión nuclear es el de seguridad y la reducción de esos costes imprescindible para el cumplimiento de sus objetivos de rentabilidad. El nuevo decreto, al diferenciar las causas económicas de las de seguridad constituye una desregulación de la seguridad nuclear para hacer viable económicamente lo que hoy no lo es. Si se exigiese al día de hoy el cumplimiento de los requisitos post-Fukushima de seguridad nuclear habría que cerrar todas las nucleares. Las declaraciones al respecto de los reguladores de Francia (ASN) y EEUU (NRC) han sido elocuentes; pero en España parece que Fukushima nunca existió y se ignora el propio funcionamiento de una central nuclear que no puede permanecer en estado latente. Eso solo pasa en el Congo, como ha revelado Wikileaks.
El uso que se hace de la retroactividad no puede ser más arbitrario y discriminatorio. A las renovables se les aplica la retroactividad siempre de forma negativa y arruinándolas; por el contrario, las centrales nucleares se benefician de retroactividad positiva por razones económicas. Si se tiene en cuenta además que su responsabilidad civil es limitada y que la gestión definitiva de los residuos nucleares se considera una “servidumbre” que, por ser incalculable, debe asumir toda la sociedad y no sus propietarios, más que de un Gobierno reformista cabe hablar de un Gobierno lobista. Sigue al pie de la letra la filosofía de los fondos especulativos: no importa el riesgo si se optimiza el beneficio.
Supeditar la seguridad a la rentabilidad de las plantas nucleares requiere además rebajar la independencia del organismo regulador, en este caso la del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se ha comportado como organismo dependiente del Ministro de Industria, sin hacer la evaluación del impacto en la seguridad de esta modificación. Que España carezca de cultura de seguridad se sufre todos los días, que se empeoren las condiciones de seguridad nuclear es un disparate y que se abandone a la sociedad al albur de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena un ejemplo de incompetencia política.
