Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
El año 2009 pasará a la historia como el momento en el que en España se hicieron evidentes las tensiones y los beneficios del cambio de modelo energético. El descenso del consumo de energía como consecuencia de la crisis económica ha provocado que las renovables saquen del sistema a las energías fósiles. Ha descendido el consumo de carbón y de gas y se ha incrementado el de renovables. Además conocemos que, ante el incremento de precios de los hidrocarburos, el aumento de las temperaturas y de las emisiones, las renovables, entre 2005 y 2008, han ahorrado 32 millones de toneladas equivalentes de petróleo y 84 millones de toneladas de CO2. Para anticiparse a las futuras crisis de suministro y de los impactos del cambio climático no hay quien de más. Este cambio de modelo se debe a que todas las renovables, no solo la eólica, forman ya parte significativa del sistema, por encima del gas, el carbón y la nuclear. Y ese es el trasfondo de la resistencia a las renovables que, de forma grosera, se está expresando a lo largo de todo el año.
Este cambio irreversible se enfrenta ahora a una política energética que no piensa estratégicamente sino a corto plazo. Porque primar el mayor consumo de carbón o establecer cupos para todas las renovables no sólo va a frenar su crecimiento y competitividad sino retrasar el cambio de modelo energético, dañando la innovación y la competitividad de la economía española. El acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre que establece el principio de cupos para todos hasta 2012 (2013 para la termosolar), parece considerar que el mundo terminara en 2012, cuando es sólo la legislatura lo que finaliza ese año; con lo que hay certidumbre para las inversiones en los próximos tres años e incertidumbre total a partir de 2012. Sorprende que todos los cupos previstos se retribuyan con la misma tarifa, sin las reducciones que ya se aplican a la fotovoltaica. Se prefiere regular a través de cupos y no de precios como si se tratase más de apagar el fuego que se inició con la enmienda de CIU en el Senado y seguir aplazando las decisiones de más calado que han de definir el escenario hasta 2020.
Porque lo importante es el horizonte de la nueva Directiva de renovables que estamos obligados a cumplir. La hoja de ruta comienza en diciembre de 2009 con el avance del Plan de Acción de Renovables 2011-2020 y su posterior aprobación y presentación a la Comisión Europea antes del 30 de julio de 2010 y la transposición de la Directiva antes del 25 de diciembre de 2010. Y estas son medidas que tienen que llevarse a las Cortes, al BOE y a Bruselas en el próximo año. Alcanzar en 2020 el 20% de consumo de renovables y ahorrar el 20% de energía y de emisiones de CO2 nos obliga también a establecer objetivos ambiciosos para todas las tecnologías. El cumplimiento de estas obligaciones es incompatible con el intervencionismo de los cupos. La experiencia nos indica que en renovables no hay objetivos imposibles y que los problemas no son de la tecnología sino de la regulación.
La paradoja de España se define estos días por dos hechos: mientras la Agencia Internacional de la Energía insiste en el cambio de modelo energético debido a que será imposible abastecer el incremento del 40% de la demanda previsto para 2030 con el descenso de más de un 20% que ya han experimentado las inversiones en gas y petróleo, las grandes compañías energéticas españolas compiten regalando kilovatios a los consumidores. Todo un disparate y ejemplo de la falta de estrategia energética. La propia AIE lo ha dicho con claridad: “Ha llegado el momento de actuar. Las energías fósiles son el corazón del problema”.
