El panorama que han dejado las sucesivas cumbres del cambio climático, desde Copenhague hasta Lima, es de un continuo tránsito de la esperanza a la decepción ante el imparable crecimiento del CO2. La próxima cumbre de París está en la fase de
esperanza.
El G-7 se comprometió a reducir entre un 40% y un 70% las emisiones para 2050 y dotar los 100.000 millones de dólares del Fondo Verde aprobado en 2009. China presentó en la ONU su plan para reducir emisiones a partir de 2030. La Comisión Europea ha lanzado su paquete de verano de energía con el que pretende reformar el mercado de derechos de CO2 y reducir un 40% las emisiones en 2030.
No obstante, es el presidente de EEUU el que ha colocado el clima en el centro de la agenda política. Obama propone reducir un 32% las emisiones de sus plantas energéticas en 2030 y elevar al 28% la cuota de renovables. EEUU califica el riesgo del cambio climático como la mayor amenaza a la seguridad nacional. Ninguna otra cumbre tuvo un preludio tan esperanzador. Pero hasta diciembre no sabremos cuánto hay de retórica en estas intenciones. Todas las propuestas climáticas han incluido una de cal y otra de arena.
Para EEUU el concepto de seguridad nacional ha servido también para no firmar Kioto, para aprobar el fracking o autorizar a las petroleras la explotación del Ártico. El mercado de derechos de CO2 creado por Europa ha servido para que las empresas contaminadoras hagan caja con la sobreasignación gratuita de derechos. La Comisión Europea ha dejado claro que no sancionará a los gobiernos que incumplan los objetivos climáticos de 2030.
Obama ha hecho una propuesta más preocupado por su legado que por su viabilidad. La deberá cumplir su sucesor, con mayoría republicana en el Congreso, y serán los Estados quienes la apliquen. En España, con un gobierno que apoya los combustibles fósiles y rechaza las renovables, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, competente sobre cambio climático, carece de competencia alguna sobre la energía, el transporte y la edificación, los sectores más contaminantes. La lucha contra el cambio climático se reduce a voluntarismo.
¿Si los acuerdos sobre el clima de 2009 permanecen sin cumplir, qué hace pensar que ahora será diferente? Hoy existe un consenso global sobre las consecuencias del cambio climático y la necesidad de cambiar a fuentes de energía renovable para evitar los impactos irreversibles del aumento de la temperatura. Este consenso incluye la certeza de que disponemos de la viabilidad tecnológica y económica para un modelo energético 100% renovable en 2050.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado que los países del G-20 dedican cada año 5,4 billones de dólares en subsidios al gas, al petróleo y al carbón. Sólo la eliminación de estas ayudas reduciría un 20% las emisiones de CO2 y los gobiernos se beneficiarían, por ahorros en combustibles fósiles, el equivalente al 3,8% del PIB mundial; porque el precio de los combustibles fósiles no representa su coste real. Frenar las emisiones obligará a dejar en el subsuelo el 50% de todas las reservas de combustibles fósiles.
Controlar el calentamiento del planeta exige cambiar a corto plazo la economía de los hidrocarburos y supeditar la energía a los objetivos climáticos, impidiendo la connivencia entre las empresas contaminadoras, los reguladores y los gobiernos. El éxito en la lucha contra el cambio climático está en evitar que el regulador se confunda con el regulado. Una nueva gobernanza del clima será lo que evite otra decepción; porque 2030 ya es tarde.
