Cuando la incertidumbre se cierne sobre la nueva coalición de gobierno en Alemania, 2017 ha dejado en evidencia las contradicciones de las instituciones europeas. Mientras la Comisión y el Parlamento han adoptado las posiciones más europeístas, el Consejo Europeo, a través de los 28 jefes de gobierno y sus ministros, se encargan de imponer sus políticas nacionalistas más conservadoras.
Lo que fue una clara rebeldía de los países del este contra los compromisos sobre refugiados, se confirmó con la oposición de los países del norte a la propuesta de un Sistema Monetario Europeo y el pasado mes de diciembre los ministros de energía se encargaron de reducir a la nada las nuevas directivas para cumplir los objetivos de energía y clima en 2030.
El Consejo Europeo de Ministros de Energía rebajó las propuestas de la Comisión y el Parlamento adoptando acuerdos como: aceptar “el impuesto al sol”, incluyendo a las cooperativas de consumidores; vincular el objetivo de renovables al de interconexiones, considerándolas como contribución a los objetivos climáticos; rebajar el objetivo de renovables al 27%, reduciendo un 50% el esfuerzo realizado durante la década anterior; mantener pagos por capacidad al gas y al carbón, sin límites de emisiones; permitir a las eléctricas desarrollar libremente las instalaciones de almacenamiento.
Una semana antes se había celebrado la “One Planet Sumit”. La cumbre, convocada por el presidente francés, E. Macrón, movilizó al mundo financiero, políticos, empresas y ciudades de todo el mundo para frenar el cambio climático, dos años después del Acuerdo de París, enviando claras señales contra los combustibles fósiles: el Banco Mundial dejará de financiar proyectos de petróleo, gas y carbón; una red de bancos centrales, como los de Francia, Méjico, China, Inglaterra y Alemania, tendrán en cuenta la amenaza del clima; una coalición de fondos soberanos, liderados por Francia y Noruega, dirigirán sus inversiones para combatir el cambio climático.
El Parlamento Europeo, un mes después, ha dejado en ridículo a los ministros de energía. La lucha contra el cambio climático exige mayores objetivos de renovables y eficiencia energética a través de generación distribuida y autoconsumo. Los ministros tienen suerte de que no los elija nadie; pero si sus propuestas contra la sostenibilidad ambiental han sido rechazadas por el Parlamento, han perdido toda autoridad para mantenerlas.
M. Rajoy, A. Nadal y el PP, instalados en la indolencia climática, han liderado la oposición al Paquete de Invierno. El Ministerio de Energía confirmó que el objetivo de eficiencia para 2020 se cumplió en 2015 y el de renovables se alcanzará con las subastas de 8.000 MW a gran escala. La ministra Tejerina afirmó que España está un 10% por delante de sus obligaciones climáticas y Rajoy ha reiterado el compromiso con el Acuerdo de París, pero sin explicar cómo.
La realidad es que España no ha desconectado el CO2 del PIB y terminó 2017 con récord de emisiones energéticas, de importaciones de combustibles fósiles y los precios más altos de Europa; pero con los mayores dividendos eléctricos y con menor consumo de renovables. La carbonización de España ha empobrecido al país. Entre 2008 y 2017, mientras los ingresos de los hogares bajaron un 1,2%, la luz subió un 46,6%, el gas un 31,2% y la gasolina un 39,5%. La causa de que la política energética no contribuya al interés general hay que buscarla en los monopolios y la falta de competencia.
Los ministros europeos de energía forman parte de las élites ciegas que provocan crisis porque solo se ocupan de sus intereses de hoy para mañana. 2018 será un año decisivo para resolver la contradicción climática de Europa. Los jefes de gobierno deberán aprobar las nuevas directivas del Paquete de Invierno y frente a los ministros ciegos harán falta ciudadanos activos, como acaba de demostrar el Parlamento Europeo.
