Este verano debería ser recordado no solo por los rebrotes del coronavirus sino también por la proliferación de propuestas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha. Su relación impresiona si se compara con la agostidad de anteriores gobiernos: real decreto ley 23/2020 para impulsar las energías renovables, el almacenamiento, agregadores independientes y comunidades de renovables, proyecto de ley de subastas, metodología de peajes, estrategia de autoconsumo, estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP), decreto de acceso y conexión, hoja de ruta del hidrógeno. Adelantan cuestiones planteadas en la ley de cambio climático, que se tramita en el Congreso, y la transposición parcial de las directivas europeas del “Paquete de Invierno”.
El conjunto apunta a un cambio de prioridades de la política energética. El mantra de las reformas iniciadas en 2010 de castigar a las renovables para sostener los ingresos del sector eléctrico se ha sustituido por un objetivo de renovables. Sin embargo, son insuficientes las acciones que se plantean para los sectores difusos, que coincide con la corta iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con una Estrategia de Rehabilitación (ERESEE 2020), que lo fía todo a la electrificación de la edificación en 2050 y un código técnico revisado en 2019 que renuncia a trasponer la directiva de edificios de 2018; y todavía sin estrategia para el transporte. Siendo los sectores que más energía consumen y más emisiones producen, la transición energética puede quedarse a medias.
El desequilibrio entre la generación centralizada y la generación distribuida, que se confunden ante la falta de objetivos desagregados, es un lastre para la electrificación y descarbonización. Esta ambigüedad pone en peligro los objetivos de energía y clima. El mayor empeño por desarrollar instalaciones renovables a gran escala y el menor empeño por desarrollar la generación distribuida pueden derivar en futuros fallos de mercado por haber prescindido de alternativas de eficiencia energética y de gestión de la demanda.
No se puede cambiar de modelo energético con el mismo sistema centralizado
La diferencia entre un modelo energético centralizado y otro distribuido es que mientras en el primero manda la oferta de generación y la rentabilidad de las grandes centrales, en el segundo es la demanda la que determina la oferta y los precios en cada momento. Mientras en un modelo centralizado la competencia se cierra a las grandes centrales de generación, incluso renovables, en el modelo distribuido la competencia se abre a millones de consumidores que pueden generar, almacenar, consumir y vender su propia energía.
La generación distribuida es la que crea capacidad de energía flexible, que es la que ajusta la oferta y demanda en tiempo real en cada centro de consumo. El éxito de la transición energética va a depender de que esa capacidad sea la más alta posible.
EE.UU. prevé para 2025 alcanzar 397 gigavatios de capacidad flexible a través del autoconsumo fotovoltaico en los tejados de los hogares y la recarga de los vehículos eléctricos, bajo el control del consumidor. Son gigavatios que se ahorran al sistema con la más alta eficiencia energética.
En las propuestas de normas y estrategias se debería distinguir entre generación centralizada y distribuida, con objetivos diferenciados tanto en la planificación como en las subastas y concursos de capacidad, en el almacenamiento, en la rehabilitación energética y en los códigos de construcción. Para ello es imprescindible la trasposición completa y no solo parcial, de las nuevas directivas de renovables 2018/2001, edificios 2018/844 y del mercado interior de la electricidad 2019/944, porque establecen el desarrollo de los recursos energéticos distribuidos que se integran en el principal centro de consumo que son los edificios (autoconsumo, almacenamiento, puntos de recarga, agregadores, contadores y aplicaciones inteligentes).
Sin eficiencia no hay transición energética
La gobernanza de la acción por el clima, según el Reglamento (UE) 2018/1999, establece el principio de “primero, la eficiencia energética” por el que para cualquier decisión de planificación o inversión energética se deberán contemplar con carácter previo medidas alternativas de eficiencia energética no solo en costes, sino en oferta y demanda de energía, mediante medidas de ahorro y gestión de la demanda. Antes de autorizar nueva capacidad de generación habrá que analizar de cuánta capacidad de flexibilidad, de gestión de la demanda o de ahorro de energía se puede disponer.
