Iberdrola justifica la incorporación de minicentrales al Régimen Especial en la necesidad de invertir para seguir produciendo electricidad renovable

Si en algún punto encontraron consenso los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que se reunieron la pasada semana para analizar la propuesta de Real Decreto de Nueva Metodología de Tarifas para el Régimen Especial, ese fue sin duda las críticas a la disposición adicional 4ª, que ofrecería la posibilidad de que viejas minicentrales del Régimen Ordinario pasaran al Régimen Especial y cobraran la prima.

Entre los más críticos con esta disposición adicional 4ª está la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA, que la considera "un fraude de ley, y un regalo para las eléctricas –la práctica totalidad de esas viejas minicentrales son de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa– que podría cifrarse en 96 millones de euros anuales".

Iberdrola argumenta que las instalaciones obsoletas de estas viejas minicentrales de más de 30 años, está propiciando una progresiva caída de la producción, cuando no un abandono definitivo. Con lo que también se dejan de producir kilovatios renovables.

No para todas las minicentrales
Miguel Martín Sáez, director de Operaciones de Iberdrola Energías Renovables asegura que "no estamos pidiendo que todas las minicentrales del Régimen Ordinario –Iberdrola tiene algo más de 200 MW y en conjunto hay un mínimo de 500 MW– pasen automáticamente al Régimen Especial, sino que se abra la posibilidad para que puedan optar a dicho Régimen, quedando la decisión final en manos de la Administración competente (en este caso comunidades autónomas), que habrá de establecer las condiciones para que dicho centrales puedan, en su caso, pasar al Régimen Especial de las renovables".

En el caso de que esta propuesta salga adelante la Administración podría supeditar el cambio al establecimiento de nuevos caudales ecológicos más exigentes, la instalación de sistemas que faciliten el paso de peces o permitan gestionar la eutrofización del agua, la definición de medidas correctoras en las riberas, etc. "Todas estas medidas, que reducirán el impacto de estas instalaciones y mejorarán su integración en el medio, requerirán la dedicación de importantes recursos económicos", apunta Martín Sáez.

Entre los argumentos en contra de este planteamiento destaca que esas minicentrales ya se han amortizado de sobra y han conseguido importantes beneficios. "Muchas de las primeras instalaciones incluidas ya en el Régimen Especial están también amortizadas a estas alturas", responden en Iberdrola, al tiempo que reconocen que las fuertes inversiones que habría que hacer para acondicionar algunas de ellas no compensan económicamente si no se reciben los apoyos que supone el Régimen Especial. "Se trata de centrales muy antiguas, cercanas al final de su vida útil que al no recibir ningún tipo de apoyo por sus ventajas ambientales, no han podido acometer las necesarias inversiones para actualizar equipos e infraestructura –dicen–. En la actualidad, en su conjunto están funcionando al 60% de su capacidad".

Si paran, se pierden
El Real Decreto 2818/98 prohibe que una minicentral pueda pasar del Régimen Ordinario al Régimen Especial, a menos que esa central pare durante 5 años. "Pero la Ley de Aguas –apuntan en Iberdrola– determina que si un propietario deja parar una central, a los tres años pierde la titularidad de la concesión". El tema no se resolvería, por tanto, parando la instalación durante unos años. Lo que además implicaría una pérdida de producción renovable significativa, "sin ningún impacto ambiental por tratarse de instalaciones ya construidas, que podría contribuir al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en la Directiva de Renovables y en el Protocolo de Kioto, que parece difícil de lograr de mantenerse las tendencias actuales", comenta Miguel Martín Sáez.

En cuanto al coste de 96 millones anuales que supondría la disposición adicional 4ª, según APPA, los responsables de Iberdrola aseguran que, "suponiendo que pasaran todas las presas de un régimen a otro, el coste total sería de poco más de 30 millones de euros. Una tercera parte de lo que se está diciendo".

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