El caos de la reforma eléctrica, la lluvia de críticas al Gobierno y las eléctricas, el compromiso de derogación por la oposición y las reclamaciones que se están acumulando ante el vaivén de opiniones contradictorias del Ministro de Industria y de la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) llevan a la misma conclusión: la verdad es lo contrario de lo que nos han dicho y nos siguen diciendo. En menos de veinticuatro horas dicen que van a cambiar la metodología de conformación de precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) cuando ni UNESA ni ninguno de los sucesivos gobiernos propuso cambiarla desde que se estableció.
La ya desaparecida Comisión Nacional de Energía (CNE) lo advirtió en todos sus informes sobre las subidas de la luz en 2011, 2012 y 2013. El carácter inflacionista de las subastas que fijan el precio de la luz para la tarifa de último recurso (Cesur), las ayudas al carbón, los costes extra peninsulares, la baja demanda eléctrica y los pagos por capacidad a las centrales de gas han sido las principales causas de las subidas de la luz. ¿Es serio que hayan tenido que pasar tantos años para detectar que el precio del mercado mayorista subía antes de cada subasta para descender al día siguiente o era lo que se quería?
La perplejidad conduce al descrédito de las instituciones, del sector eléctrico y sus reguladores por la falta de transparencia y hace pensar en la connivencia del poder económico y político para confundir intereses corporativistas con el interés general. Al día siguiente de aprobarse la nueva Ley del Sector Eléctrico que mantenía el actual mercado mayorista y las subastas se anuncia su modificación. Un Gobierno que se ha auto-enmendado tantas veces en esta reforma es el paradigma de la inseguridad jurídica. Esa constatación es lo que ha hecho cambiar muchos editoriales que han pasado del cansino discurso contra las renovables a cuestionarse la naturaleza especulativa y oligopolística del mercado eléctrico.
La reforma ha incrementado la incertidumbre regulatoria y está agravando los riesgos para el futuro por inversiones arruinadas y ahuyentadas, por aumento de los déficits energéticos y por mayores subidas de la luz que se cargarán exclusivamente al consumidor cautivo. Todo por no querer reconocer que la energía autóctona que se tiene es más barata que la que no se tiene, como demuestra la volatilidad de los precios del pool. El inmovilismo del modelo eléctrico se ha convertido en el causante de una amplia crisis social y una barrera para la recuperación económica.
Tanto desacierto refleja la falta de estrategia energética a largo plazo y la ausencia de principios económicos y jurídicos que ofrezcan transparencia y confianza al mercado y los consumidores. En la jornada que sobre seguridad jurídica organizó La Oficina de JGB el pasado 11 de diciembre se puso de manifiesto que una mayor competencia con mayor entrada de renovables y de eficiencia energética en el mercado reduce los precios de la energía y facilita al consumidor la reducción de sus costes energéticos. Es uno de los principios de política energética establecidos por la Comisión Europea para reducir los costes regulados. La competencia determina los precios y la seguridad jurídica.
¿Por qué el recibo de teléfono ha bajado en ocho años un 50% mientras el recibo de la luz ha subido un 70% más? La mayor competencia y la facilidad para cambiar de compañía han abaratado los precios del teléfono mientras que la concentración del mercado eléctrico en cinco empresas y las barreras regulatorias para abrir el mercado a nuevos competidores, a la generación distribuida, autoconsumo y eficiencia energética han tenido un efecto alcista en los precios de la energía.
En esa misma jornada José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo y colaborador de LIFE abogados, expuso como principios generales del Derecho recogidos en la Constitución Española el derecho de los ciudadanos a ser escuchados en la elaboración de las normas que les afectan, el deber del Estado de garantizar la seguridad jurídica, el derecho de los ciudadanos a la calidad del medio ambiente y la aplicación del derecho europeo. Son principios que obligan a todos los poderes públicos.
El incumplimiento de estos principios constitucionales definen la pésima calidad de la reforma eléctrica porque cuando se habla ahora de “anomalías” o “circunstancias atípicas”, en realidad, lo que se trata de ocultar es que lo normal y lo típico es la falta de competencia y el mantenimiento de mecanismos especulativos como garantía de los ingresos del sistema. Por eso la luz seguirá subiendo para los consumidores a los que se les sigue negando el derecho a ser escuchados y poder elegir su energía.
