Quedan pocos días para que comience la Cumbre de París sobre Cambio Climático 2015 que va a coincidir con las elecciones generales en España. Mientras a lo largo de 2015 han proliferado por todo el mundo los objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones para las próximas décadas, en nuestro país los gases de efecto invernadero no están ni en la agenda económica ni en la agenda política.
España va a llegar a la cumbre del clima con un bagaje lleno de decisiones que apuntan a una economía más carbonizada. La ley de hidrocarburos, las ayudas al carbón, la retroactividad y la moratoria renovable, las restricciones al autoconsumo, los proyectos de expansión de GNL o los incentivos al mayor consumo de energía son algunos de los rasgos que definen la política energética de los últimos años. Tampoco en los documentos de planificación aparece el CO2 como factor a considerar, como puede verse en la estrategia de rehabilitación energética de edificios o en el plan nacional de eficiencia energética enviados a Bruselas en 2014.
La ley 24/2013 estableció el principio de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico como principal objetivo. En realidad se trata de garantizar los ingresos del sector eléctrico, estableciendo la revisión automática de peajes y el cargo del déficit a generadores y consumidores como método para conseguirlo. Lo primero y determinante es la sostenibilidad económica y la ambiental es secundaria. Por eso los organismos de medio ambiente carecen de competencias en energía.
En el fondo, se trata de asegurar los ingresos a un modelo energético de oferta que desde el siglo pasado ha repetido varias veces el mismo ciclo: inversiones muy por encima de la demanda, endeudamiento, cambio regulatorio para recuperar liquidez y vuelta a empezar. Desde la moratoria nuclear de 1984, los costes de transición a la competencia de 1998 y el artificio contable del déficit de tarifa de 2002 y 2009, la historia no ha dejado de repetirse sin ninguna transparencia. Falta asumir la sobrecapacidad gasista, tan bien descrita en el RD 13/2012 que paralizó las inversiones en infraestructuras de gas por innecesarias.
Muy lejos queda la prioridad que la Comisión Europea ha establecido para descarbonizar la economía promoviendo la generación distribuida y la participación activa de los consumidores. Por el contrario, todas las reformas que se han sucedido desde 2008 en España han intentado retrasar la transición hacia un modelo menos intensivo en hidrocarburos y orientado al consumidor.
La prospectiva que ha realizado PwC sobre el cambio climático en España para 2033 llega a la conclusión de que “con las políticas actuales las emisiones de CO2 crecerán hasta un 83% y el único escenario en el que se reducen las emisiones supone incrementar la potencia instalada de renovables de 33 GW a 83 GW a través de la generación distribuida, edificios de consumo casi nulo y electrificación del transporte, sin nucleares ni las térmicas más contaminante”.
Las observaciones de los informes de la CNMC a las ayudas al carbón, al decreto de autoconsumo o a la falta de competencia en el sector eléctrico son más coherentes con los objetivos europeos. De la misma manera que las advertencias de la AIE para que en España se hable bien de las renovables y de los beneficios que aportan al sistema, incluyendo el empleo.
El modelo centralizado de oferta está agotado y es imprescindible caminar hacia un modelo de negocio eléctrico orientado a la demanda si de verdad se quieren afrontar los retos del cambio climático. Es el modelo que describen las directivas europeas de renovables de 2009, eficiencia energética de edificios de 2010 y de eficiencia energética de 2012. El edificio de consumo de energía casi nulo y la movilidad eléctrica se vinculan al autoconsumo, al almacenamiento y a la generación distribuida, que es convertir cada centro de consumo en un centro de generación.
El desarrollo de este nuevo modelo de negocio eléctrico establece tres nuevas prioridades:
• La eficiencia energética como fuente de energía que ha de competir en igualdad de condiciones con el resto de fuentes. Supone la medición tanto de los consumos de energía como de las emisiones y la rehabilitación de edificios y la electrificación del transporte como actuaciones clave.
• La participación de los consumidores en el mercado eléctrico como generadores y parte activa en la gestión de la demanda. El acceso a los servicios energéticos y la interacción con su contador dan al consumidor la libertad de elegir la energía que quiere consumir.
• El incremento de la competencia como hecho más relevante que identifica la transición de un modelo energético centralizado a otro descentralizado. Con más competencia bajan los precios.
De la misma manera que el fraude en el control de las emisiones de Volkswagen va a acelerar la implantación del vehículo eléctrico, el CO2 va a obligar a cambiar el modelo eléctrico convencional. Cuanto más se tarde, peor.
Este artículo se publicó originalmente en La Oficina de JGB
