El caciquismo fue el método de control y conformación de la sociedad y la política de España desde el siglo XIX y se apoyó en la figura del sufragio censitario por la que sólo podían votar en las elecciones aquellas personas con un determinado nivel de renta. Tal sistema contribuyó a un incremento tan desproporcionado de las desigualdades sociales que fue el origen de todos los conflictos del siglo XX.
Dos siglos después, la democracia conquistada en las últimas décadas se nos vuelve a robar poco a poco y los derechos universales adquiridos con tanto esfuerzo se van limitando a quien se los pueda pagar.
De la crisis está surgiendo una sociedad dual en la que sólo el que tenga renta podrá disfrutar de los derechos del estado del bienestar y de esta reinventada democracia censitaria. La enorme devaluación de la economía se define por más de 65.000 Me de recortes en dos años, más de 200.000 Me de ayudas públicas a bancos y cajas, los intereses de la deuda como primer gasto público, más de 6 millones de parados, millones de hogares en el umbral de la pobreza y toda una generación perdida. El empobrecimiento de la mayor parte de la sociedad es el gran expolio que se hace al contribuyente y al ciudadano para sanear el sistema financiero.
De la ruina económica surgen las oportunidades para los especuladores, los mismos que la provocaron, y de la misma manera que en los 90 se privatizó todo el sector público empresarial -”la gran expropiación” como la definió Jesús Mota- ahora se trata de hacer negocio con la sanidad pública, la educación pública, las pensiones y, en definitiva, de expropiar el estado del bienestar.
Pero la devaluación económica no podría ser sin la ayuda de una devaluación mayor de las instituciones. Y ésta ha sido posible por una figura tan letal como lo fue el caciquismo: el nepotismo como método de hacer política. Si todo se queda en familia o entre amigos, cualquier tipo de laxitud está permitida y hasta se puede condicionar la actuación de los reguladores independientes con “la captura del regulador” para no perseguir ningún delito. Véase lo sucedido en el Banco de España. Nadie rinde cuentas de nada. Hasta se pretende expropiar la democracia representativa como ha sucedido en las Cortes de Castilla La Mancha para que los parlamentos no ejerzan el control político para el que se eligieron.
Lo mismo que pasa en el sistema financiero, pasa en el energético. Desde el 1 de enero ya no se hacen más renovables en España, al contrario que el resto del mundo. Se ha decidido mantener el modelo energético más caro: hidrocarburos y nuclear. Se ha abortado el sector renovable y arrecian las descalificaciones. Todos hablan del coste de las primas, pero nadie desvela los secretos del gas, la renta perdida por la energía importada, la seguridad nuclear o el método de conformación de precios de la electricidad. Hay que proteger el rating de las empresas. Culpando a las renovables no hay que debatir la falta de competencia ni la opacidad en el mercado energético ni en las cuentas del sistema eléctrico. El rescate energético se carga al consumidor sin rendir cuentas a nadie. A lo mejor esa es la explicación al interés por fichar a expolíticos en los consejos de administración.
