El Gobierno ha votado en contra de la nueva directiva de eficiencia energética alegando como principal motivo que España ha cumplido en 2010 los objetivos de ahorro que la Unión Europea estableció para 2016. Como cuando aprobó la moratoria renovable en el RDL 1/2012 manifestando que no afectaría al objetivo de 2020 porque España está muy avanzada en los objetivos de renovables y hasta 2017 no se reconsideraría hacer más renovables. En el RDL 13/2012 se eliminaron todos los fondos para ahorro y eficiencia energética y se aplazan los decretos de autoconsumo y de certificación energética de edificios. Todo un ejercicio de complacencia que expresa la voluntad de no cumplir las normas europeas y desterrar de la política energética el ahorro de energía y las fuentes renovables.
El escenario que el propio Gobierno describió en el preámbulo del RDL 13/2012 era de “elevados costes regulados, fuerte dependencia exterior, acceso incierto a los recursos, gran volatilidad de los precios y elevado impacto ambiental”. Es el escenario de los combustibles fósiles. ¿Por qué sabiendo cuál es el problema se desprecian las soluciones?
Por la misma razón que se sigue permitiendo construir en el cauce de los ríos y en el litoral de las costas: se minimiza y socializa el riesgo para optimizar el beneficio de muy pocos. Es el mismo fundamento de los fondos de alto riesgo que han hundido nuestra economía. Y en un modelo energético basado en incrementar la dependencia energética el riesgo es sistémico, como el de los bancos.
Desde el inicio de la crisis en 2007 el consumo de energía no ha parado de descender, lo que ha supuesto una merma importante de ingresos a las compañías eléctricas; sin embargo, la política energética no lo ha visto y han seguido creciendo las importaciones de gas y petróleo y la sobrecapacidad del sistema con un crecimiento negativo del PIB. Los contratos “take or pay” obligan a consumir toda la energía que se importa y las medidas que se adoptan, a pesar de haber parado las renovables y la eficiencia energética, siguen incrementando los costes regulados y el precio de la energía. El último ejemplo, el incremento de los pagos por interrumpibilidad. Cuando llegue enero se habrá alcanzado el déficit de tarifa para todo el año y el run run contra las renovables volverá a rugir para que a nadie se le ocurra hacer el análisis del impacto de la crisis sobre un sistema energético basado en la mayor importación de combustibles fósiles.
El tiempo no pasa en balde y se agotan tanto los argumentos contra las renovables y el ahorro de energía como el que “todas las fuentes son necesarias”. El aumento de la inflación ha destapado el origen de todo: la falta de competencia y el carácter oligopolístico de todo nuestro mercado energético basado en la dependencia de los hidrocarburos que hace cada día más pobres a todos los consumidores.
No se puede utilizar la reforma energética con intereses políticos, ya no es tiempo de reforma sino de cambio de modelo energético: la energía no puede ser la causa que nos ahonde más en la crisis sino el motor para que la economía crezca y cree empleo. Es el momento de elegir.
