A primeros de diciembre de 2017 el Ministerio de Energía envió a la CNMC la previsión de ingresos y costes del sector gasista y frente a un déficit de 120 millones de euros previsto para el año 2017 se ha estimado un superávit de 10 millones en 2018. Primer superávit gasista en 14 años.
El BOE publicó el 27 de diciembre la Orden ministerial que establece los peajes del gas para 2018. En su artículo 4 se establece la retribución a la regasificadora de El Musel, paralizada por sentencia judicial al construirse a menos de 2000 metros de una población, en 23,5 millones de euros.
En el artículo 5 se reconocen los costes por la hibernación del almacén de gas Castor por actividad sísmica, aprobados por el RDL 13/2014, que ascienden a 96,3 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2018.
El artículo 7 reconoce un déficit del sistema gasista en 2016 de 90 millones de euros que se distribuirá por anualidades hasta 2022.
En la disposición adicional primera se da cumplimiento a la sentencia firme del Tribunal Supremo que reconoce el pago a ENAGAS de 60,8 millones de euros por la ampliación de las regasificadoras de Cartagena y Huelva, realizadas entre 2003 y 2005, y que se repartirá en anualidades hasta 2022.
En la disposición adicional segunda se incluye la anualidad de 33,5 millones de euros que corresponde al cumplimiento del laudo arbitral, dictado por el Tribunal internacional de Arbitraje de París en 2010, que condenó a Gas Natural por desviación correspondiente a la retribución del gas procedente de la argelina Sonatrach.
La disposición adicional tercera reconoce la anualidad correspondiente al déficit del sistema gasista acumulado a 31 de diciembre de 2014, que alcanza los 79,4 millones de euros, más 5,4 millones correspondientes al déficit del año 2015.
Falta de transparencia
En total son más de 338 millones de euros sobre unos costes previstos del sistema gasista de 3.017 millones para 2018. Para entender esta contabilidad tan poco transparente es preciso acudir a la Ley 18/2014, en la que se define el concepto de déficit estructural del sistema gasista, y el RDL 13/2014 de hibernación de Castor.
La Ley 18/2014 describe cómo el descenso del consumo de gas en España desde 2009 se refleja en que la demanda en 2013 era la misma que en 2004 e inferior en un 25% a la de 2008 y hasta después de 2020 el consumo de gas no recuperará los niveles que tuvo en 2008. Para corregir la insuficiencia de ingresos se establece, en sus artículos 59, 60 y 61, el principio de sostenibilidad económica del sistema gasista a través de la revisión automática de los peajes.
El modelo de economía concesional amparado por la responsabilidad patrimonial del Estado, en el que se fundamenta nuestro modelo energético, queda perfectamente descrito en el preámbulo del RDL 13/2014 que acuerda la hibernación del almacén de gas Castor, ante la evidencia de la actividad sísmica que no se tuvo en cuenta para su construcción, y establece la indemnización a la concesionaria por el total de la inversión realizada; 1.450 millones que se cargarán directamente a los peajes en los próximos 30 años. La metodología de dicha indemnización ha sido anulada por el Tribunal Constitucional una semana antes de la publicación de la Orden de tarifas.
Mientras la CNMC ya ha advertido de un nuevo déficit gasista de 120 millones para 2017, se anuncia una subida del 6,6% del gas para enero de 2018. A una regulación que corresponde al concepto de capitalismo políticamente garantizado, utilizando la expresión de Max Weber, hay que añadir el hecho, tan evidente como ignorado, de que el gas no es nuestro, que se importa en su totalidad de terceros países, más de la mitad solo de Argelia; y son esos países los que imponen el precio.
El gran pagador
La baja demanda, la infrautilización de las infraestructuras gasistas, la falta de competencia y la dependencia del gas importado hacen que los peajes del gas en España sean un 45% más caros que la media de la UE, un 50% más caros que en Francia y seis veces más caros que en Alemania, como ha denunciado la asociación Gas Industrial. La mala gestión empresarial y política se traslada siempre a los consumidores finales.
La CNMC ha denunciado a Gas Natural y Endesa por alterar los precios de la electricidad a través del mercado del gas en octubre de 2016 y enero de 2017. El Ministerio de Energía, para controlar los precios, ha obligado a las dos empresas a suministrar gas a precios fijados por ley y a cumplir un plan invernal gasista. La CNMC ha vuelto a advertir que estas medidas encarecerán aún más el recibo del gas y las empresas lo han llevado al Tribunal Supremo. El final, sea cual sea el resultado, acabará en nuevas subidas de los peajes; como las proyectadas y no justificadas interconexiones gasistas o la regasificadora de Tenerife.
El sector gasista repite una y otra vez que más del 50% del coste de la energía se debe a decisiones políticas. Viendo la Orden de peajes del gas no queda duda de ello; pero lo que no dice es que gracias a esas decisiones políticas asegura los ingresos que garantizan su rentabilidad y la de sus accionistas extranjeros.
A pesar de que las inversiones gasistas se realizaron en régimen liberalizado, los peajes se han convertido en un gran sistema de socialización de pérdidas.
