El borrador de Orden que aprueba los parámetros retributivos a las renovables comienza diciendo que desde 1998 las renovables, cogeneración y residuos han costado más de 50.000 M€. Como nunca se desagrega lo que corresponde a cada tecnología del régimen especial, la reforma eléctrica se basa en la reiterada falsedad de lo caras que son las renovables.
En el estudio de APPA “Impacto macroeconómico de las renovables en España”se puede ver que el coste acumulado de las renovables entre 2005-2012 fue de 26.899 M€ y el ahorro que produjeron en el mercado mayorista fue de 32.538 M€, es decir, que por cada euro de las primas a las renovables el sistema eléctrico se ahorró 1,2 euros.
Pero la comparación que debería preocupar es la de las renovables con el coste de nuestra dependencia energética. En 2012, las importaciones netas de petróleo, gas y carbón costaron más de 45.500 M€ mientras las primas de las renovables fueron 6.107 M€. Las importaciones energéticas costaron a cada ciudadano 7,5 veces más que las renovables y si tenemos en cuenta que en 2012 ahorraron en el mercado mayorista 4.056 M€, la diferencia se triplica.
La reforma debería partir de esta comparación porque el precio en el mercado mayorista lo fijan el gas y el carbón, por ser las energías más caras, y esta metodología no se ha querido cambiar porque el sistema está diseñado para un mix energético basado en los combustibles fósiles y nucleares amortizadas. En 2013 y 2014, cuando mayor ha sido la participación de las renovables el precio mayorista ha bajado y cuando ha crecido la cuota de energía fósil, el pool se ha encarecido. Como el objetivo es garantizar el mayor nivel de ingresos al sistema, la reforma eléctrica persigue mantener un precio alto del pool.
Las medidas adoptadas van en esa dirección a través de un recorte a la retribución de las renovables para expulsarlas del mercado con carácter retroactivo y así reducir su producción; una subida automática de peajes, incrementando el término de potencia, para expulsar del mercado el ahorro de energía y el autoconsumo, garantizando con los peajes la financiación del 75% de los costes del sistema; y no tocar el método de conformación de precios de la electricidad para que el gas y el carbón, como fuentes más caras, sigan fijando el precio de la luz.
El resultado es un modelo energético que incentiva el consumo penalizando el ahorro e impulsa la dependencia energética en detrimento de las energías renovables. Asegurar de esta manera los ingresos del sistema eléctrico supone un grave perjuicio para todos los sectores de la economía y para los consumidores que serán penalizados con una facturación incomprensible, que subirá automáticamente; con unos contadores a los que se les sigue prohibiendo el acceso para que los clientes no puedan autogestionar su demanda; y una volatilidad del pool de la que nadie les va a proteger. En enero el precio del pool fue un 50% más bajo que en diciembre, pero será éste último el que se facture al consumidor que pagará un precio por encima del mercado.
El modelo actual asegura un sobreprecio que se cargará al consumidor. Un mayor uso de las renovables, con generación descentralizada y autoconsumo, acercaría los centros de consumo a los de generación y es el modelo que reduciría el precio de la energía; por eso, el castigo a las renovables es, en realidad, un castigo a los consumidores.
