La Directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de edificios supone un avance para las políticas de sostenibilidad urbana. A menos de un año de que finalice el plazo de transposición, el 10 de marzo de 2020, no hay señales de que se vaya a poner al día la regulación eléctrica y edificatoria para activar la demanda y el mercado de rehabilitación en España, a pesar de que más del 90% del parque inmobiliario requiere actuaciones de eficiencia energética.
¿Qué es un parque inmobiliario descarbonizado?
Según la Comisión Europea un parque inmobiliario descarbonizado es aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero mediante la gestión de la demanda con energía flexible y la poca energía que se requiere se cubre con renovables. La descarbonización es incompatible con cualquier energía fósil, carbón, petróleo o gas.
Los edificios en la UE representan el 40% del consumo de energía. El 50% del consumo final de energía se destina a calefacción y refrigeración y el 80% de esa energía se utiliza en edificios. El cumplimiento de los objetivos de energía y clima para 2030 hace imprescindible la rehabilitación del parque inmobiliario. La Comisión ha publicado la Recomendación (UE) 2019/786 sobre rehabilitación que enseña a los gobiernos cómo la descarbonización de viviendas y edificios es posible.
Las estrategias de rehabilitación a largo plazo
Las estrategias de rehabilitación tienen por objeto la transformación, económicamente viable, de todos los edificios y viviendas en edificios de consumo de energía casi nulo, con autoconsumo, renovables en calefacción y refrigeración, aplicaciones inteligentes y puntos de recarga para el vehículo eléctrico.
La rehabilitación habrá de perseguir ahorros mínimos de energía del 60% a través de hojas de ruta nacionales, incluso personalizadas por edificios (pasaporte energético), y cuotas de rehabilitación cada diez años, con el objetivo de descarbonizar el parque inmobiliario en 2050.
La pobreza energética es definida como la combinación de bajos ingresos, elevados gastos energéticos y viviendas poco eficientes. Las estrategias de rehabilitación de los edificios se convierten no solo en una acción contra los edificios menos eficientes sino en la acción más decisiva contra la pobreza energética. Los edificios públicos han de dar ejemplo y la nueva directiva obliga a rehabilitar todos los edificios de las administraciones, central, autonómica y local. No se excluye ninguna categoría de edificios públicos.
Las estrategias de rehabilitación han de promover las aplicaciones inteligentes, comunidades y edificios bien conectados, para que los consumidores utilicen la información de los contadores inteligentes y sus funciones de eficiencia energética para la gestión de la demanda y el uso del vehículo eléctrico integrado en los edificios. La finalidad de las aplicaciones inteligentes es crear demanda de energía flexible que reduzca el gasto energético y permita que lleguen a los consumidores las ventajas del autoconsumo y los contadores inteligentes.
Alternativas para financiar la rehabilitación energética
La Directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de edificios obliga a los gobiernos a facilitar el acceso a mecanismos financieros para movilizar la inversión privada en rehabilitación y descarbonización de los edificios existentes, financiando las inversiones con los ahorros de energía mediante contratos de rendimiento energético.
La Recomendación (UE) 2019/786 propone numerosas iniciativas y ejemplos de buenas prácticas que pretenden ayudar a evaluar correctamente los riesgos y beneficios asociados a las inversiones en eficiencia energética y generar confianza a promotores de proyectos e instituciones financieras:
• Agrupación de proyectos de viviendas plurifamiliares, edificios públicos, municipios o servicios para alcanzar masa crítica y recuperar la inversión a través de los ahorros obtenidos.
• Establecer una calificación energética mínima para inmuebles en alquiler, viviendas sociales y oficinas. Bonificaciones a los ahorros obtenidos en hogares con bajos ingresos.
• Sistemas de certificación que reduzcan los riesgos ex post para las entidades financieras y faciliten hipotecas de eficiencia energética que tengan en cuenta el incremento del valor del inmueble y el menor riesgo de impagos.
• Amortización de la rehabilitación a través de la fiscalidad o la facturación energética.
• Utilización de los datos de los contadores inteligentes para crear incentivos optimizando los ahorros de energía, desplazando la demanda a horas de mayor generación renovable, permitiendo la participación de los consumidores en el mercado eléctrico, beneficiándose de los ahorros económicos y del cambio de hábitos.
• Préstamos cofinanciados con fondos y bancos públicos vinculados a la certificación energética. Subvenciones para asistencia técnica y fondos de eficiencia energética (FNEE).
• Facilitar el uso de contratos de rendimiento energético mediante los ahorros conseguidos a través de modelos de contratos y guías prácticas.
• Ventanillas únicas de asesoramiento en rehabilitación y financiación.
El valor de la certificación energética
Todas las ayudas públicas, incentivos fiscales y financieros, han de vincularse al resultado de los ahorros de energía medibles a través de la comparación de las certificaciones energéticas antes y después de las actuaciones de eficiencia energética.
Corresponde a los gobiernos crear una base de datos que recopile los datos de todas las certificaciones de eficiencia energética como instrumento para mejorar el conocimiento del parque inmobiliario, como mínimo de los edificios públicos, y respaldar decisiones tanto políticas como de los operadores.
El cálculo de la eficiencia energética del edificio deberá tener en cuenta la definición ampliada de las instalaciones técnicas del edificio. Incluirá la calefacción y refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación, sistemas de automatización y control, autoconsumo y renovables, expresada en kWh/m2/año como indicador numérico de energía primaria a efectos del certificado de eficiencia energética. Se podrá añadir un indicador de gases de efecto invernadero.
El primer objetivo de cualquier política energética debería ser modificar la regulación eléctrica y las normas de construcción para cumplir la Directiva (UE) 2018/844 y aprovechar los beneficios que supondrá para la innovación, el empleo y el medio ambiente la rehabilitación del parque inmobiliario.
Para que en España despegue la rehabilitación deben darse primero señales claras y ambiciosas desde las administraciones públicas.
Este artículo se publicó originalmente en La Oficina de JGB
