Según el artículo 112 bis de la Ley de Aguas, las confederaciones hidrográficas deben recaudar un canon a las compañías eléctricas por la turbinación de agua para la producción de electricidad, que deberá emplearse en la protección y mejora del dominio público hidráulico.
Pero el año pasado, el Gobierno presentó un Real Decreto que desarrollaba ese artículo, introduciendo un cambio significativo. Se indicaba en ese Real Decreto que las confederaciones recaudarían el dinero de las compañías eléctricas y que el 98% del mismo se ingresaría en el Tesoro Público.
Desde las principales organizaciones ambientales se rechazó la redacción original de ese Real Decreto, que iba contra la protección del medio ambiente. Se publicó una declaración conjunta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente contra esa norma, de todos los miembros del consejo que no son administraciones. El tema también se trató en el Consejo Nacional del Agua, donde las organizaciones ecologistas manifestaron también su oposición.
Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se creó un grupo de trabajo sobre el tema, en el que participaban diferentes ministerios, compañías eléctricas, grupos ecologistas, etc. Tras consultar al Consejo de Estado, éste se manifestó a favor de las tesis defendidas por los grupos ecologistas.
Finalmente, el 23 de marzo se publicó una modificación del Real Decreto indicando que las confederaciones hidrográficas recaudarán el dinero de las compañías eléctricas, e ingresarán el 98% en el Tesoro Público. Asimismo, de forma obligatoria, los Presupuestos Generales del Estado incluirán para la protección y mejora del dominio público hidráulico una cantidad igual o superior a la recaudada por este concepto.
Si bien la modificación no obedece exactamente a las reclamaciones ecologistas, puesto que finalmente la recaudación tendrá que pasar ese dinero por el Tesoro Público, se establece un compromiso importante. “Cabe destacar que la estimación anual es de 200 millones de euros, que se destinarán a la protección y mejora del dominio público hidráulico”, explican los ecologistas.
Además, esta norma “supone un paso hacia adelante en la recuperación de los costes del uso del agua, una de las muchas obligaciones de la Directiva Marco del Agua, de la UE, que siguen pendientes en España”. Los grupos ecologistas celebran este avance y animan al gobierno a seguir las indicaciones de la Comisión Europea y la sociedad civil en esta línea y aplicar el mismo principio al uso del agua para regadío y a la recuperación de los costes ambientales del uso del agua.