No es suficiente citar el principio de eficiencia si luego no se aplica en las propuestas, como las subastas de renovables o la planificación, donde llama la atención la ausencia de objetivos de autoconsumo o de tejados fotovoltaicos, almacenamiento local, puntos de recarga para vehículos eléctricos o edificios de consumo de energía casi nulo. Llenar el territorio de energías renovables puede ser la medida más ineficiente e insostenible si no se llena antes de eficiencia energética; de igual manera, rehabilitar millones de viviendas no dará el resultado que se busca sin una hoja de ruta para transformar el parque inmobiliario en edificios de consumo de energía casi nulo con autoconsumo.
El principio de eficiencia energética sí se refleja en la metodología de los peajes, al incrementar el peso de la energía consumida en la factura de la luz, lo que beneficia el ahorro, su financiación, y el autoconsumo. Pero debería contemplar compensaciones a los consumidores por los beneficios que el autoconsumo y la carga inteligente del vehículo eléctrico proporcionan a la red y ser coherentes con las exenciones al autoconsumo que contempla el decreto de acceso y conexión.
Fijar un objetivo elevado de renovables es importante, pero si no va acompañado de objetivos de capacidad de energía flexible no será suficiente para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, de electrificación de la demanda ni de abaratamiento de la energía, porque será con el mismo modelo energético centralizado, especulativo y caro, pero esta vez con renovables a gran escala.
Abrir la competencia a millones de consumidores
La principal intención de las directivas europeas es proteger a los consumidores para que se beneficien de las ventajas del autoconsumo y de los contadores inteligentes y participar en los mercados energéticos. Es la frase que más repiten y encierra una doble preocupación:
• Que los nuevos modelos de negocio que proponen las directivas, como el autoconsumo, el almacenamiento, las infraestructuras de recarga, las comunidades de renovables o los agregadores independientes se abran a la competencia de nuevos actores, distintos a los suministradores, distribuidoras o comercializadoras.
• Que la transición energética implica sustituir en el centro del sistema energético a las grandes compañías energéticas por el consumidor activo como nuevo poder de mercado. Porque es el consumidor o cliente activo el que puede crear capacidad de energía flexible.
No se puede proponer el papel central del consumidor sin facilitarle los medios para ejercer los derechos que le otorgan las directivas europeas y menos si no se recogen de forma completa en la regulación. Los nuevos modelos de negocio tienen que ver con la generación distribuida y la gestión de la demanda que carecen de objetivos en la planificación que se ha propuesto desde el PNIEC, la ERESEE y la ELP. Al diferenciar dos periodos, hasta 2030 y hasta 2050, la transición se hace imprecisa. En los próximo diez años muy pocas cosas van a cambiar y se deja el mayor esfuerzo para 2040 y 2050.
Electrificar y descarbonizar con generación distribuida
Las estrategias a largo plazo de descarbonización tienen como meta una reducción de las emisiones a cero en 2050 mediante un sistema energético basado en la eficiencia y las energías renovables.
La ELP presentada este verano concreta la descarbonización en objetivos de un 97% de consumo final de renovables, 100% renovables en generación eléctrica, 79% en el transporte y 96% en calefacción y refrigeración. Se propone una reducción del 50% de consumo de energía primaria y un 52% de electrificación de la demanda, desde el 26% actual.
La estrategia de rehabilitación (ERESEE 2020) contempla una mínima integración de renovables generada en los propios edificios. Para 2050 pasarían en residencial del 18,1% al 18,4% y en terciario del 2,1% al 8,5%, y se sustituirían los combustibles fósiles por electricidad hasta el 81,6% en residencial y el 91,5% en terciario. Al no existir estrategia de movilidad, el 79% de renovables en el transporte será mayoritariamente con electricidad.
Sin objetivos de generación distribuida, ni de capacidad de energía flexible, todo apunta a una transición energética limitada a un cambio del mix dentro del modelo centralizado convencional; por el contrario, los objetivos de descarbonización y electrificación en los sectores difusos solo se podrán alcanzar con un modelo distribuido, con el control del consumidor para la gestión de la demanda.
La inconcreción de las estrategias presentadas respecto de la energía distribuida provocará que el uso de los combustibles fósiles perdure después de 2050 y que la prioridad de la eficiencia energética se quede en el papel por la resistencia a aplicar la figura del consumidor o cliente activo.
Esta entrada se publicó originariamente en La Oficina de JGB
