La guerra declarada entre el Gobierno y las eléctricas no puede entenderse sin una perspectiva que explique cómo después de veinticinco subastas para fijar el precio de la electricidad el Gobierno afirme que en la última no ha habido competencia. El pasado mes de mayo la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) ya denunció la existencia de anomalías en el mercado mayorista de la electricidad (pool) que incrementaba los precios a medida que se acercaba la fecha de las subastas que fijan el precio de la tarifa (Cesur) y los sobrecostes por servicios de ajuste y restricciones técnicas. Desde 2009 estos sobrecostes se han incrementado un 71% con un efecto alcista en los precios de un 8% en 2012. No se puede decir que la falta de competencia se haya producido ahora sino, más bien, que la falta de competencia es consustancial al carácter inflacionista del mecanismo de las subastas.
Este reconocimiento de la falta de competencia en el mercado eléctrico ha coincidido con la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico que, junto con la panoplia de decretos y órdenes, no ha abordado la causa principal de la crisis eléctrica: la conformación de precios de la electricidad y las subastas de la tarifa de último recurso. La nueva Ley debería derogarse de inmediato por inútil e inmovilista; porque, en realidad, no modifica ni un ápice el modelo eléctrico que desde hace dos décadas nos ha llevado hasta aquí, a pesar de que el escenario energético ha cambiado sustancialmente.
En el primer trimestre de 2013 hemos visto cómo la mayor entrada de renovables en el sistema abarató el precio en el mercado mayorista y cómo a partir de mayo la mayor producción con carbón lo encareció. Según APPA el ahorro de las renovables en los precios del pool eléctrico ha sido de 4.056 M€ en 2012 y 32.500 M€ entre 2005-2012. Pero como el modelo eléctrico está diseñado para un mix basado en los combustibles fósiles, sin internalización de costes, y un método de conformación de precios referenciado al precio de las energías más caras, como el gas y el carbón, los consumidores tienen que cargar siempre con el precio más caro. Los precios del pool se incrementan con la mayor entrada de combustibles fósiles y las subastas lo legitiman de manera especulativa. Al pasar por alto esta realidad, la reforma eléctrica ha terminado en desastre por un planteamiento irracional: ¿Cómo en plena crisis económica, sin crecimiento del PIB y con un constante descenso del consumo se pretende garantizar los ingresos del sistema eléctrico incentivando el consumo con subidas de la luz?
Mientras en los últimos cinco años todo el foco de la atención se ha desviado hacia el papel de las renovables, o ahora el de la climatología, se ha pasado por alto el enorme impacto que ha tenido la crisis económica en la insostenibilidad del actual modelo energético. Dicho impacto se define por:
• El incremento desde 2002 de los precios del petróleo y del gas y el permanente aumento de las importaciones energéticas, hasta representar el 4,5% del PIB, dándose la paradoja de que con crecimiento negativo del PIB aumentamos la dependencia energética del gas y el petróleo.
• La crisis de liquidez de los bancos que dejan de adelantar el déficit tarifario a las eléctricas y exigen el aval del Estado. A partir de 2009 el déficit eléctrico se convierte en deuda pública, cuyos intereses aumentan dicho déficit.
• El constante descenso de la demanda eléctrica desde 2007 disminuye los ingresos del sistema eléctrico en cantidades cercanas a los 1.000 M€ cada año. Pero este descenso del consumo de electricidad tiene otra consecuencia más costosa como es la sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas en las que se ha seguido invirtiendo hasta 2013 a pesar de ser innecesarias. La opacidad del mercado del gas y el crecimiento de la dependencia del gas argelino pueden dar una sorpresa en 2014.
• El modelo de negocio energético ha seguido basándose en incentivar el consumo y la mayor facturación al cliente final como si la crisis no fuera con el uso de la energía.
No haber considerado estos impactos de la crisis en la política energética ni en la gestión empresarial ha sido un grave error porque ha agravado la crisis del sector eléctrico y porque el mantenimiento del actual modelo es una barrera para la recuperación económica. La reforma ha confundido el objetivo de la sostenibilidad económica del sistema con el de asegurar los ingresos del sector eléctrico. Por eso la reforma se reduce a garantizar la recaudación a través de:
• Un precio alto del pool mediante el apoyo a un mix energético convencional, sin internalización de costes, donde el gas y el carbón siguen siendo las energías de referencia por ser las más caras, expulsando del mercado las renovables y cualquier forma de eficiencia y ahorro de energía, como el autoconsumo.
• Revisión automática de peajes en cuanto se produzca una diferencia entre ingresos y costes del sistema, ya que los peajes financian el 75% de dichos costes.
• Mantener todas las trabas a la libre competencia a través de la desaparición de los reguladores independientes, CNE y CNC, refundidos en la nueva CMNC que ha traspasado sus funciones al Ministerio de Industria y las decisiones sobre operaciones corporativas al propio Ministro. El ámbito de la discrecionalidad administrativa se amplía sin límite.
Lo que está pasando estos días está escrito en la nueva Ley del Sector Eléctrico que establece una triple penalización a los consumidores que serán los que equilibren las cuentas del sector eléctrico; primero, a través de las subidas automáticas de los peajes en el recibo de la luz. Si eso no fuera suficiente, a través de los presupuestos del Estado que financian los contribuyentes y, finalmente, impidiendo al consumidor que pueda reducir su factura de la luz a través de unos peajes que penalizan el ahorro de energía y el autoconsumo.
El Gobierno ha hecho una reforma que cierra la competencia y, por eso, le ha estallado en las manos y va a ser el que incumpla su propia ley. Si desde 2008 se está recortando las renovables hasta su ruina, subiendo la luz sin parar y el déficit tarifario no deja de crecer es hora de dejar de mirar para otro lado, derogar la reforma y cambiar de arriba abajo el método de conformación de precios de la energía, basado en prácticas oligopolísticas y la especulación financiera, y abrir la competencia a lo que constituye la principal riqueza energética del país: el potencial de ahorro de energía y los recursos renovables. Solo así se reducirán los precios de la energía.
