“Según estimaciones contrastadas y de toda solvencia, más del 70 % de la potencia minihidráulica instalada en España (en conjunto, 2.000 MW) se tendrá que conformar con cobrar el precio del mercado mayorista (que, paradójicamente, ellas mismas contribuyen a rebajar), ya que el proyecto de orden de parámetros que ha elaborado el Ministerio impide cobrar retribución a la inversión y a la operación a todas aquellas centrales con potencia inferior a 10 MW puestas en marcha con anterioridad a 1996 (que son la enorme mayoría) y para las anteriores a 2006 a todas las que tengan potencia de más de 10 MW”, explica la sección Hidráulica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
El asunto se agrava si se considera que la mayoría de instalaciones son de muy pequeña potencia, es decir, inferior a 5 MW. Estas instalaciones, por no integrar economía de escala alguna y tener un flujo de caja muy limitado, no podrán aguantar y “se verán abocadas al cierre, pues con esta retribución no podrán atender ni siquiera a los gastos de operación y mantenimiento ordinarios, arruinando a las empresas familiares que las tenían como medio de vida. La situación es especialmente insostenible y de efectos inmediatos para cualquier instalación de menos de 1 MW”.
Cualquier inversión de las consideradas “de media vida útil” en cualquiera de estas centrales (sustitución de turbina, multiplicador, arreglos importantes en azud o canal, etc) no tendría posibilidades de ser financiada en el mercado, de manera que sus titulares se verán obligados a parar la producción.
Para cubrir la menor producción de energía minihidráulica, a consecuencia de ello, tendrá que ser “aportada por tecnologías contaminantes, como el gas, que además resultan más caras para el consumidor”.
Por otro lado, la sección Hidráulica de APPA recuerda que la minihidráulica suele pagar cánones de explotación y regulación a las confederaciones hidrográficas y otras cantidades a las administraciones locales o comunidades de regantes. El cierre de las centrales de menos de 5 MW supondrá que todas estas administraciones locales, entidades y organizaciones dejarán de percibir estos ingresos y tendrán que recurrir a la financiación del Estado, con lo que el ahorro en la retribución de las centrales minihidráulicas que se pretende será muy inferior.
APPA destaca que “la minihidráulica es la tecnología renovable que menos impacto ambiental tiene, y que vende su energía entre las más baratas de todas las renovables”. Además, su retribución total a través de las primas a las renovables suponía menos de la mitad del precio de la tarifa doméstica de la electricidad. Por tanto, esta tecnología no compromete para nada la sostenibilidad económica del sistema y el sacrificio de los empresarios del sector minihidráulico no se apreciará en la reducción del déficit del sistema eléctrico o déficit de tarifa.
