Cuando en el verano de 2010 el virus informático STUXNET atacó las instalaciones nucleares iraníes, la era de la guerra cibernética había empezado. La tensión entre Israel e Irán y las acusaciones de EEUU a China por los ataques a sus redes de servicios han convertido la seguridad cibernética en preocupación global.
La primera amenaza que se cierne hoy sobre instalaciones nucleares, redes de luz, agua, transporte y alimentos es el terrorismo cibernético. Los atentados del 11-S provocaron una ola de temor ante la falta de seguridad exterior de las centrales nucleares, pero solo a partir de las explosiones de los reactores de Fukushima, diez años después, se constató por la OIEA la inexistencia de criterios obligatorios internacionales de seguridad nuclear. Se aprobaron nuevos estándares de seguridad, entre los que no se incluyó el riesgo cibernético, que cuestionaron la rentabilidad de la energía nuclear al elevar considerablemente sus costes.
En octubre de 2012 la Comisión Europea hizo un informe que cuestionó la seguridad de todas las nucleares de Europa y cifró en 25.000 M¤ la inversión necesaria para incorporar los nuevos criterios de seguridad de los que a España correspondían 1.600 millones. Dos meses después el CSN advirtió que estaba perdiendo capacidad de supervisión de las centrales españolas por falta de medios. Si se añade el fracaso tecnológico en la gestión definitiva de los residuos radiactivos, de un coste económico incalculable, la factura nuclear es insostenible y considerarla como una “servidumbre” con la que debe cargar toda la sociedad, como se hace en la Ley 15/2012, es inaceptable.
En octubre de 2012 el huracán Sandy arrasó la costa este de EEUU. La fuerza de los huracanes se ha incrementado por la subida de la temperatura del mar. En diciembre el tifón Bopha provoca 1.800 muertos en Filipinas por culpa de la deforestación y en febrero otra ola de frío afecta a 40 millones de habitantes en EEUU. La universidad de Harvard vincula los fenómenos atmosféricos extremos con el cambio climático en un informe para la CIA que considera que el cambio climático es un problema de seguridad nacional.
En España se ha supeditado la seguridad a la rentabilidad y la ordenación del territorio a la especulación. El tratamiento dado a la energía nuclear, como ahora a los hidrocarburos no convencionales, es el mismo que a los fondos especulativos: no importa el riesgo si se optimiza el beneficio. Se socializa la responsabilidad civil por los daños mientras el beneficio es exclusivo de la propiedad. Tanto la prórroga de las nucleares como los permisos de fracking se basan en un mismo engaño: no se internalizan ni los riesgos ni costes de seguridad y medioambientales y así se produce el milagro de convertir la energía más cara en la más barata.
La desaparición de todo rastro de política ambiental, como se aprecia en la Ley de Costas o en la nueva Ley de evaluación ambiental, pasa por alto cómo el cambio climático está ya afectando a todo el litoral, a recursos como el agua y los alimentos, va a obligar a un cambio en los usos de la energía y orientar la actividad económica hacia un modelo económico distinto del que nos llevó a la crisis.
En 2007 el informe de N. Stern, y en 2012 la ONU, cuantificaron esta política negacionista en una pérdida de PIB para las próximas décadas mucho más acentuada que la que hoy estamos sufriendo. Nuestras nucleares y nuestras redes no serán atacadas con bombas sino con virus mucho más efectivos y seguir impulsando las tecnologías energéticas de la contaminación ambiental y radiactiva es poner en riesgo nuestra civilización. La cultura de seguridad obliga a cambiar de modelo de economía y modelo energético; de lo contrario, seremos un país condenado al atraso.
