El relato de los hechos está descrito en el preámbulo del RDL 13/2014 donde se puede apreciar la sucesión de las erróneas decisiones que han convertido a todos los consumidores de gas en deudores de 1.461 millones de euros al sistema gasista, pasando por alto el comportamiento negligente de responsables políticos y empresariales. En el primer párrafo del decreto se justifica textualmente esta solución para consolidar “la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento”. Lo que quiere decir que todo lo realizado en Castor ha sido en contra del interés general y de la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.
Así, se describe cómo en 2008 Castor se integra en el sistema gasista como infraestructura básica, es decir, que han de pagar los consumidores, y se otorga la concesión de explotación a ESCAL UGS, SL, propiedad de ACS, estableciendo el derecho de indemnización en caso de renuncia. En 2009 obtiene la declaración de impacto ambiental de la Secretaría de Estado de Cambio Climático y en 2010 la autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública de la Dirección General de Política Energética y Minas.
El RDL 13/2012 reconoció que el descenso del consumo de gas desde 2008 por la crisis hacía innecesarias las inversiones en infraestructuras gasistas que se estaban ejecutando y las paraliza. Pero Castor no se paraliza y en 2013 se produce una “sismicidad disparada”. Por este motivo se “hiberna” y se encarga a Enagás que se haga cargo de la instalación y pague la indemnización de 1.461 M€ a ACS, descontando 110 millones ya abonados anticipadamente. Al ser un nuevo coste del sistema gasista, ese dinero se devolverá a Enagás a través de los ingresos por peajes, según el RDL 8/2014.
Infraestructura innecesaria, riesgo sísmico e indemnización garantizada son un cúmulo de disparates que antes de aplicar el decreto ley los poderes públicos deberían investigar por qué Castor se ha saltado todas las normas. Socializar 1.462 millones por una nefasta gestión política y empresarial sin una sola explicación es un insoportable abuso de poder.
El déficit democrático de la reforma energética no puede ocultar la nefasta gestión de las inversiones gasistas, infrautilizadas al 70%, pasando la factura a los consumidores. Pero para que esto sea posible ha sido necesaria la Ley 3/2013 que disuelve los organismos reguladores independientes, transfiriendo sus funciones sobre activos energéticos estratégicos al propio Ministro de Industria, y el nombramiento este mismo año como consejeros de Enagás a cinco altos cargos del PP.
Defender el interés general debiera ser obligación de todos los poderes públicos, pero desgraciadamente han fallado en Castor. La reforma energética es, en realidad, un instrumento de rescate del modelo energético convencional por el fracaso de la falsa liberalización del sistema eléctrico y gasista y eso exige responsabilidades, porque en este momento se pueden estar produciendo nuevos Castor, como el ATC de Villar de Cañas, las autorizaciones de fracking, las exploraciones de crudo en Canarias y Levante o las inversiones gasistas en el parque natural de Doñana.
