Los diputados Jorge Luis Bail (Equo) y Josep Vendrell (En Comú Podem), ambos integrantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, han registrado en el Congreso una Moción para que el Gobierno (1) impulse una auditoría de las concesiones del dominio público hidráulico para clarificar y establecer los diferentes vencimientos y analizar si se han cumplido las condiciones de la concesión (esa información deberá ser “pública y de fácil acceso para toda la ciudadanía”); (2) recupere esas concesiones cuando vayan caducando (y que la infraestructura habida en ellas pase a gestión pública, tal y como establece la Ley de Aguas, que habla de reversión -artículo 59.4- a los 75 años de la concesión); y (3) promueva la creación de sociedades públicas para que exploten las instalaciones hidroeléctricas con dos horizontes (o fines). Un fin más bien genérico: “utilidad pública e interés social de carácter general” (o sea, grosso modo, abaratar la luz). El otro, muy concreto: que no menos de un 20% de los ingresos vaya a (1) promover el desarrollo de los territorios en los que se encuentran las presas y (2) a evitar la despoblación.
La letra de la ley
El artículo 53.4 de la Ley de Aguas dice que, "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento" (aprovechamiento hidroeléctrico). Pues bien, algunas de esas concesiones están caducando (otras ya lo han hecho y muchas más lo harán muy pronto) y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea señala que está llegando así el turno de la Administración (que, con potencia de generación en sus manos, podría por cierto además abrir o cerrar el grifo de los pantanos a demanda para controlar así el precio de la luz, que está completamente desmandado). Para empezar, en todo caso, el Grupo Parlamentario considera que “es necesario realizar una auditoría de las concesiones del dominio público hidráulico para clarificar y establecer los diferentes vencimientos y analizar si se han cumplido las condiciones de la concesión. Se trata de clarificar –dice Unidos Podemos- si se han producido abusos y/o si se han producido prórrogas indebidamente”. El Grupo Parlamentario exige que, en cualquier caso, “esa información sea pública y de fácil acceso para toda la ciudadanía”.
Podemos quiere un cambio de modelo
Según consta en la Exposición de Motivos de la Moción que han presentado los diputados Bail y Vendrell, las centrales hidroeléctricas han sido gestionadas de manera que, "a cambio de la inversión para explotar los saltos hidraúlicos, la administración ofrecía a las empresas constructoras un período de 75 años para explotarlos”. Tras esos períodos -continúa Podemos-, las concesiones de este bien común de dominio público “deben pasar a gestión pública o ser sometidas a una nueva concesión”.
El Grupo Parlamentario advierte a la Administración de que tiene la responsabilidad “de gestionar estos expedientes sin retrasos ni caducidades”. Y, por otra parte, propone que “el principio rector del nuevo modelo pase por la preservación del medio ambiente y por que la riqueza generada revierta en el territorio en el que se origina”.
Unidos Podemos alerta: entre 2018 y 2030 caducarán el 8% de las concesiones, medidas en volumen de agua. Entre ellas, grandes embalses como el de Tranco de Beas en el Guadalquivier (2019) o Reinosa en el Ebro (2020). El Grupo Parlamentario alerta en fin sobre el futuro inmediato y denuncia sobre lo ya sucedido: en Catalunya, el 24% de la producción eléctrica de origen hidráulico ha finalizado su período concesional, “sin que se haya producido debate político de fondo alguno sobre la cuestión”.
Almacenes de electricidad
Unidos Podemos considera que los embalses pueden funcionar como almacenes de electricidad y que pueden ser “clave” de una transición energética que permita reducir las emisiones y combatir el cambio climático. “La gestión pública de las centrales hidroeléctricas –continúa la Exposición de Motivos- permitiría operar con ellas como baterías que almacenen energía para su posterior uso”. Actualmente, en España, aproximadamente el 20% de la potencia instalada es hidroeléctrica (este año, entre enero y junio, ese parque generador ha sido responsable del 16,9% de la producción peninsular). Ahora mismo hay en el país una capacidad de embalse de 55.000 hectómetros cúbicos y 800 centrales de diferente tipo, fluyentes, que aprovechan parte del caudal de los ríos y las llamadas a pie de presa, que reciben el agua de los embalses.
