La CNMC ha vuelto a poner el dedo en la llaga que más duele al sector gasista. Las nuevas inversiones en infraestructuras gasistas han de justificarse con un estudio de demanda que asegure su rentabilidad; de lo contrario, se estará jugando con los derechos de los consumidores que habrán de pagar los déficits en que incurran esas inversiones. Por segunda vez ha tirado abajo el proyecto de regasificadora en Granadilla (Tenerife). Si el informe de 2017 era contundente, al definir la nueva regasificadora como un sobrecoste para el sistema por falta de demanda, el informe de 2018 confirma que sin consumo aumentará el déficit gasista.
La insistencia de Gascan-Enagás se produce por la novedad que introdujo en mayo pasado el RD 335/2018, del exministro Álvaro Nadal, que reguló el suministro de GNL a buques con los peajes correspondientes y, de paso, levantó la suspensión del RDL 13/2012 para tramitar la construcción de nuevas regasificadoras. Con estas modificaciones se ha pretendido que la CNMC viera mejorada su capacidad de generar ingresos; pero la respuesta ha sido que en la nueva propuesta no hay ninguna garantía de uso de la regasificadora ni de consumo de gas por UNELCO que asegure la viabilidad de la planta en los próximos 15 o 20 años.
El criterio de la CNMC vuelve a ser el de hace un año, que sin demanda de gas las nuevas infraestructuras gasistas son innecesarias y solo incrementan el déficit gasista que se traslada a los consumidores, según establece la Ley 18/2014. Es el mismo razonamiento del presidente francés Macrón para oponerse al gasoducto MIDCAT entre Francia y España, cuya tramitación quedó suspendida también por el RDL 13/2012. Sin embargo, la suspensión fue levantada por el exministro Álvaro Nadal en marzo de 2018.
El RDL 13/2012 suspendió las nuevas infraestructuras gasistas (regasificadoras, gasoductos y centrales) por innecesarias y deficitarias y estableció que el levantamiento de la suspensión solo se producirá por razones excepcionales debidamente justificadas. El anterior gobierno no justificó documentalmente el levantamiento de ninguna de las suspensiones.
Los consumidores ya están pagando el déficit gasista
Como se puede comprobar en la Orden de tarifas del gas para 2018. De 3.017 millones de euros de costes previstos, más de 338 millones corresponden a la anualidad de desaguisados como los de las regasificadoras de El Musel, Cartagena y Huelva, el almacén Castor, Doñana, desviaciones de los pagos a Sonatrach por laudos arbitrales y déficits acumulados a 2014 y los de 2015 y 2016. Es la mejor descripción de lo que el RDL 13/2012 definió como déficit estructural del sistema gasista, que también ahora cuantifica la CNMC en 1.000 millones.
En 2018 la situación es más grave que en 2012. Se ha levantado la suspensión para tramitar nuevas regasificadoras y el gasoducto MIDCAT y los informes de la CNMC no son vinculantes para el gobierno. Sigue sin haber demanda suficiente y los activos gasistas se han depreciado en el mercado. Naturgy ha rebajado su valor en casi un 50% y Repsol ha adquirido las centrales de gas de Viesgo con una depreciación del 86%. Invertir en más infraestructuras sin previsiones de demanda, con la única garantía de que lo pagarán los consumidores, es aumentar una sobrecapacidad y un déficit gasista que alguien debería parar.
El despropósito resulta mayor para un entorno como el de las islas Canarias y Baleares. Llenarse la boca con nuevas inversiones en renovables, cuando lo que se ha hecho hasta ahora roza el ridículo, y defender a la vez la gasificación de Tenerife, Gran Canaria o Menorca, donde es más viable y sostenible un modelo energético distribuido con renovables, almacenamiento, vehículo eléctrico y gestión de la demanda, es una contradicción ante la que el gobierno central y los gobiernos autonómicos, deben aclararse cuanto antes.
Es necesario
• Derogar el RD 335/2018 que levantó sin justificación la suspensión de nuevas regasificadoras
• Revertir el Acuerdo de Consejo de Ministros publicado en el BOE el 15 de marzo de 2018 que levantó sin razones de excepcionalidad la suspensión de MIDCAT
• Auditar el déficit estructural del sistema gasista
Aunque solo sea por la defensa de los derechos de los consumidores y del medio ambiente.
Este artículo se publicó originalmente en la Oficina de JGB
