El Gobierno de España notificó a la Comisión Europea su plan de apoyar a la empresa Cobra, que todavía no se dedica a la producción de hidrógeno, para empezar a producir hidrógeno renovable a gran escala mediante electrólisis del agua (un proceso por el que se usa electricidad para descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno gaseoso). El hidrógeno renovable producido (generado únicamente con electricidad procedente de fuentes renovables) lo utilizarán usuarios industriales externos, especialmente de los sectores de gran consumo de energía y con emisiones difíciles de reducir, tales como las refinerías y la cerámica.
La ayuda española, que adoptará la forma de subvención directa, apoyará la construcción e instalación de electrolizadores en Cartagena y Castellón. Los dos electrolizadores -informa la Comisión- tendrán una capacidad total de 205 megavatios (MW) y se prevé que produzcan aproximadamente 8.550 toneladas de hidrógeno renovable y 6.840 toneladas de oxígeno al año. Los electrolizadores serán fabricados "por etapas", con el primer electrolizador en funcionamiento a partir de 2023. Según los datos facilitados por la Comisión Europea, una vez finalizado, se espera que el proyecto evite la emisión de 47.038 toneladas anuales de dióxido de carbono.
Evaluación de la Comisión
La Comisión Europea ha evaluado la medida (subvención directa de España a la empresa Cobra) con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas bajo determinadas condiciones, y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022.
Y, tras la evaluación, la Comisión ha dado luz verde a la concesión de la susodicha subvención directa de 220 millones de euros. Según la Comisión Europea, "puesto que la ayuda a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, también mediante el apoyo a las energías renovables, es una de las principales categorías de ayudas autorizadas por las Directrices, esta ayuda se prestaba a su evaluación con arreglo a esas Directrices".
La Comisión consideró lo siguiente
1. - El proyecto es de los primeros que adoptan una tecnología innovadora en su sector.
2. - La ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica, concretamente la producción de hidrógeno renovable. Al mismo tiempo, contribuye a que se alcancen los objetivos de iniciativas políticas clave de la UE, tales como el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la UE en materia de hidrógeno y el Plan REPowerEU.
3. - La ayuda tiene un «efecto incentivador», ya que el beneficiario no realizaría las inversiones en hidrógeno renovable sin la ayuda pública. La ayuda tiene una incidencia limitada en la competencia y el comercio dentro de la UE. Además, la ayuda es proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales. A esto se añade que, si el proyecto resultara muy satisfactorio y generara ingresos netos adicionales, la empresa devolvería a España parte de la ayuda recibida (mecanismo de reembolso).
4. - La ayuda surte efectos positivos que compensan cualquier posible falseamiento de la competencia y el comercio en la UE.
Atendiendo a estas razones, la Comisión ha aprobado la ayuda española con arreglo a las normas correspondientes de la UE.
La decisión sucede a la aprobación, los pasados 15 de julio y 21 de septiembre de 2022, de dos proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IICE) en la cadena de valor del hidrógeno: proyecto IICE Hy2Tech y proyecto IICE Hy2Use. El proyecto de Cobra fue seleccionado por el Gobierno de España en una convocatoria abierta para formar parte de un proyecto IICE sobre tecnologías y sistemas de hidrógeno, que dio lugar a los dos proyectos Importantes de Interés Común Europeo aprobados. Sin embargo -matiza la Comisión-, dadas sus características y objetivos, era más idónea su evaluación con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía de 2022.
Contexto
Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía de 2022 dan orientaciones sobre la manera en la Comisión evaluará la compatibilidad de las ayudas a la protección del medio ambiente, incluida la protección del clima, y a la energía que estén sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.
Las nuevas directrices, aplicables a partir de enero de 2022, crean un marco facilitador flexible y apto para ayudar a los Estados miembros a prestar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos del Pacto Verde de manera específica y eficaz desde el punto de vista de los costes. Las normas suponen una adecuación a los importantes objetivos y metas de la UE establecidos en el Pacto Verde Europeo, así como a otros cambios normativos recientes en materia de energía y medio ambiente, y atienden a la creciente importancia de la protección del clima. Constan de secciones sobre las ayudas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (concretamente mediante el apoyo a las energías renovables), las medidas de eficiencia energética, las ayudas a la movilidad limpia, las infraestructuras, la economía circular, la reducción de la contaminación, la protección y restauración de la biodiversidad, y las medidas para garantizar la seguridad del suministro energético, sujetas a determinadas condiciones.
Estas directrices de 2022 tienen como finalidad ayudar a los Estados miembros a alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE en materia de energía y cambio climático con el mínimo coste posible para el contribuyente y sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.
Mediante la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo de 2019, la Comisión intensificó su ambición en materia de clima mediante la fijación del objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. La Ley Europea del Clima, en vigor desde julio de 2021, que consagra el objetivo de neutralidad climática para 2050 e introduce el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un mínimo del 55 % de aquí a 2030, sienta las bases de las propuestas legislativas «Objetivo 55», presentadas por la Comisión el 14 de julio de 2021. Entre estas propuestas, la Comisión ha presentado modificaciones de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables y de la Directiva relativa a la eficiencia energética con objetivos anuales vinculantes más ambiciosos para aumentar la producción de energía procedente de fuentes renovables y reducir el consumo de energía a escala de la UE.
En julio de 2020, la Comisión publicó su estrategia de la UE en materia de hidrógeno, que fija objetivos ambiciosos en materia de producción y uso de hidrógeno limpio, y creó la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio, que reúne a la comunidad europea del hidrógeno (industria, sociedad civil, autoridades públicas).