El Grupo Parlamentario Confederal, en la Exposición de Motivos de la Moción que acaba de presentar, denuncia que el Gobierno se ha olvidado por completo de este asunto en su reciente Real Decreto-ley (RDL) 15/2018, de 5 de octubre, sobre medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Según Podemos, el RDL 15 “no ha introducido medidas que vengan a impulsar la gestión de saltos hidroelécticos garantizando que los mismos sean gestionados con principios rectores claros, entre los que se deben incluir, según Podemos, los siguientes:
• gestión de saltos hidroeléctricos en línea con la vertebración territorial;
• en aras a salvaguardar el interés general y la gestión pública;
• como eje de transición energética en nuestro país;
• como un elemento que promueva la justicia social y la seguridad jurídica.
Por todos los motivos expuestos, El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado en el Congreso de los Diputados esta Moción, con la que insta al Gobierno a
1. Desarrollar un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos cuyos principios rectores sean la vertebración territorial, de forma que la riqueza generada revierta en el territorio en el que se origina, la preservación del medio ambiente y la transición energética justa socialmente.
2. Garantizar, mediante este desarrollo, la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía en general sobre la situación administrativa de cada salto y la fecha de caducidad de su concesión.
3. Facilitar y promover, igualmente, la creación de sociedades públicas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, de competencia estatal, para explotar instalaciones hidroeléctricas, con la participación de las confederaciones, comunidades autónomas y entidades locales de las zonas afectadas.
4. Que en dicho desarrollo se adapte el modelo de inversión-concesión a la actual realidad de un sector ya maduro. Así, cuando venza la concesión otorgada por el organismo competente, además de pasar la titularidad al ente público con las garantías debidas, se priorice la adjudicación a las sociedades públicas para su gestión directa. Igualmente, previa justificación, podrán otorgarse nuevas concesiones mediante concurso público, en particular cuando exista la posibilidad e dioneidad de la mejora del aprovechamiento. En este sentido se tendrá en cuenta que:
-dichas concesiones tendrán un plazo de cuatro años y cuando se realicen inversiones hasta 30 años, pero nunca superior al período de amortización de las mismas;
-en las nuevas concesiones se establecerá la obligación de las centrales de seguir las consignas del operador del sistema para facilitar la integración de energías renovables y de control del precio de mercado;
-los beneficios públicos de las concesiones, descontando el beneficio industrial razonable para su explotador, deberán ser utilizados con criterios de vertebración territorial, la restitución económica y social de los territorios afectados y otros fines de utilidad pública e interés social de carácter general con la participación de entidades locales, comunidades autónomas y comunidades de usuarios del agua.
5. Que en concreto en dicho desarrollo normativo se incluyan:
-en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en materia de los rendimientos procedentes de la explotación de los aprovechamientos con objeto de la restitución económica y social, invirtiendo no menos de un 20% de dichos ingresos para promover su desarrollo y evitar la despoblación.
-en la citada Ley de Aguas, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, con objeto de fijar las bases del proceso de reversión: iniciativa y competencia, anticipación de tres años antes de la finalización del plazo de la concesión y resolución antes de un año, e información del procedimiento, retirada de instalaciones a costa del concesionario si el órgano competente así lo considerase en cumplimiento de los nuevos caudales ecológicos establecidos en los planes hidrológicos de cada cuenca, entre otras.
-en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la ya citada Ley de Aguas en materia de dominio público forestal e hidráulico con objeto de permitir, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional, la reversión de terrenos una vez extinguida la concesión y la posibilidad de aprovechamiento por no ser preceptiva según los planes de cuenca.
-en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con objeto de exceptuar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a las entidades de derecho público exclusivamente para la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos.
Pide de foto
Según el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, "muchas centrales hidroeléctricas fueron construidas durante la dictadura franquista, sin atender las peticiones de la ciudadanía, ni las demandas de los territorios". La imagen que ilustra esta información ha sido extraída del diario ABC del día 25 de septiembre de 1956. Véase la portada de ese día.
Información relacionada
Fechas de final de la concesión, según el Gobierno
Proposición de Ley sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos. Presentada en febrero de 2018 por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
