Esta ley supuso el enfrentamiento con la Comisión Europea que abrió expediente para llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de las directivas del mercado interior de la electricidad y el gas de 2009. Para evitarlo, con el cambio de gobierno, se aprobó el RDL 1/2019 que restituyó algunas de las competencias usurpadas en 2013 para que la CNMC pudiera aprobar sus circulares a través de un procedimiento de consenso con las orientaciones de política energética que emitiera el Ministerio para la Transición Ecológica. Se devolvió a la CNMC la competencia para aprobar la metodología y retribución de las plantas de GNL, los peajes de acceso a la electricidad, las condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, así como la regulación de los mercados organizados.
La Ley 3/2013 debió de ser derogada, pero sigue en vigor, sobre todo en lo que se refiere a la dependencia del regulador del poder ejecutivo. Al no derogarse sigue siendo un freno para abrir la competencia en los mercados energéticos, controlar las operaciones corporativas y proteger a los consumidores del abuso de posición dominante de los oligopolios.
Los beneficios de eléctricas y gasistas castigan a los consumidores finales
La escalada de precios de la electricidad y el gas comenzó en 2021 y ha destapado las mentiras que el sector eléctrico difundió, como la inexistencia de los beneficios caídos del cielo, la insuficiente retribución de las redes o que el precio de la electricidad refleja los costes reales de generación, para justificar el sistema más diabólico de extracción de rentas de la economía española. ¿Quién compensará a los consumidores por los costes del sistema eléctrico indebidamente reconocidos?
La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera rompió los tabúes y propuso en otoño a la Comisión Europea modificar el mercado mayorista, sacando el precio del gas como precio de referencia, y un proyecto de ley para gravar los ingresos de las eléctricas por el dividendo del CO2 de nucleares e hidráulicas. Han tenido que pasar seis meses y la invasión rusa de Ucrania para que Europa abandone la inacción y reconozca el caos de una regulación eléctrica y gasista hecha para incentivar los altos costes de la luz, la dependencia energética, el consumo de energía fósil, las emisiones y los recursos para la guerra de Putin.
En España se ha denunciado reiteradamente el mal funcionamiento del mercado mayorista por la falta de competencia o su posible manipulación con hechos tan vergonzosos como el vaciado de los embalses, frente a los que no se ha actuado. La nueva tarificación del recibo de la luz se anunció con suficiente antelación. Un año después todavía hay compañías que refacturan una, dos y hasta tres veces los mismos recibos porque ni sus sistemas informáticos ni los contadores inteligentes saben hacerlo. A la vez, anuncian los incrementos de sus beneficios, los sueldos de sus directivos, el dividendo de sus accionistas y operaciones corporativas, sin control regulatorio, que afectan a la seguridad energética y a la protección de los consumidores, sobre los que pende la espada de Damocles del corte de suministro y la Ley 24/2013 que traslada a los peajes todos los déficits del sistema.
El mejor instrumento de los consumidores para rebajar sus costes energéticos son los contadores inteligentes; pero éstos siguen siendo un instrumento de las eléctricas para facturar al consumidor y no un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor, como establece la Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad. Los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de esta directiva se incumplen, como se ha incumplido el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética. El cambio de contadores en España se ha hecho incumpliendo las directivas europeas; sin embargo, el control de los contadores no ha preocupado a ningún regulador. El consumidor queda desprotegido, sin poder beneficiarse de las ventajas de los contadores inteligentes y del autoconsumo para ahorrar energía. Así se garantizan los ingresos del sistema eléctrico.
MidCat: más inversiones gasistas para aumentar la demanda de gas y las emisiones
El RDL 13/2012 paralizó las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas, regasificadoras, centrales de gas y gasoductos, incluyendo el MidCat con Francia. Se justificó en el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras y la falta de demanda. El gobierno de Mariano Rajoy aprobó la suspensión y no la levantó hasta 2018, aunque en esa fecha el sistema mantenía el déficit estructural de 2012 y la falta de demanda.
En 2017 la CNMC informó negativamente la construcción de nuevas regasificadoras en Tenerife y Las Palmas porque la falta de demanda las hacía deficitarias y su coste lo pagarían los consumidores. Se curaba en salud después del enorme fiasco del almacén de gas Castor que provocó un déficit no auditado al sistema gasista de más de 1.400 millones de euros que en el RDL 13/2014 se cargaron a los consumidores de gas. La Comisión Europea ha sacado el gasoducto MidCat de la lista de proyectos de interés comunitario (PIC) al comprobar la falta de demanda y mercado que abocaba a un déficit que tendrían que pagar los consumidores de Francia y España. El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la Unión de la Energía y la Acción por el Clima establece, en su artículo 4 d), que toda nueva interconexión será objeto de un análisis del coste-beneficio, socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los beneficios superan los costes.
La prudencia de Bruselas y la CNMC ha salvado a los consumidores del hachazo que el sector gasista preparaba para convertir España en suministrador internacional del gas argelino. Teresa Ribera ha reclamado que el gasoducto MidCat no deberán pagarlo los consumidores ni detraerse de los fondos europeos destinados a energías limpias. Será difícil porque Bruselas ha etiquetado el gas fósil como energía verde.
Los que están reclamando el proyecto MidCat para que España sea el suministrador de gas a Europa deberían decir toda la verdad. Al tratarse de una infraestructura básica del sistema gasista su coste se trasladará a los peajes, tal como establece el artículo 61 de la Ley 18/2014, sin auditoría ni control alguno. La norma fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy que la justificó por el “déficit estructural del sistema gasista”.
El proyecto MidCat no ayudará a Europa a resolver su dependencia del gas ruso porque el plazo temporal de ejecución impide que sea una solución inmediata al problema de suministro y cuando esté ejecutado se convertirá en un activo varado que deberán sostener los consumidores de gas. Es más eficaz que los países del norte inviertan en regasificadoras. La desprotección de los consumidores de gas es aún más grave si se tiene en cuenta la opacidad de los acuerdos entre Sonatrach y Gazprom o los contratos de las gasistas españolas. Resolver la dependencia del gas con más gas contradice las directivas europeas y sus objetivos climáticos. Es una incongruencia con los principios de la Unión de la Energía. La protección de los consumidores necesita una respuesta del regulador independiente de la competencia; pero ni está ni se le espera.
