Las petroleras, fabricantes de vehículos y el sector gasista defienden el mismo discurso contra la transición energética de Donald Trump, cuyo secretario de Energía acaba de calificar el gas esquisto de EEUU, que importan nuestras eléctricas, como el gas de la libertad para Europa. Igual que las invectivas del presidente de Repsol contra los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica, que han coincidido con la presentación del Statistical Review de BP en la que la petrolera, en otro ejercicio de cinismo, reconoce que el incremento de las emisiones es un camino insostenible y que el objetivo debe ser la descarbonización de la economía.
Descarbonizar significa reducir las emisiones a cero. La descarbonización es incompatible con el carbón, el gas, el petróleo y con la ambigüedad que representan conceptos como la transición justa y derechos de emisión gratuitos para sectores contaminadores, la captura de CO2 o energías alternativas para el transporte.
En contra de la opinión de A. Brufau, España no solo puede sino debe liderar la transición ecológica por dos razones: es el país con mayor incremento de emisiones en Europa, un 15,4% más desde 1990, y no va a cumplir el compromiso del Acuerdo de París para reducirlas un 40% en 2030; en el mejor de los casos se quedará en el 21%.
Las ayudas mundiales a los combustibles fósiles han crecido un 12% en 2017 y superan la inversión renovable. Los informes de la ONU sobre biodiversidad y medio ambiente denuncian la sexta extinción en el planeta y el incremento de la temperatura, que ha alcanzado 1,2ºC y superará los 2ºC en 2050. En España las exenciones del impuesto de hidrocarburos superan las ayudas a las renovables y en las principales ciudades españolas el aumento de la temperatura ya ha superado los 2ºC. Solo hay una explicación: los objetivos ambientales no son una prioridad política.
Los combustibles fósiles son los perdedores de la transición energética. Quienes reclaman la neutralidad tecnológica y tratar por igual a la energía fósil y la energía limpia, intentan presionar a los gobiernos para frenar la acción climática. Pero con el CO2 no cabe la neutralidad tecnológica; por eso la exigen los sectores que más contaminan, que necesitan producir emisiones para cuadrar los balances y retribuir a sus accionistas.
Los informes de la ONU dicen que hay que cambiar el concepto de crecimiento. No cabe aplicar la neutralidad tecnológica entre crecimiento con CO2 o sin CO2, con empleo precario o empleo de calidad, con menos innovación tecnológica o con más productividad, con alta demanda de energía o con alta eficiencia energética. La defensa de la neutralidad tecnológica solo conduce a mantener un PIB inundado de CO2 y agravar la vulnerabilidad de España ante la próxima crisis. Si el IBEX descontara sus costes ambientales perdería más de una tercera parte de su valor.
Los observatorios de Mauna Loa (Hawai) e Izaña (Tenerife) han detectado este año niveles de concentración de CO2 nunca vistos, más de 415 partes por millón. El Banco Mundial ha pronosticado que si la temperatura sigue subiendo al ritmo actual se verán recortes entre un 15% y 25% del PIB. ¿Se puede dejar al mercado la solución al cambio climático? No solo hay que cambiar el concepto de PIB, incluyendo los costes del CO2; también hay que cambiar el concepto de gasto público y abandonar la indiferencia ante
el daño medioambiental.
Aumentar la inversión pública y los recursos destinados a la descarbonización de la economía debería ser la principal política anticrisis y no repetir la gestión de la gran recesión de 2008 de los anteriores gobiernos que han agravado el problema medioambiental. España es el país que más incumple las normas ambientales europeas. Es un liderazgo que beneficia a unos pocos grupos empresariales, pero que pagarán toda la sociedad y las futuras generaciones.
