“La rigidez con que el lobby eléctrico –y sus medios subvencionados– ataca en Bruselas el interés general de empresas y familias ibéricas es grotesca. Cada día postula argucias nuevas”. Con estas palabras, el editorial de El País del pasado 18 de abril denunciaba al sector eléctrico por supeditar el interés general a sus beneficios y acudir con argumentos falsos a las instituciones europeas contra la propuesta de los gobiernos de España y Portugal para rebajar los elevados precios de la electricidad a empresas y hogares.
A las eléctricas se añaden los bancos y la veintena de socios del mercado mayorista que participan en el negocio financiero del “pool” con el objetivo de optimizar beneficios especulando con un bien básico y universal. Bajo el argumento de que la intervención del precio del gas rompe el mercado europeo se esconde el interés por mantener la conformación de precios, aprobada por Bruselas, que permite los beneficios extraordinarios que el Consejo Europeo de marzo reconoció y que las eléctricas niegan.
Como afirmaba el diario Expansión el 20 de abril, el “pool” es un “complejo grupo empresarial”. Eso lo explica todo. No quieren que el mercado mayorista se modifique porque permite la especulación que garantiza máximos precios y ganancias. Por eso no se audita y las denuncias sobre su manipulación acaban en saco roto. Los que lo defienden lo hacen en nombre de un mercado opaco y cerrado a la competencia que solo se identifica con la codicia, que es lo contrario al interés general.
A la normativa europea se añaden la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014 que trasladan a los peajes los déficits del sistema eléctrico y gasista. Se obliga a los consumidores a financiar los costes reconocidos de ambos sistemas, incluidas las operaciones corporativas y los errores empresariales o políticos, sin controles previos. Para que el negocio del “pool” sea redondo se necesitan no solo precios altos de la luz sino aumentos de la demanda y de las importaciones energéticas. Las barreras al ahorro, la eficiencia y el autoconsumo nacen de ese “complejo grupo empresarial” porque suponen una merma de sus ingresos.
Hasta hace poco abominaron de las energías limpias, apostando por inversiones en nucleares e infraestructuras gasistas que suponían una mayor circulación de capital, originando déficits por sobrecapacidad que pagaron los consumidores a través de la moratoria nuclear, los CTC y pagos por capacidad. Abrazaron las renovables por razones económicas en instalaciones a gran escala que ofertan al “pool”. La hipocresía climática les ha conducido desde la retroactividad o la moratoria renovable y el “impuesto al sol” al hub del gas y al hub del hidrógeno, creando valor para sus operaciones corporativas al amparo de una regulación que protege sus inversiones.
La Comisión Europea ha aprobado inicialmente la propuesta de España y Portugal. El lobby eléctrico recurrirá en los tribunales el decreto del gobierno y pondrá a trabajar a los políticos y abogados del estado que ha contratado para que la luz no se abarate a empresas y hogares. Con un “pool” barato su negocio no dará el beneficio y el dividendo que exigen los accionistas, mayoritariamente extranjeros. Esta nueva oligarquía energética ha cabreado a los consumidores del mercado regulado y ahora se dispone a cabrear a los del mercado liberalizado. ¿A dónde irá el voto cabreado?
La Unión Europea y España deberían abrir la competencia de los mercados energéticos a millones de consumidores para que puedan desconectarse de las eléctricas, tal como establecen las directivas de renovables y del mercado interior de la electricidad. El sector eléctrico ha encendido una crisis social que podría transformarse en una crisis política debido a que hay empresas que tienen el poder de cambiar gobiernos.
