La llegada del negacionista del cambio climático Donald Trump a la Presidencia de los EEUU ha sorprendido al mundo. Pero mayor sorpresa han sido las manifestaciones del Ministro de Energía calificando de ideológico el apoyo a las energías renovables que partió del RD 436/2004, aprobado por un gobierno del PP. O las críticas de las autoridades del PP en Madrid calificando de ideológicas las medidas del Ayuntamiento de la capital para combatir la alta contaminación atmosférica.
España parece el banco de pruebas de lo que se puede esperar del nuevo presidente norteamericano como de otros dirigentes europeos. De lo avanzados que vamos valgan unas muestras: Volkswagen gana en España 9 de cada 10 juicios por el fraude de las emisiones, el Tribunal Supremo ha elevado el margen comercial de las eléctricas y los intereses que han de cobrar por el déficit tarifario, ha rechazado por dos veces la regulación del bono social que se reintegrará a las eléctricas y anulado las multas de la CNMC a las eléctricas en los dos últimos años por un importe de 70 millones.
Además de las 30 demandas ante tribunales internacionales de arbitraje por la retroactividad fotovoltaica, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver la legalidad del impuesto, supuestamente ambiental, del 7% a toda la generación, incluida la renovable, y el Tribunal Supremo ha planteado la cuestión prejudicial al Tribunal de justicia de la UE sobre la legalidad del Fondo nacional de eficiencia energética por demandas de las compañías energéticas.
La CNMC ha sido constante en criticar, sin éxito, los errores, falta de metodología y discrecionalidad con que se elaboran las normas y en investigar la manipulación de los precios energéticos. El último ejemplo son los artificios contables que se cuestionan en su informe sobre las tarifas de 2017. Se inflan la demanda y los pagos por capacidad para encubrir el déficit de tarifa. No se considera el gas como servicio básico, pero sí las infraestructuras gasistas y la factura de Castor y los laudos de Sonatrach se cargan a los consumidores porque la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014 determinan que los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan automáticamente a los peajes. Así no hay déficit de tarifa.
En el organigrama del ejecutivo no figuran las renovables ni la eficiencia energética y el medio ambiente está relegado en otro ministerio que no tiene ninguna competencia sobre los sectores que más emisiones producen, como la energía, la edificación o el transporte. Al suprimirse los reguladores independientes por la Ley 3/2013, la peor ley de la democracia, no hay control independiente de las normas energéticas ni de la competencia, se despoja a la CNMC de competencias y las puertas giratorias terminan capturando al regulador por el regulado. Así no hay conflicto de intereses.
La retroactividad y moratoria renovable, el decreto de autoconsumo, el plan de contadores o el término de potencia en el recibo de la luz incumplen las directivas europeas. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha encontrado un juez que planteara la cuestión prejudicial ante el Tribunal de justicia de la UE, como así ha ocurrido con la Ley hipotecaria y los bancos, cuyas cláusulas suelo han incumplido desde hace 20 años una directiva europea que protegía a los consumidores. “Puñaladas de pícaro”, como lo definió el presidente de la patronal bancaria (AEB).
Las directivas europeas reconocen derechos a los ciudadanos que obligan a todos los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Las malas leyes han conseguido sortear y aplazar sine die su cumplimiento. Menospreciar las normas europeas que protegen la salud de los ciudadanos, la defensa del medioambiente o los derechos de los consumidores en aras de la sostenibilidad del dividendo del sector energético, eso es ideología de pícaro.
